Mientras incendios de proporciones catastróficas consumen localidades de la Comarca Andina, la oposición en el Congreso impulsa una declaración de emergencia integral. Denuncian que el desfinanciamiento sistemático, el negacionismo climático y los intereses económicos agravan la tragedia.
La Patagonia arde en medio de una crisis climática global que el Gobierno nacional elige ignorar. Las llamas, alimentadas por vientos intensos y una sequía prolongada, avanzan sobre bosques, viviendas y medios de vida en localidades como El Hoyo y Epuyén, pintando un panorama desolador. Frente a esta emergencia, diputados de Unión por la Patria han presentado un proyecto para declarar el Estado de Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.
La iniciativa legislativa busca establecer medidas urgentes de asistencia, pero choca con un contexto de abandono institucional. Según denuncias de la oposición, durante la gestión del presidente Javier Milei se produjo un vaciamiento progresivo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Las cifras son elocuentes: respecto de 2023, la ejecución presupuestaria real cayó un ochenta y uno por ciento en 2024 y un setenta punto ocho por ciento en el año siguiente. Para 2026, se prevé consolidar un recorte de similar magnitud. Este desmantelamiento coincide con la intención oficial de derogar la Ley de Manejo del Fuego, norma que desde su modificación en 2020 impide el cambio en el uso del suelo en tierras incendiadas, un freno legal a la especulación inmobiliaria y productiva que muchas veces utiliza el fuego como herramienta.
“Resulta imperioso que el Estado nacional destine recursos concretos para asistir, brindar alivio fiscal y apoyar la producción y el turismo en las zonas golpeadas”, sostuvo la diputada rionegrina Adriana Serquis. El proyecto de su bloque no solo apunta a lo inmediato, como la asistencia sanitaria y habitacional, sino también a paliar el colapso económico mediante la duplicación de asignaciones sociales, la suspensión de obligaciones tributarias y la creación de líneas crediticias blandas. Asimismo, plantea la recomposición salarial de los brigadistas, cuyo ingreso inicial ronda los ochocientos sesenta mil pesos, una suma que evidencia la precarización de quienes combaten el fuego en primera línea.
Mientras el Congreso permanece en receso hasta febrero, y con un período de sesiones extraordinarias que limitaría su tratamiento, la urgencia se acrecienta. Paralelamente, el Frente de Izquierda prepara su propia iniciativa, abriendo un diálogo entre bloques para lograr consensos. Sin embargo, el mayor obstáculo es el tiempo. La atención legislativa plena no se retomará hasta marzo, dejando a las comunidades en un limbo de incertidumbre.
La situación se agrava con la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional. Durante 2025, se asignaron casi doscientos mil millones de pesos a provincias que, según señalan desde la oposición, no enfrentaban emergencias de la magnitud de la patagónica. Este criterio discrecional en la asignación de fondos contrasta con la desesperación de las regiones afectadas.
Organizaciones ambientalistas han elevado su voz de alarma, señalando una inacción estatal deliberada. El letrado especializado Enrique Viale describió un cóctel explosivo: “Confluyen una crisis climática global, la proliferación de especies invasoras como el pino –que se propaga con el fuego– y, sobre todo, la falta absoluta de recursos por un gobierno que decidió desarmar el Estado”.
Lejos de rectificar, el oficialismo profundiza su estrategia. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la agenda del Consejo de Mayo, que incluye el vaciamiento de normativas socioambientales clave, entre ellas la Ley de Bosques y la ya mencionada Ley de Manejo del Fuego. Adorni justificó la medida argumentando que la prohibición de modificar el uso del suelo tras un incendio “atenta contra la producción”.
La respuesta del autor de la reforma de 2020, Máximo Kirchner, fue contundente: “Esta ley solo desalienta una actividad: prender fuego para despojar a productores y abrir paso a negocios inmobiliarios o tecnológicos. El resultado es el mismo: ganancia para unos pocos, desastre para la mayoría”.
Este intento de modificación no es nuevo; ya había sido incluido en el primer borrador de la Ley Ómnibus y luego retirado por presión política. No obstante, en la práctica, el desfinanciamiento sostenido de estas leyes opera como una derogación encubierta. Para amplios sectores de la oposición y del activismo ambiental, se configura una estrategia perversa: retirar apoyo, permitir el avance del fuego, destruir el patrimonio natural y allanar el camino a intereses económicos concentrados. Mientras tanto, la Patagonia sigue ardiendo.
