Mientras el oficialismo concentra sus esfuerzos en blindar la reforma laboral, la reactivación de las sesiones extraordinarias amenaza con desbaratar su estrategia legislativa. El decreto que reforma la Ley de Inteligencia nacional enfrenta un rechazo creciente, con una oposición que ya reúne los votos necesarios para su derogación en Diputados.
En un clima de alta tensión política, la reanudación del período de sesiones extraordinarias se perfila como un desafío crítico para el gobierno nacional. La atención, que hasta ahora se centraba en la polémica reforma laboral, ha comenzado a desplazarse hacia el controvertido decreto de necesidad y urgencia que modifica la Ley de Inteligencia y amplía significativamente las facultades de la Agencia Federal de Inteligencia.
Según trascendió en los círculos legislativos, los bloques opositores no desaprovecharon el receso estival y mantuvieron contactos permanentes para consolidar una fuerza capaz de rechazar el instrumento. La demora en el envío formal del texto al Congreso y la falta de una convocatoria concreta a extraordinarias son interpretadas por la oposición como una maniobra dilatoria del oficialismo, que percibe un terreno cada vez más hostil para su iniciativa.
Un senador del espacio peronista, en diálogo con este medio, confirmó la estrategia: “Estamos realizando todos los esfuerzos posibles para derogar el decreto y limitar al máximo los alcances de la reforma laboral”. Las gestiones habrían logrado reunir un apoyo preliminar que supera los ciento veinte votos en la Cámara baja, muy cerca del número requerido para conseguir tanto la convocatoria a sesión como su posterior anulación.
El escenario se complejiza para el oficialismo, ya que una vez abierto el período extraordinario, el Congreso queda habilitado para tratar todos los temas incluidos en la convocatoria, entre ellos, el rechazo al polémico decreto. Un legislador de un bloque centrista explicó la encrucijada: “Si convocan a sesiones, automáticamente se habilita la posibilidad de tratar el rechazo. Por eso especulamos con que la convocatoria se concrete lo más tarde posible, para acotar los tiempos de debate”.
La pulseada legislativa tendrá un capítulo crucial este viernes, cuando expire el plazo para que el Poder Ejecutivo remita el decreto al Legislativo y cuando se reúna la mesa política oficialista para definir la estrategia a seguir. La ley establece que, una vez ingresado, la Bicameral de Trámite Legislativo dispone de diez días para emitir dictamen. Si no lo hace, ambas Cámaras pueden tratarlo directamente en el recinto, un camino que la oposición pretende activar con celeridad.
Los antecedentes alimentan el optimismo opositor: el primer y único decreto de necesidad y urgencia que el Congreso le derogó al presidente Javier Milei fue precisamente aquel que asignaba fondos extraordinarios a la agencia de inteligencia. Aquella vez, una convergencia atípica de peronistas, radicales y miembros del PRO selló su destino.
En la búsqueda de los votos faltantes, la mirada se dirige inevitablemente hacia las fuerzas provinciales y sus gobernadores. Figuras como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua emergen otra vez como árbitros decisivos en esta puja, con margen para negociar contraprestaciones a cambio de su apoyo.
Por otro lado, la gira del ministro Diego Santilli por las provincias no ha cosechado adhesiones firmes hasta el momento. Gobernadores aliados han condicionado su respaldo a compensaciones económicas, argumentando el impacto negativo que tendrían en las arcas provinciales las medidas que reducen la recaudación coparticipable.
Mientras tanto, el silencio del radicalismo y las señales ambiguas del PRO añaden incertidumbre al panorama. En el macrismo se evaluó que “los cambios introducidos podrían resultar positivos”, insinuando un posible respaldo al decreto, lo que alteraría los cálculos opositores.
En paralelo al frente legislativo, la pulseada se extiende al ámbito judicial y a la presión social. Organismos de derechos humanos, incluyendo a Amnistía Internacional Argentina y el CELS, han emitido un documento conjunto advirtiendo que el decreto “obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales sin procedimientos claros ni controles, convirtiéndose en una herramienta de vigilancia masiva”. La Justicia, por su parte, no ha rechazado los amparos presentados y evalúa incluso habilitar causas durante el receso judicial.
Con el Senado trabajando en una doble agenda –la reforma laboral y el decreto de inteligencia– y con la CGT preparando su propia gira federal para presionar a los gobernadores, el mes de febrero se anuncia como un período de definiciones cruciales, donde el destino del decreto podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y un Legislativo cada vez más rebelde.
