A dos semanas del inicio de los siniestros en Chubut, la estrategia oficial privilegia el discurso punitivo y la modificación de leyes ambientales clave, en un contexto de desinversión sistemática en prevención. La oposición propone declarar la emergencia, una medida que llega tarde y cuya aprobación se demorará en el Congreso.
La Patagonia argentina continúa envuelta en humo y desolación. A catorce días del inicio de los voraces incendios que afectan a las localidades de El Hoyo y Epuyén, la respuesta estructural del poder político parece anclada en un ciclo de criminalización, recorte presupuestario y retrocesos normativos, lejos de las urgentes necesidades territoriales. Desde Buenos Aires, la administración nacional observa la catástrofe, mientras impulsa una agenda que analistas ambientales califican como un desmontaje sistemático de las herramientas de protección ambiental.
El eje central de la comunicación gubernamental ha girado en torno a un punitivismo exacerbado. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ejemplificó este enfoque al supervisar la situación desde el Centro de Monitoreo en la capital federal, sin visitar el terreno. A través de sus redes sociales, insistió en la búsqueda y el castigo de responsables, una narrativa que se mantuvo incluso después de que la investigación judicial descartara indicios que vincularan el fuego con grupos organizados, desmintiendo así señalamientos previos de su propio ministerio. Esta postura es resonada por las máximas figuras libertarias, incluyendo a la vicepresidenta Victoria Villarruel —quien sí se trasladó a la zona— y al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quienes abogan por agravar las penas e incluir la figura de ecocidio en el Código Penal.
Frente a las llamas, recortes
Este énfasis en la penalización opera como un velo para ocultar una realidad incontestable: el desfinanciamiento brutal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Los números son elocuentes. Según datos presupuestarios, la ejecución de este organismo vital sufrió una merma real del 81% en 2024 respecto al año anterior. Para 2025, la reducción alcanza el 70,8%, y las proyecciones para el próximo año consolidan esta tendencia a la baja. “Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario”, llegó a advertir el propio gobernador Torres, antes de que el Gobierno nacional anunciara el envío de Aportes del Tesoro para paliar la emergencia, un instrumento habitualmente utilizado con fines de negociación política.
Mientras las brigadistas y bomberos enfrentan jornadas extenuantes por salarios que rozan la línea de la precariedad, la agenda legislativa del oficialismo prioriza cambios profundos en la Ley de Glaciares y en la Ley de Manejo del Fuego. Para el reconocido abogado ambientalista Enrique Viale, esta conexión no es casual. “La vinculación entre estos fuegos y el intento de modificar la Ley de Glaciares es absoluta, es lineal: es una misma lógica de retiro del Estado y de apropiación de los territorios por intereses concentrados”, afirmó a este diario. Advirtió que las modificaciones proyectadas convertirían al incendio en un instrumento de especulación inmobiliaria y productiva, consolidando el abandono de las áreas protegidas.
La emergencia, un paliativo tardío
En la vereda opuesta, legisladores de la oposición han presentado proyectos para declarar la emergencia ambiental, económica e ígnea en cuatro provincias patagónicas, además de proponer un bono especial para el personal de lucha contra el fuego. Sin embargo, estas iniciativas, reconocidas por sus propios impulsores como meros paliativos frente a un daño ya consumado, enfrentan un obstáculo temporal insalvable: no podrán ser tratadas hasta el inicio formal de las sesiones ordinarias en marzo. Durante febrero, el Congreso solo debatirá los temas impulsados por el Poder Ejecutivo, entre los que se cuentan precisamente las polémicas reformas ambientales y laborales.
La tragedia en Chubut expone así una fractura profunda. Por un lado, un Gobierno que, desde la distancia geográfica e ideológica, responde con mano dura y desregulación, en sintonía con su negacionismo climático. Por el otro, una oposición cuyas herramientas parlamentarias llegan con demora y resultan insuficientes. Atrapada en el medio, la población sufre las consecuencias de un desastre anunciado, mientras el humo de los bosques se mezcla con el de una política que ha elegido retroceder en la protección de sus bienes comunes.
