Un fallo de la Cámara Federal marcó un nuevo giro en la compleja investigación por la presunta estafa. Mientras eleva la garantía económica sobre los imputados, el tribunal exhortó al juzgado a agilizar las pruebas, en un caso que acumula vínculos con el poder y transferencias millonarias, pero avanza con lentitud.
La investigación penal por la presunta estafa alrededor de la criptomoneda Libra experimentó un nuevo capítulo judicial, caracterizado por decisiones parciales y una clara exhortación a impulsar las diligencias. La Sala I de la Cámara Federal concedió una parte de los reclamos de la querella, al disponer un incremento en el monto del embargo preventivo que pesa sobre los imputados, aunque rechazó aplicar un congelamiento integral y absoluto de todos sus bienes.
El tribunal, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, consideró insuficiente la cifra fijada previamente –unos 36 millones de pesos– para garantizar eventuales responsabilidades civiles. En su resolución, destacó que el análisis debe contemplar la magnitud global de la maniobra y no limitarse a cálculos individuales de pequeños inversores. Se tuvo en cuenta, además, la reciente presentación de nuevos potenciales damnificados que alegan pérdidas superiores a los dos millones de dólares.
No obstante, los magistrados desestimaron la solicitud de una medida de no innovar que inmovilizara por completo los patrimonios. Argumentaron que se trata de una herramienta extrema que afecta la libertad económica y debe aplicarse sólo cuando sea estrictamente necesaria y por el plazo más breve posible. En su lugar, instruyeron al juzgado interviniente, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, a establecer un aval patrimonial “prudente” y ajustado a la realidad del caso, evaluando el grado de participación de cada uno de los encartados. Este embargo deberá ser reevaluado a los noventa días.
Entre los actuales imputados con embargos figuran los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Torrones Godoy, el creador estadounidense del token, Hayden Mark Davis, el ex asesor de la CNV Sergio Morales, familiares de Novelli y dos presuntos intermediarios de pagos. Fuera de esta restricción, pero igualmente bajo investigación, se encuentran el presidente Javier Milei y su hermana Karina, centrales en el entramado por sus vínculos con los promotores de Libra.
El fallo trasciende la mera discusión económica e incluye un firante llamado de atención a la marcha de la pesquisa. La Cámara pidió al juzgado que “arbitre los medios necesarios” para obtener y producir las pruebas que considere conducentes, con el fin de esclarecer la situación de los investigados. Esta directiva busca contrarrestar la parsimonia que ha caracterizado a la causa, la cual próximamente cumplirá un año sin avances sustanciales en cuanto a la reconstrucción detallada de los hechos.
El camino procesal ha sido zigzagueante. Inicialmente, la jueza María Servini había decretado un bloqueo total de bienes, medida que luego la Sala II de la Cámara reemplazó por un embargo preventivo de monto a determinar. La investigación, caratulada por estafa, cohecho y tráfico de influencias, se nutre de un vasto material: desde reuniones en la Casa Rosada entre Davis, los traders y los hermanos Milei durante 2024, hasta transferencias millonarias provenientes de cuentas vinculadas al estadounidense hacia Novelli y Torrones Godoy, detectadas por la Procuración.
Un elemento clave lo constituye el tuit del presidente Milei, publicado y luego borrado en febrero de 2025, que promocionaba la adquisición de Libra. Este acto, según las pesquisas, fue realizado mientras el mandatario mantenía contacto con Davis y los traders desde Dallas. A pesar de la acumulación de indicios y de informes parlamentarios que detallan las conexiones, aspectos cruciales como el intercambio de comunicaciones entre los investigados permanecen en la opacidad, dilatando el esclarecimiento definitivo de un caso que ya es considerado un rompecabezas judicial de alta complejidad.
