Mediante decreto, el Poder Ejecutivo definió los temas que el Congreso deberá tratar fuera del período ordinario, priorizando la reforma laboral y el acuerdo con la UE, en un clima de intensas negociaciones políticas para asegurar los votos necesarios.
El presidente Javier Milei convocó formalmente al Congreso de la Nación a una nueva etapa de sesiones extraordinarias, que se extenderá a lo largo de 25 días durante el mes de febrero de 2026. La medida, establecida en el Decreto 24/2026 y publicada en el Boletín Oficial en las primeras horas del lunes, marca la segunda ocasión en que el Gobierno recurre a este mecanismo para impulsar su agenda fuera del calendario legislativo habitual, concentrando los trabajos parlamentarios en la Ciudad de Buenos Aires entre el 2 y el 27 de febrero.
El núcleo de la convocatoria gira en torno al tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias por la administración. Entre ellas destaca el polémico proyecto de Ley de Modernización Laboral, que actualmente atraviesa un proceso clave de negociaciones en el Senado. Junto a esta reforma, se incluye en la agenda la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, un tratado de vastas implicancias económicas y geopolíticas que ha esperado años para su ratificación. Completan la lista temática la evaluación de posibles modificaciones al régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y la propuesta de designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.
Esta herramienta constitucional le permite al Ejecutivo definir de manera excluyente los temas que podrán ser debatidos durante este intervalo, reservándose además la potestad de ampliar la pauta mediante una nueva citación o por su consentimiento expreso. De este modo, el Gobierno busca canalizar y acelerar discusiones legislativas que, en el período ordinario, dependen de la voluntad de los propios cuerpos parlamentarios para su inclusión en el orden del día.
La maniobra se inscribe en una estrategia legislativa ya ensayada con anterioridad. En diciembre pasado, durante una primera convocatoria extraordinaria, el oficialismo logró la sanción del Presupuesto Nacional para el año 2026 y de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Ahora, el foco está puesto en la reforma laboral, cuyo avance ha sido resguardado mediante un calendario acordado en la Cámara alta. Bajo la conducción de la senadora Patricia Bullrich, al frente de la comisión de Trabajo, se busca concretar una sesión especial entre el 10 y el 12 de febrero para su aprobación, justo antes del inicio de las sesiones ordinarias programadas para el 1 de marzo.
El camino hacia la sanción, sin embargo, demanda intensas gestiones para consolidar los apoyos parlamentarios indispensables. El bloque oficialista en el Senado, con 21 bancas, necesita sumar voluntades de otros espacios para alcanzar el quórum de 37 votos requerido para sesionar. Según informaron fuentes parlamentarias, ya se habría logrado el acompañamiento de al menos una fuerza política del interior del país, allanando el camino para los acuerdos básicos. La expectativa recae ahora en los bloques de la Unión Cívica Radical y el PRO, así como en senadores provinciales independientes.
Mientras la actividad política se mantiene en un ritmo estival atípico, la senadora Bullrich iniciará a partir del próximo lunes una ronda de contactos directos con referentes de la oposición dispuestos al diálogo. En paralelo, una comisión técnica dirigida por Josefina Tajes comenzará a trabajar en la sistematización de las enmiendas y observaciones presentadas tanto por los distintos bloques legislativos como por la Central General de los Trabajadores (CGT). El objetivo de este equipo será pulir un texto que pueda lograr un consenso suficiente para superar la doble instancia de votación en el recinto: primero en general y luego artículo por artículo.
El escenario político exhibe tensiones y realineamientos. Los sectores sindicales, aunque mantienen una relación distante con el Gobierno, buscan hacer llegar sus posiciones a través de los canales técnicos. Simultáneamente, espacios peronistas no alineados con el kirchnerismo manifiestan cierto malestar por su marginalidad en un debate legislativo de tal envergadura, observando desde afuera el desarrollo de una negociación que definirá aspectos cruciales de la política económica y social del país.
