Un fallo judicial obliga al Gobierno nacional a implementar íntegramente la normativa en un máximo de diez días hábiles, bajo amenaza de sanciones a funcionarios por incumplimiento.
La Justicia Fija un Ultimátum al Gobierno por la Emergencia en Discapacidad
En un contundente revés para la administración nacional, la Ley de Emergencia en Discapacidad deberá entrar en plena vigencia durante los próximos diez días hábiles, sin margen para nuevas dilaciones. Esta decisión judicial pone fin a la resistencia del presidente Javier Milei y obliga al Poder Ejecutivo a activar la normativa sancionada y ratificada por el Congreso el año pasado. El magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Gobierno a cumplir con la ley antes del 4 de febrero, advirtiendo que, de lo contrario, se impondrán multas diarias a los funcionarios e incluso podrían iniciarse acciones penales por desobediencia.
La resolución, dictada en plena feria judicial, ejecuta una sentencia previa de fines de diciembre. En ella, el juez ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo perentorio de cinco días, presenten documentación que acredite los avances concretos hacia la implementación, bajo apercibimiento de sanciones. Entre los funcionarios potencialmente responsables figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes enfrentarían represalias económicas y judiciales.
Las familias y activistas del colectivo celebraron la medida como una victoria crucial. La actriz Lola Berthet, referente de la causa, manifestó que «la Justicia le puso un ultimátum al Gobierno» y exigió el fin de las excusas. Por su parte, Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista, subrayó que «ya no se aceptan más informes técnicos; esta es una intimación final». El fallo exige, entre otros puntos, la actualización de aranceles a centros prestadores, un plan de pago de compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas y la reglamentación urgente de la Ley 27.793, cuya promulgación lleva tres meses de retraso.
Pese al mandato judicial, desde las organizaciones sociales existe escepticismo sobre la voluntad política de acatar la orden. Lorena Aguirre, abogada de la Asamblea Discas en Lucha, advirtió que el oficialismo «va a dilatar su implementación todo lo que pueda» y anticipó la presentación de amparos colectivos en todas las jurisdicciones del país. Aguirre reclamó una intervención más firme de la dirigencia opositora y recordó que el Estado argentino incumple compromisos internacionales en materia de derechos humanos, tolerando un retroceso en la protección de las personas con discapacidad.
El conflicto judicial se intensificó en diciembre, cuando González Charvay declaró nulo e inconstitucional un decreto presidencial que suspendía la vigencia de la ley bajo el argumento de falta de financiamiento. El magistrado consideró que se trataba de un veto encubierto, violatorio de la división de poderes y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Aunque el Gobierno apeló la decisión, la Cámara Federal de San Martín admitió el recurso pero le otorgó efecto devolutivo, lo que significa que la sentencia debe cumplirse de inmediato, sin esperar una resolución definitiva sobre el fondo del caso.
En paralelo al litigio, el Ejecutivo intentó eliminar en el Presupuesto 2026 las partidas destinadas a financiar tanto esta ley como la educación universitaria, una maniobra que fue derrotada dos veces en el ámbito parlamentario. Según análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los fondos requeridos para ambas políticas representarían entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, desmontando el argumento oficial de que su implementación pondría en riesgo la meta de déficit cero.
Para Aguirre, la situación expresa una lógica más profunda: «Para el Gobierno somos un gasto. Una persona que cobra una pensión de alrededor de 300 mil pesos no cubre sus necesidades básicas». Y concluyó con firmeza: «Buscan que la gente se muera. Pero nosotros vamos a seguir luchando en la calle, articulando con jubilados y trabajadores, porque los derechos son transversales a todos». La pulseada entre el poder político y la Justicia llega así a un punto crítico, donde el cumplimiento de la ley se medirá en días y no en promesas.
