A pesar de la confianza oficial, las negociaciones en las provincias encuentran un muro en la defensa de la coparticipación. La gira de Santilli busca asegurar votos clave, mientras la oposición sindical y política fragua su estrategia para el tratamiento legislativo.
El Ejecutivo nacional se alista para el inicio, dentro de siete días, de un nuevo y crucial período de sesiones extraordinarias en el Congreso. La administración de Javier Milei ha fijado como objetivo primordial y excluyente la sanción del polémico proyecto de reforma laboral, una meta que persigue con determinación pese al abierto descontento de un conjunto de mandatarios provinciales. El origen del malestar radica en la intención de la Casa Rosada de alterar los fondos coparticipables para financiar una reducción de impuestos, un movimiento que genera alerta en las economías regionales.
Con el fin de delinear una táctica definitiva de cara al inminente debate parlamentario, este lunes tendrá lugar en Balcarce 50 una reunión de la cúpula política, presidida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Permanece como una incógnita la participación en ese encuentro del presidente Milei y de su hermana Karina, quienes, recién retornados de su gira por Davos, viajarán el mismo día a Mar del Plata para una agenda pública que culminará el martes con su presencia en La Derecha Fest, acompañados por el ministro del Interior, Diego Santilli.
Si bien la convocatoria extraordinaria incluye otros temas de peso –como modificaciones a la Ley de Glaciares, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y una designación diplomática–, no cabe duda de que la prioridad absoluta del oficialismo recae en la llamada “modernización” de la legislación laboral. Para ello, Santilli ha desplegado desde enero una intensa gira por las provincias, buscando cosechar apoyos entre los gobernadores.
No obstante, más allá de los aliados que han expresado su respaldo explícito –casos de Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza)–, existe un sector de mandatarios claramente inquieto. En los pasillos del Gobierno aún reina la incertidumbre sobre el desenlace en el recinto. El núcleo del desacuerdo se centra en los cambios proyectados en el impuesto a las Ganancias y las alícuotas para empresas, cuya implementación impactaría de lleno en la coparticipación, con una proyección de pérdida para las provincias que rondaría los $3,1 billones.
Este fin de semana, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora –quien en diciembre evitó recibir a Milei en su provincia–, mantuvieron un encuentro calificado como “positivo”. Aprovecharon la ocasión para enviar un mensaje directo y conjunto al Gobierno nacional: sus bloques legislativos podrían acompañar algunos aspectos de la reforma, pero no todos. Ambos se negaron a una foto de respaldo unánime con Santilli, marcando una clara diferencia con el apoyo incondicional ofrecido por otros.
Pullaro y Llaryora hicieron hincapié en que la iniciativa oficial no debe afectar la coparticipación y debe orientarse a fortalecer a las pymes, sin vulnerar derechos adquiridos. Subrayaron, además, que la necesaria reducción impositiva no puede recaer únicamente sobre los tributos coparticipables.
Mientras tanto, en el frente opositor, la Central General de los Trabajadores (CGT) coordinó la semana pasada acciones con diversas cámaras empresariales para oponerse a la reforma. Paralelamente, el bloque peronista en el Senado, liderado por José Mayans, intenta, aunque sin los votos suficientes para derrotar la totalidad del proyecto, dilatar y dificultar su tratamiento.
Desde la Casa Rosada, si bien exhiben cierta seguridad por las gestiones de la senadora Patricia Bullrich y del propio Santilli –quien ya se reunió con una decena de gobernadores–, no dan por garantizado el apoyo de todos ellos. El ministro del Interior planea, a su regreso de Mar del Plata, visitar Corrientes y Misiones en una carrera contrarreloj. El escenario en Corrientes es particularmente delicado, dado el tenso vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, quien ya advirtió sobre “puntos preocupantes” en la iniciativa.
En el círculo íntimo del Presidente coexisten dos visiones. Algunos admiten que “a algunas cosas puede ser que tengamos que renunciar poco antes de entrar al recinto”, aunque confían en alcanzar la mayoría necesaria. Otros se muestran más optimistas y creen improbable una oposición frontal a ninguno de los temas convocados.
La estrategia inicial del oficialismo es llevar el proyecto de reforma laboral y el de glaciares al Senado el próximo 12 de febrero. Su plan óptimo es lograr allí una aprobación sin cambios para derivarlo el 19 del mismo mes a la Cámara de Diputados. El tiempo, y la firmeza de los gobernadores, dirán la última palabra.
