Fuego, Despojo y Desinformación: Una Investigación Revela el Sistema de Destrucción que Avanza Sobre los Recursos Estratégicos del País
La Argentina arde en un silencio ensordecedor, acallado por intereses que operan desde las sombras. Mientras la Patagonia enfrenta una de sus peores crisis ambientales, con provincias enteras consumidas por incendios de magnitud descontrolada, emerge una certeza aterradora entre los habitantes y expertos consultados: detrás del humo se esconde una maquinaria criminal de despojo territorial. Este no es un desastre natural, sino la ejecución sistemática de un plan para arrasar el patrimonio natural y allanar el camino a una extranjerización masiva del territorio.
El relato de los pobladores es unánime y desgarrador. Un productor de Chubut, con voz temerosa, aseguró a este medio que «en esta bestialidad no hay nada casual». Más al sur, un vecino que perdió su hogar y años de trabajo declaró con amargura: «Sabemos que estamos ante un crimen ecológico que se repite. La mayor rabia es saber que seguramente quedará impune». Estas voces reflejan una angustia colectiva: la lucha contra las llamas es heroica pero desigual, librada por comunidades locales frente a un enemigo invisible que actúa con impunidad.
La hipótesis que gana fuerza es siniestra en su simpleza: se incendian bosques para «limpiar» el terreno, pavimentar y construir enclaves de privilegio, modificando para siempre paisajes de valor incalculable. Este saqueo, lejos de ser esporádico, se ha perfeccionado año tras año, corrompiendo instituciones y neutralizando cualquier control. Lo más grave, según denuncian investigadores, es que este proceso se ve facilitado por una desinformación inducida y el tratamiento complaciente de ciertos medios, que obscurecen los orígenes intencionales de los fuegos y hasta llegan a culpar falsamente a pueblos originarios.
La Ley Bajo Asedio
En medio de esta emergencia, el gobierno nacional parece avanzar en dirección opuesta a la protección. El presidente Javier Milei ha manifestado su intención de derogar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esta norma, sancionada en 2011, establece un límite del 15% de la superficie provincial que puede estar en manos extranjeras, un freno legal considerado fundamental ante el avance desmedido.
Sin embargo, un reciente informe del Observatorio de Tierras —integrado por investigadores de la UBA y el CONICET— revela que esta barrera ya ha sido ampliamente superada en al menos 36 departamentos del país. Las cifras son alarmantes: en Lácar (Neuquén) y General Lamadrid (La Rioja), la extranjerización supera el 50% del territorio. En zonas de altísimo valor estratégico como Iguazú (Misiones), Ituzaingó (Corrientes), Campana y Zárate (Buenos Aires), los porcentajes oscilan entre el 25% y el 30%, vinculados a recursos hídricos, corredores logísticos y potencial minero.
El estudio confirma que, actualmente, más de 13 millones de hectáreas —un 5% de la superficie nacional— están bajo control de capitales foráneos. Los principales propietarios son Estados Unidos (con 2.7 millones de hectáreas), seguidos por Italia y España. Esta concentración en áreas claves evidencia una estrategia de apropiación de bienes comunes esenciales para la soberanía y el desarrollo futuro del país.
La Impunidad como Sistema
El crimen se perfecciona en un clima de corrupción fenomenal y prepotencia. La propia Ley de Tierras es constantemente neutralizada mediante excepciones, coimas y abusos, transformando casos escandalosos como el de Lago Escondido en una peligrosa normalidad. Frente a esto, un gobierno responsable y patriótico debería fortalecer los mecanismos de regulación y control, entendiendo que el acceso al territorio no es una mera cuestión administrativa, sino una decisión política fundamental que impacta en el uso de los recursos, el desarrollo equilibrado y la capacidad de la nación para decidir su propio destino.
La tragedia actual es doble: por un lado, el fuego arrasa ecosistemas irrecuperables; por el otro, un marco legal diseñado para proteger lo que queda está siendo desmantelado. La combinación es letal. La Patagonia llora sus bosques calcinados, pero el peligro mayor puede ser la resignación. Como advirtió un habitante: «Los criminales no sólo saldrán impunes, sino que volverán el año que viene». La pregunta que queda flotando, entre las cenizas, es si la sociedad y el Estado encontrarán la voluntad para defender lo que, por derecho histórico y constitucional, le pertenece a todos los argentinos.
