La jefa del bloque libertario en el Senado intenta consolidar apoyos cruciales para la media sanción del proyecto oficialista. Mientras el Gobierno evalúa concesiones en el capítulo tributario y la emergencia ígnea, la oposición y la CGT redoblan esfuerzos para evitar un tratamiento exprés de la ley.
Con el reinicio de las sesiones extraordinarias a la vuelta de la esquina, la senadora Patricia Bullrich se ha instalado en el corazón del Palacio Legislativo, desplegando una intensa agenda de diálogos para destrabar el consenso en torno a la polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Tras su regreso al ruedo político, la exministra mantuvo un extenso encuentro con aliados en el recinto, del cual emergió un mensaje de acuerdo consolidado con la mayoría de las fuerzas, aunque con una notable excepción: el interbloque Justicialista, que mantiene una oposición frontal.
La estrategia gubernamental se centra ahora en seducir a un grupo de gobernadores cuyos votos resultan determinantes en la Cámara alta. Para ello, la Casa Rosada contempla realizar modificaciones sustanciales, particularmente en los artículos vinculados al régimen tributario, cuya aplicación impactaría de lleno en las ya menguadas arcas provinciales. Esta flexibilización buscaría allanar el camino con mandatarios como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz, quienes precisamente han convocado para este jueves una reunión en la capital federal para manifestar su rechazo al capítulo sobre Ganancias.
En paralelo a las conversaciones políticas, la presión desde la Patagonia ha logrado imponer un nuevo tema en la agenda. Los gobernadores de esa región, respaldados incluso por expresidentes y fuerzas afines, exigen la incorporación de la emergencia ígnea al temario de extraordinarias. Esta demanda, dirigida a liberar recursos para combatir los incendios forestales, se ha convertido en una moneda de cambio estratégica para el oficialismo. Bullrich sugirió que el tema podría sumarse formalmente en las próximas horas, un gesto que apuntalaría las negociaciones con los líderes provinciales.
Sin embargo, el camino legislativo dista de estar despejado. La oposición peronista y la CGT han iniciado una carrera contra el reloj para impedir que el proyecto sea tratado de manera acelerada. Su objetivo es claro: reunir los votos necesarios para bloquear la sesión y forzar un debate más extenso. Aunque hasta el momento su capacidad de sumar adhesiones fuera de su bloque parece limitada, mantienen gestiones activas con senadores de espacios provinciales y radicales desvinculados de sus gobernadores, intentando capitalizar el descontento.
La dimensión económica de la reforma añade otro layer de complejidad. Un estudio técnico del sindicato de la AFIP advierte que la iniciativa podría privar a las provincias de billonarios recursos coparticipables, una advertencia que resuena con fuerza en los despachos de los mandatarios. Este argumento es esgrimido con vigor por los críticos, quienes sostienen que la propuesta no garantiza ni la creación de empleo ni la mejora salarial.
En un clima de extremo hermetismo sobre los detalles concretos de las concesiones, el Gobierno prefiere manejar las tratativas lejos de los reflectores para no malograr los frágiles acuerdos en construcción. Con el tiempo en contra y un escenario político fragmentado, la próxima semana promete ser decisiva. El éxito o fracaso de esta ofensiva negociadora definirá si la bandera reformista de La Libertad Avanza consigue su primera gran victoria en el Senado o si, por el contrario, naufraga ante una coalición de resistencias fiscales, territoriales y sindicales.
