Tras el anuncio extraoficial del ingreso al «Board of Peace», la Cancillería enfrenta disidencias internas sobre la constitucionalidad del acuerdo. Mientras algunos insisten en evitar el debate parlamentario, otros advierten que la firma presidencial exige ratificación legislativa.
Las más altas esferas de la Jefatura de Gabinete confirmaron este miércoles que el Poder Ejecutivo prepara el envío al Congreso de un proyecto de adhesión al denominado «Board of Peace», impulsado por Donald Trump durante el Foro de Davos la semana pasada. Sin embargo, la decisión no está exenta de profundas controversias al interior de la administración nacional.
Desde la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, se elaboró inicialmente un dictamen que sostenía la innecesariedad de someter el acuerdo al Legislativo, bajo el argumento de que no se trataba de un tratado internacional. No obstante, la Dirección General de Consejería Legal Internacional del mismo organismo contradijo esa postura, señalando que omitir la aprobación parlamentaria sería inconstitucional, dado que el documento firmado por el presidente Javier Milei posee el carácter de un tratado de adhesión.
La discusión se ha visto intensificada por la postura adoptada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien decidió consultar al parlamento de su país antes de sumarse al foro. Meloni fundamentó su cautela en principios constitucionales, argumentando que Italia solo puede suscribir acuerdos que aseguren igualdad soberana entre los Estados. El Board of Peace, en cambio, otorga a Trump una presidencia vitalicia con facultades exclusivas para decidir la inclusión o exclusión de países, así como el manejo de los fondos y programas.
El anuncio de la posible membresía argentina surgió luego de que la cuenta oficial del Board en la red social X diera la bienvenida al país como «miembro fundador», una condición que originalmente exigía una contribución de mil millones de dólares. Fuentes oficiales aseguran que Argentina no realizará dicho desembolso, priorizando otras áreas. La imagen que acompañaba el comunicado, donde la bandera argentina aparecía junto a la estadounidense, generó críticas por su carácter bilateral en un supuesto organismo multilateral.
La lista de naciones convocadas por Trump ha sido calificada como «impresentable» por analistas internacionales. De los veintisiete países invitados, solo dos pertenecen a Europa –Hungría y Bulgaria–, mientras que están ausentes potencias como Canadá –a quien se le retiró la invitación–, Brasil, México y todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto Estados Unidos. Según el índice democrático de The Economist, ninguno de los integrantes se ubica entre los cincuenta primeros puestos, predominando regímenes híbridos o autoritarios.
Medios norteamericanos han descrito la iniciativa como una «junta de dictadores» de Trump, subrayando el escaso respaldo de democracias consolidadas. La percepción generalizada entre los gobiernos que rechazaron la convocatoria –como Francia, Alemania y España– es que se trata de un mecanismo paralelo a la ONU, carente de legitimidad y transparencia.
En el Palacio San Martín, las tensiones continúan. Según fuentes cercanas al proceso, el canciller Quirno habría instruido a la Dirección de Organismos Internacionales para que redactara un dictamen que permitiera evitar el Congreso, pero la oposición de la asesoría legal dificulta ese camino. Aunque desde la Casa Rosada se afirma que se prepara un proyecto de ley, su tratamiento se postergaría hasta marzo como muy pronto, y dependería de la conformación de las comisiones parlamentarias, aún no integradas.
El factor determinante en la postura oficial parece haber sido el ejemplo italiano. Meloni, señalada frecuentemente como aliada de Milei, prefirió la prudencia constitucional antes que la adhesión inmediata. Otros países, como los nórdicos, rechazaron directamente la invitación, reafirmando su compromiso con el sistema de Naciones Unidas.
Para muchos observadores, el Board of Peace representa una cortina de humo destinada a distraer la atención de los problemas internos que atraviesa la administración Trump, marcada por bajos índices de aprobación y episodios de violencia contra inmigrantes. Frente a ello, la iniciativa aparece como una estrategia de proyección exterior que carece de respaldo multilateral sólido.
Mientras tanto, en Buenos Aires la polémica sigue abierta, y la decisión final sobre el envío al Congreso pondrá a prueba no solo la coherencia jurídica del Gobierno, sino también su alineamiento en un escenario internacional crecientemente fragmentado.
