Más de medio centenar de organizaciones sindicales convergen en un plan de acción federal destinado a presionar a gobernadores indecisos. Las primeras manifestaciones se desplegarán en Córdoba y Santa Fe.
Con una contundente presencia de más de cincuenta entidades gremiales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sirvió de escenario para la conformación de una estrategia de resistencia a nivel nacional. La iniciativa, de carácter federal, busca persuadir mediante movilizaciones a aquellos mandatarios provinciales que aún no definieron su postura ante la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Los primeros focos de la protesta se encenderán en las provincias de Córdoba y Santa Fe, con el objetivo explícito de interpelar a sus gobernadores, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, respectivamente.
En el marco de la asamblea, uno de los participantes manifestó: “Se resolvió una movilización para el día 5 en Córdoba frente a la sede gubernamental, y otra para el 10 en Rosario. Hemos advertido a legisladores y senadores que nuestra posición es firme. El llamado es a intensificar las medidas, y a partir del lunes la acción se profundizará”. El clima dentro del encuentro reflejó un ánimo generalizado hacia la convocatoria a un paro nacional, acompañado de manifestaciones masivas, con el fin de impedir la aprobación o incluso el tratamiento legislativo de un texto considerado lesivo para el movimiento obrero. “No es momento de debatir, es momento de rechazar”, sintetizó el espíritu predominante entre los delegados, que incluyó a un amplio espectro de sindicatos adheridos a la CGT y a las dos centrales de trabajadores argentinas (CTA).
Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue enfático al dirigirse a los gobernadores: “Los interpelamos; deben explicar a cambio de qué avalarán esta reforma. ¿Acaso nos entregarán a cambio de un Aporte del Tesoro Nacional? Esta ley resultará un boomerang para ellos, ya que quedarán afectados por la reforma impositiva incluida en el paquete legislativo”. Aguiar remarcó que los derechos laborales no pueden ser objeto de transacción política.
La decisión adoptada sigue la línea trazada la semana anterior por Abel Furlán, secretario general del gremio metalúrgico, quien puso el acento en los jefes provinciales que cuentan con bancadas legislativas afines en el Congreso. “Los gobernadores están negociando una ley que perjudica a los trabajadores, y lo hacen a sus espaldas. Vamos a hacerles sentir nuestro descontento”, había anticipado Daniel Yofra, representante del sindicato aceitero, en aquella primera convocatoria. Desde ese encuentro inicial, la cantidad de organizaciones gremiales que respaldan la estrategia se ha duplicado.
Los mandatarios provinciales señalados forman parte del bloque Provincias Unidas, que comparten con otros gobernadores que hasta el momento han guardado silencio sobre el proyecto, como Ignacio Torres de Chubut.
Aguiar, quien ya había anunciado un paro nacional de empleados estatales para el día en que se trate la reforma, insistió: “Aunque logremos modificar cinco artículos, con este proyecto perdemos por amplia diferencia. Los sindicatos no nos negamos a discutir una actualización de la ley después de tanto tiempo, pero esta reforma no es la solución. El Gobierno debe comenzar desde cero y convocar a las representaciones sindicales”. Daniel “El Tano” Catalano, de ATE Capital, complementó: “Buscamos construir una masa crítica de presión en todo el país para que la voz de los trabajadores sea escuchada”.
Entre las organizaciones presentes se destacaron la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la Fraternidad de choferes y la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), entre otras. La diversidad de sectores representados subraya la amplitud del descontento y la determinación de coordinar una respuesta unificada frente a la iniciativa gubernamental.
