Tras avanzar en el diálogo por cambios laborales, el oficialismo impulsa en sesiones extraordinarias la polémica modificación del régimen penal juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad a 13 años, una iniciativa que ya enfrenta resistencias tanto en la oposición como en sus propias filas.
Alentado por el progreso en las tratativas sobre la reforma laboral, el Ejecutivo resolvió intensificar su agenda parlamentaria e incorporar al debate de sesiones extraordinarias la reducción de la edad de responsabilidad penal para menores. La maniobra busca instalar una medida de tono severo en el centro de la discusión pública, desplazar el foco de los problemas de gestión y consolidar el apoyo de su base electoral más fiel.
Luego del encuentro de la mesa política celebrado el pasado lunes, la Casa Rosada consideró que esta nueva convocatoria a extraordinarias representaba el escenario propicio para reflotar una iniciativa que el año anterior había debido abandonar por falta de acuerdos. El núcleo de la polémica se mantiene inalterable: la determinación de la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser penalmente responsables. Desde el oficialismo se ha filtrado que, una vez más, se insistirá con fijar ese límite en los 13 años, aunque los primeros contactos con socios extrapartidarios no han mostrado una posición unánime. De persistir en su intención de modificar el régimen penal juvenil, la coalición gubernamental deberá aceptar, como punto de partida, elevar esa edad a los 14 años.
Persuadido de que el triunfo electoral de octubre le concedió una influencia legislativa sin precedentes, y en un contexto marcado por la conmoción tras el crimen de Jeremías Monzón, el oficialismo ha decidido retomar una discusión que quedó pendiente en 2025, precisamente por la imposibilidad de lograr consensos. La versión actual del proyecto que circula entre los bloques no presenta novedades sustanciales: se trata, en esencia, de una réplica de la propuesta presentada en 2024, que en su momento debió ser modificada para obtener un dictamen de mayoría y que, pese a ello, nunca llegó a ser tratada en el recinto. El aspecto más controvertido permanece inalterado: la reducción a 13 años vuelve a plantearse como una condición inflexible, ahora actualizada en su edición 2026.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, inició este martes las primeras consultas formales. La experiencia reciente opera como una advertencia. En 2025, los apoyos provinieron del PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, pero el sector más dispuesto al diálogo se negó a avalar la edad de 13 años y obligó al oficialismo a conformarse con los 14. Según las impresiones recogidas por el riojano en sus primeras jornadas de gestión, el panorama podría repetirse y amenaza con abrir nuevamente una grieta al interior de la cúpula libertaria. Patricia Bullrich no está dispuesta a ceder en la edad fijada por el Gobierno. Por otra parte, quienes llevan adelante las negociaciones en Diputados alertan que insistir sin margen de maniobra podría conducir a un resultado indeseado: la imposibilidad de sancionar la ley. Este debate vuelve a poner de relieve una debilidad estructural del oficialismo, más habituado a la provocación retórica que a la gestión de los tiempos legislativos.
Las contradicciones
La determinación de reinstalar una narrativa punitivista resulta llamativa incluso desde la lógica interna del Gobierno. Esta decisión llega apenas días después de que el Ejecutivo celebrara la tasa de homicidios más baja de los últimos años, una tendencia a la baja que se mantiene desde 2015, de acuerdo con cifras oficiales, y que sitúa a la Argentina como el país menos violento de América Latina y el Caribe en materia de asesinatos. Aun así, la Casa Rosada optó por reabrir esta polémica.
Una segunda contradicción se relaciona con el aspecto financiero. El proyecto sobre el cual se trabajó en 2024 y 2025 no incluye fuentes específicas de financiamiento, un reclamo que el oficialismo había formulado de manera sistemática a la oposición y que luego utilizó como argumento para vetar e incumplir la ley de Emergencia en Discapacidad. El dictamen de 2024 establece que será el jefe de Gabinete de Ministros el responsable de “disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”. Este punto ya ha sido cuestionado por legisladores de la oposición, los mismos que en su momento fueron calificados como “degeneradores fiscales” por el presidente Javier Milei. “No hubo ningún debate sobre la financiación de la ley. ¿Acaso no se argumenta que no hay recursos?”, ironizó un diputado de Fuerza Patria en diálogo con este medio. Y añadió: “Solo les importan los titulares, y nosotros corremos detrás”.
Durante su visita a Mar del Plata, el presidente Milei promovió el nuevo Régimen Penal Juvenil al grito de “delito de adulto, pena de adulto”. Sin embargo, pese a que el Gobierno anuncia prisión para los menores, el desgastado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, debió aclarar que las instalaciones “no serán cárceles comunes” ni “de régimen de mayores”, sino que estarán separadas de los adultos y de las mujeres.
Matices en la oposición
Si bien el peronismo se contó entre los bloques que se opusieron al debate anterior y no acompañaron el dictamen de mayoría del oficialismo, en su interior coexisten perspectivas divergentes. Dentro de Unión por la Patria, por ejemplo, el espacio liderado por Sergio Massa elabora una propuesta alternativa. El diputado Ramiro Gutiérrez explicó que se trata de un “proyecto histórico que refleja mi impronta y la de Massa”. La iniciativa también reduce la edad a 14 años, pero incorpora “todos los derechos, principios y garantías que protegen a los niños, niñas y adolescentes”. “Es una posición histórica”, resumió el legislador.
El Congreso retomará sus actividades formales el próximo lunes. Menem terminará de definir el cronograma del debate, cuya coordinación estará a cargo de la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, quien ya cumplió esa función el año pasado cuando aún pertenecía al PRO y fue clave en las negociaciones del dictamen, aunque aquel acuerdo nunca se materializó en una sesión.
