El diputado nacional Esteban Paulón remitió una carta al presidente Javier Milei para incluir en sesiones extraordinarias un proyecto que declare la Emergencia Ígnea, mejore los salarios de brigadistas y tipifique el «ecocidio» como delito, mientras los incendios devastan la región.
En un gesto público de urgencia, el diputado nacional Esteban Paulón dirigió un escrito al presidente Javier Milei, reclamando la incorporación en el temario de sesiones extraordinarias de una iniciativa legislativa que establezca la Emergencia Ígnea en la Patagonia. La comunicación, difundida a través de las redes sociales, fue acompañada por un mensaje directo: “Ahora depende de usted, presidente”.
El proyecto impulsado por el legislador busca no solo declarar la emergencia, sino también otorgar un aumento salarial para los brigadistas e incorporar la figura de “ecocidio” al Código Penal. Esta iniciativa llega en un momento crítico para la provincia de Chubut, afectada por uno de los incendios más severos de su historia, con aproximadamente treinta mil hectáreas consumidas y focos activos que amenazan el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas.
La solicitud de Paulón se alinea con el reclamo unánime de los gobernadores patagónicos —Ignacio Torres de Chubut, Alberto Weretilneck de Río Negro, Sergio Ziliotto de La Pampa, Rolando Figueroa de Neuquén y Claudio Vidal de Santa Cruz—, quienes exigen la sanción de una Ley de Emergencia Nacional Ígnea. Dicha norma permitiría a las provincias disponer libremente de partidas y reasignar recursos nacionales para combatir las llamas.
En su misiva, el diputado describió “la magnitud del daño ambiental, social y productivo” como una “realidad ineludible”, subrayando que el país carece de “herramientas institucionales, presupuestarias ni penales” para enfrentar catástrofes de esta naturaleza. Paulón enfatizó que la intervención del Estado Nacional resulta fundamental en este escenario.
Asimismo, el legislador por Santa Fe denunció el drástico recorte presupuestario aplicado por la actual administración al sistema de manejo del fuego, que hasta el año pasado estuvo bajo la órbita de la entonces ministra Patricia Bullrich. Según señaló, el presupuesto proyectado para 2026 reduciría en casi un setenta por ciento los fondos destinados a la prevención y combate de incendios forestales. “No solo resulta irresponsable, sino que vuelve prácticamente inviable cualquier planificación seria de políticas de prevención”, afirmó.
Paulón también recordó la precaria situación salarial y laboral que padecen los brigadistas, quienes constituyen la primera línea de defensa contra los incendios. En tono contundente, advirtió que “negar la emergencia, desfinanciar la prevención y eludir la discusión sobre responsabilidades penales frente a la destrucción ambiental constituye una forma de renuncia del Estado a su deber básico de proteger la vida, el ambiente y el futuro de las próximas generaciones”.
La gravedad de la situación se acentúa por las condiciones climáticas y la acumulación de material combustible, en medio de la sequía más intensa registrada desde 1965. Los incendios actuales no representan un hecho aislado: según un informe de Greenpeace, a fines de 2024 y principios de 2025 ya se habían perdido alrededor de treinta y un mil hectáreas, cuadruplicando las cifras del período anterior.
Los mandatarios regionales han elevado la alerta al reportar la destrucción de doscientas treinta mil hectáreas en total, con La Pampa como la provincia más afectada —con más de ciento sesenta y ocho mil hectáreas arrasadas—, seguida por Chubut con cuarenta y cinco mil, Río Negro con diez mil, Neuquén con seis mil y Santa Cruz con setecientas.
La demanda política y social por una respuesta inmediata y coordinada pone al Ejecutivo nacional en el centro de la escena, mientras las llamas continúan avanzando sobre uno de los ecosistemas más valiosos del país.
