Mientras la jubilación mínima apenas roza los 490 mil pesos, una legión de adultos mayores empuja sus últimos años en la informalidad, sorteando algoritmos, garrafas y remedios inaccesibles. La CGT y organizaciones sociales marchan este jueves al Ministerio de Economía en reclamo por una crisis de sobreendeudamiento que ahoga a una generación entera.
La imagen del ocaso dorado ha quedado sepultada bajo una montaña de facturas impagas y un frío que no cesa. En las calles de los conglomerados urbanos, la nueva cartografía de la supervivencia se dibuja a través de los parabrisas de autos particulares, la humedad de las fotocopiadoras oxidadas y el peso de las herramientas de plomería que ya no responden a la edad de quienes las empuñan. Agosto de 2026 ha traído consigo una cifra que, lejos de calmar los ánimos, enciende las alarmas: la jubilación mínima, complementada con un bono extraordinario que permanece congelado en 70 mil pesos, alcanza los 489.775,92 pesos. Sin embargo, esta cantidad no es un salvavidas, sino un anzuelo que obliga a miles a sumergirse nuevamente en las aguas turbulentas del mercado laboral para no hundirse definitivamente.
Según un pormenorizado informe elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), la cifra de adultos mayores de 65 años que han debido reinsertarse en el mercado de trabajo asciende a 27 mil personas. Esta estadística, fría en su enunciación, se descompone en historias de carne y hueso que este diario ha recuperado en primera persona, reflejando una realidad apremiante que tendrá su máxima expresión este jueves durante la movilización hacia la cartera de Economía. La convocatoria, que nuclea a la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), representantes de pequeñas y medianas empresas, y un colectivo de deudores autoconvocados, pone el foco en el sobreendeudamiento familiar, una lacra que corroe las bases mismas de la convivencia social.
Ricardo y la tiranía del algoritmo
Ricardo Chediak, un hombre de 74 años cuyo rostro refleja los años de oficio tras el volante de camiones y maquinaria pesada, encarna el drama de la obsolescencia programada del Estado. Su vida laboral estuvo atada a los rieles de la obra pública, un engranaje que se detuvo en seco cuando las políticas gubernamentales cesaron las inversiones en infraestructura. Sin un horizonte claro, Ricardo viró hacia las plataformas de transporte de pasajeros. Durante los primeros dieciocho meses, la ecuación era favorable: con tan solo cuatro o cinco horas diarias de recorrido, lograba embolsar lo que anteriormente obtenía en quincenas enteras. Pero el péndulo de la oferta y la demanda, manipulado por los algoritmos, se volvió en su contra.
“La proliferación de conductores es tan abrumadora que el sistema ha licuado las tarifas de los trayectos”, explica con la paciencia de quien ha visto desmoronarse su plan de retiro. Hoy, para alcanzar esos ingresos pretéritos, Ricardo debería permanecer entre nueve y doce horas diarias encerrado en su vehículo. La realidad es más modesta y agotadora: extiende su jornada entre seis y ocho horas, reservando los fines de semana para un descanso que se ha vuelto un lujo. Con el producido de su trabajo y su magra jubilación, apenas logra cubrir los gastos fijos, dejando un exiguo remanente para la alimentación. “Si no rodo, no como”, sentencia, y añade la crudeza de su cotidianidad: una gripe que lo mantuvo tres días postrado no solo significó malestar físico, sino la imposibilidad de adquirir una garrafa de gas, cuyo precio oscila entre 25 y 28 mil pesos, dejándolo a merced de las inclemencias térmicas. El acceso a la salud pública tampoco es un refugio; los turnos en el PAMI se dilatan en plazos de hasta cuatro meses para estudios críticos, y la odontología es un servicio prácticamente extinto para los afiliados.
Graciela y la quimera del pozo común
En el municipio de Merlo, la historia de Graciela adquiere matices de una épica desesperada. Esta mujer, operada de tumores intestinales y con un tratamiento farmacológico de por vida, recibe el mismo haber mínimo. Pero su relato es el de una casa sin agua corriente y sin gas, donde la garrafa se ha encarecido hasta los 33 mil pesos. Su factura eléctrica, que casi duplica el costo de la garrafa, consume la mitad de su magro ingreso. “Cuando cobro, ni siquiera la toco, porque sé que se esfumará”, confiesa.
La red de contención es su núcleo familiar: un hijo y una hija que, con salarios de 500 y 800 mil pesos, juntan sus ingresos para conformar un pozo común que permite, a duras penas, una comida nocturna, complementada con mates y pan durante el resto del día. La desesperación los llevó a endeudarse. Un préstamo de un millón de pesos, solicitado para adquirir herramientas de trabajo, se ha convertido en una losa de 18 cuotas que se alimenta de intereses usurarios. Su fotocopiadora, otrora fuente de ingresos gracias a los cuadernos y apuntes escolares, yace inerte por la imposibilidad de costear sus repuestos. Graciela no habla solo de pobreza material, sino de una “condena de muerte” espiritual. “Es una cadena de tristeza que no distingue edades; los chicos no comen, los viejos no morfamos y los que trabajan no tienen derechos. Nunca imaginé llegar a esto”, lamenta, señalando la fractura del contrato social.
Aníbal y el pudor de pedir
Ernesto Aníbal Peñaloza, pintor de oficio durante décadas, ha tenido que colgar los pinceles y los andamios porque sus rodillas ya no soportan la verticalidad del trabajo. Con casi 70 años, se ha sumado a la flota de conductores de aplicación, aunque sus horarios están condicionados por una medicación prostática que le exige paradas frecuentes. Por ello, elige rutas suburbanas en Berazategui, Bosques o Lomas de Zamora, donde las estaciones de servicio le ofrecen un respiro. Su jubilación, ya de por sí mínima, sufre un descuento adicional por préstamos previos solicitados en la ANSES y el Banco Francés, reduciendo su ingreso real a menos de 300 mil pesos.
Aníbal se permite el “lujo” de descansar los fines de semana para compartir tiempo con sus nietos, un gesto de resistencia afectiva. Sin embargo, la incomodidad lo carcome al tener que recurrir a sus hijos. “Toda la vida ayudé yo, ahora me cuesta recibir”, admite, aunque el consejo de su hija, que le recuerda que es momento de dejarse ayudar, le sirve de bálsamo para mitigar la vergüenza.
Carlos y el cuerpo que claudica
Carlos, residente de Villa Domínico, encarna la figura del trabajador manual que no puede detenerse aunque su anatomía grite basta. A sus 74 años, reparte volantes de plomería y gasista por el barrio, esperando que algún vecino requiera sus servicios. Un cartílago roto en el pie y un manguito rotador en el hombro son las secuelas de una vida de desgaste, pero no un impedimento para bajar paredes o realizar instalaciones. “Termino mal, pero lo hago”, afirma con estoicismo, mientras observa cómo la demanda se contrae a medida que avanza el mes. Los potenciales clientes solo piden presupuestos, y él se ve forzado a reducir sus honorarios para arañar un trabajo semanal.
Su relato es un catálogo de precios de la desolación: los remedios gastroenterológicos ascienden a 50 mil pesos, la garrafa a 30 mil y la luz a 40 mil. La hipoacusia, que le provoca problemas de equilibrio al agacharse, lo llevó a buscar audífonos en el PAMI, pero la respuesta fue lapidaria: “No tomamos PAMI porque no pagan”. A pesar de la presencia de su familia, Carlos se niega a ser una carga. “Prefiero pasar necesidad antes de que me vean como pobre papá”, sentencia, eligiendo el dolor físico antes que el moral.
El rostro invisible de la estadística
El informe de la Undav no solo cuantifica a los trabajadores informales, donde el 61,6 por ciento de las mujeres mayores se desenvuelven en la precariedad, sino que revela una cifra estremecedora: 1.345.954 jubilados se encuentran atrapados en las garras de prestamistas no bancarios. Este fenómeno, alimentado por la falta de liquidez y la urgencia vital, engrosa las filas de una deuda que no conoce de edades ni de treguas. Los intereses punitorios y las cláusulas de ajuste perpetúan un ciclo de empobrecimiento que hace añicos cualquier posibilidad de una vejez digna.
Mientras los índices de inflación de julio, ubicados en el 2,1 por ciento, se difunden en los noticieros, la cotidianidad de estos ciudadanos desmiente cualquier atisbo de estabilidad. En una entrevista callejera para el canal AR12, un jubilado de la mínima respondió con una honestidad brutal: “Vivo de la caridad de mis hijos”. Esa frase, tan corta como demoledora, sintetiza la tragedia de una generación que entregó su fuerza laboral al país y que hoy, en su ocaso, se ve obligada a mendigar un lugar en un sistema que parece haberles dado la espalda. La marcha de este jueves no es solo un reclamo económico; es el grito ahogado de una dignidad que se niega a ser sepultada.
