El globalismo neoliberal agoniza. En su lugar, emergen un Estado más poderoso, políticas industriales agresivas y cadenas de valor fragmentadas. Mientras las grandes potencias se blindan, América Latina enfrenta una encrucijada histórica: repetir los errores del pasado o forjar un nuevo camino basado en la soberanía productiva y la protección de sus mayorías.
El mundo asiste, con una mezcla de perplejidad y alarmismo, al lento pero inexorable ocaso del paradigma que dominó las relaciones internacionales y la economía durante las últimas décadas. El consenso de Washington, aquel decálogo de fe inquebrantable en los mercados autorregulados, la desregulación financiera y la apertura comercial sin cortapisas, se desvanece entre las brumas de un nuevo orden que apenas comienza a dibujarse. Aún resulta prematuro aventurar una definición exacta de lo que será el modelo de acumulación y legitimación global que prevalecerá en el futuro próximo, pero ya es posible vislumbrar un conjunto de fuerzas tectónicas que reconfigurarán el mapa del poder y la riqueza a escala planetaria.
La primera de estas fuerzas, quizás la más evidente, es el robustecimiento sin precedentes del papel económico del Estado. Lejos de aquel ideario que proclamaba al Estado como un mal necesario y mínimo, las principales potencias del globo han revertido el guion y ahora se erigen como cogestores activos de los mercados. Estos nuevos Leviatanes, lejos de mostrarse pasivos, actúan con agresividad para delimitar áreas de influencia, establecer protectorados y asegurar mercados cautivos para sus empresas nacionales. Un dato elocuente, aportado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ilustra esta mutación de manera irrefutable: mientras que en 2009 se registraban apenas 74 medidas de corte proteccionista en el orbe, la cifra se ha disparado hasta las 2845 en el año 2026. Y lo que resulta más paradójico, la gran mayoría de estas barreras y subsidios se concentran en los países que durante décadas predicaron las virtudes del libre cambio.
En estrecha relación con este estatismo creciente, emerge la segunda tendencia definitoria: el regreso enérgico de las políticas industriales. Los gobiernos, con independencia de su signo ideológico, han comprendido que la deslocalización productiva y la desindustrialización dejaron heridas profundas en sus tejidos sociales y en su capacidad estratégica. Así, se ha desatado una carrera por fortalecer las industrias nacionales consideradas vitales, desde la microelectrónica hasta la energía y la farmacia. El Banco Mundial calcula que los países desarrollados destinan ya cerca del 3,5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a subsidios e inyecciones de capital en estos sectores estratégicos, mientras que las naciones en desarrollo alcanzan una media del 4,5%. Estas cifras, que no se registraban en medio siglo, son el testimonio fehaciente de un cambio de época: la planificación industrial ha regresado para quedarse.
La tercera gran transformación reside en la fragmentación de las cadenas globales de valor y la emergencia de un globalismo selectivo. El mundo se está reordenando en bloques que ya no responden únicamente a criterios de eficiencia económica, sino que se alinean en función de la empatía ideológica y la seguridad nacional. La confianza depositada en el comercio como elemento de paz y cohesión ha dado paso a una lógica de sospecha, donde la dependencia de proveedores extranjeros se percibe como una vulnerabilidad que debe ser acotada. Por último, y como correlato de este escenario de incertidumbre y amenazas, se observa una concentración extraordinaria del poder en los Poderes Ejecutivos. La ciudadanía, atenazada por el miedo a la crisis y la descomposición del orden conocido, tiende a depositar su confianza en gobiernos fuertes, capaces de tomar decisiones drásticas y ejecutarlas con celeridad, aunque ello suponga un menoscabo temporal de los contrapesos institucionales.
La interrogante crucial, sin embargo, se cierne sobre el lugar que ocupará América Latina en estas nuevas coordenadas. El panorama, a primera vista, resulta desolador. Las derechas políticas que gobiernan en varios países del continente exhiben una descomunal ignorancia sobre la naturaleza y el alcance de este reordenamiento global. Atrapados en un anacronismo fatal, pretenden conducir a sus naciones hacia una reedición del globalismo estúpido que ya practicaron en la década de los noventa. Aquel modelo, que nada tuvo que ver con el globalismo asiático impulsado por Estados inversores y planificadores, sumió a la región en un proceso de desindustrialización salvaje y la relegó a los escalones más bajos de la cadena alimenticia mundial, condenándola a una perniciosa reprimarización de su economía. Mientras las potencias asiáticas se blindaban con tecnología y manufactura, América Latina se convertía en la proveedora de materias primas baratas, perpetuando su rol subalterno en la división internacional del trabajo.
Frente a este escenario, el progresismo y la izquierda continental se encuentran sumidos en un estupor que les impide articular una alternativa convincente. Sin embargo, la hora de la acción ha llegado, y el desafío es titánico. Superar la mera crítica para construir un nuevo proyecto esperanzador exige abordar los agravios más urgentes de la población, pero hacerlo a partir de los cuatro componentes estructurales que ya marcan el ritmo del nuevo mundo. El primero de ellos es la construcción de un Estado protector, soberano y productivista. En un planeta donde los Estados voraces de las grandes potencias utilizan su soberanía para imponer su nacionalismo económico y tejer redes de vasallaje para asegurarse el suministro de recursos naturales, solo un Estado fuerte podrá garantizar a los latinoamericanos la capacidad de tomar decisiones soberanas. Protegerse de las guerras comerciales y promover intercambios equilibrados con otras regiones del mundo exige, ante todo, un poder de negociación que solo otorga una maquinaria estatal robusta y cohesionada.
Esta protección, sin embargo, no debe confundirse con un aislamiento autárquico. No se trata de levantar barreras arancelarias de manera indiscriminada, sino de regular una inserción inteligente en el comercio global. Esto implica fomentar el intercambio en aquellos productos donde se poseen ventajas comparativas reales, pero simultáneamente, proteger aquellas actividades productivas que resultan estratégicas para el abastecimiento del mercado interno y regional. La consigna debe ser el libre comercio para lo que se puede exportar y el proteccionismo calculado para lo que se necesita reforzar como soberanía estratégica. Un Estado protector de esta naturaleza debe ser, además, un Estado con una densa integración territorial y una óptima cohesión demográfica, capaz de ofrecer una red de derechos sustentables en el tiempo. Solo así podrá hacerse frente a la tenebrosa sentencia de que el ganador se lleva todas las riquezas, un principio que, lejos de ser un exabrupto pasajero, retrata a la perfección el nuevo espíritu de una época marcada por la depredación interestatal.
El segundo componente ineludible es la implementación de políticas industriales ambiciosas y de largo aliento. La lección es clara: para distribuir la riqueza de manera sostenible, no basta con redistribuir la existente, sino que es imperativo producir nueva riqueza. Por ello, el progresismo debe imaginar un país industrioso que, sin abandonar sus ventajas en materias primas, concentre esfuerzos en áreas específicas del consumo nacional donde pueda autoabastecerse de manera competitiva y con criterios de sostenibilidad medioambiental. No se trataría de una sustitución de importaciones generalizada, sino de un esfuerzo localizado en productos estratégicos capaces de articular cadenas de valor locales, insertarse en mercados regionales o generar elevados excedentes.
Este salto cualitativo, que exige elevar la inversión desde el magro 20% del PIB que promedia América Latina hasta el 35% que caracterizó el despegue de los países asiáticos, no puede ser financiado únicamente por el Estado. Se requiere un esfuerzo compartido con la inversión privada, donde las políticas impositivas y los acuerdos con los grandes empresarios serán determinantes. Pero el horizonte debe estar guiado por un gran programa de planificación industriosa que abarque dos o tres décadas. En paralelo, este productivismo debe capilarizarse hacia el vasto mundo de la economía informal, que aglutina a más de la mitad de la fuerza laboral. Este universo, compuesto por servicios, comercio, artesanía y agricultura familiar, no desaparecerá. Por ello, no necesita políticas asistencialistas, sino productivas: crédito barato, asistencia tecnológica, encadenamientos comerciales y digitalización que reconozcan a sus trabajadores como sujetos económicos plenos.
Finalmente, el tercer componente atañe a la centralización extraordinaria del poder en el Ejecutivo. En tiempos de crisis y zozobra, la moderación y el temperamento pueden ser un lujo inasumible. No se puede confrontar a las derechas autoritarias que aplican ajustes estructurales con una actitud atemperada. Se demanda un programa extraordinario para un tiempo igualmente extraordinario, audacia en las propuestas, emoción en el discurso y claridad en la designación de los adversarios. Los líderes deben encarnar la seguridad y la protección de una nación agraviada. Luego, cuando la situación económica de las mayorías mejore y se consoliden las victorias, llegará el tiempo de la moderación. Las derechas autoritarias de hoy no han creado un nuevo modelo expansivo; solo han reciclado, de manera envilecida, el fracasado manual de hace cuatro décadas. Es hora de que el progresismo demuestre que está a la altura de las circunstancias, construyendo un nuevo orden socioeconómico que garantice, a la vez, la soberanía nacional y el bienestar de toda la sociedad.
