Una ola de amenazas y estigmatización, orquestada desde espacios afines al Gobierno, apunta a desacreditar y amedrentar a la letrada Claudia Cesaroni. La violencia simbólica es denunciada como un intento por silenciar la defensa de los derechos humanos en un contexto de retrocesos institucionales.
Una firme voz de alarma se elevó desde el ámbito jurídico especializado en delitos de lesa humanidad. El Colectivo Nacional “Mario Bosch”, agrupación de abogados y abogadas que ejerce la querella en causas por crímenes de Estado, manifestó su más categórica condena ante la campaña de agravios, intimidación y hostigamiento público dirigida contra la reconocida defensora de derechos humanos Claudia Cesaroni. Estos actos, que encuentran su principal vocero en el influenciador libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo” Dan, son caracterizados por los profesionales como prácticas ilegales y antidemocráticas, particularmente nocivas en un escenario marcado por el negacionismo histórico y el desmantelamiento de políticas de memoria y género.
El punto de partida de esta escalada fue una publicación en la red social X realizada por Parisini, cuyo contenido, calificado como explícitamente intimidatorio y promotor de odio, culminaba con la ominosa y falsa sentencia “Claudia Cesaroni ha muerto”. Esta acción, lejos de ser un hecho aislado, fue amplificada desde espacios mediáticos oficialistas. En el canal de streaming “Carajo”, el letrado Alejandro Sarubbi Benítez, durante su participación, llegó a responsabilizar a Cesaroni de la totalidad de los delitos cometidos en el territorio nacional, dirigiéndose a ella de manera directa para garantizar que el mensaje fuera recibido.
Según la interpretación del Colectivo Mario Bosch, estas manifestaciones trascienden el ámbito de la crítica legítima para constituirse en amenazas simbólicas y mecanismos de disciplinamiento político. Su objetivo claro sería acallar a quienes, como Cesaroni, mantienen una defensa inquebrantable de los derechos fundamentales frente a un entorno estatal y mediático crecientemente hostil.
La operación de desprestigio alcanzó un nuevo nivel con la emisión de un programa especializado en el mismo canal. Bajo el título “Claudia Cesaroni. El kirchnerismo y la defensa de los asesinos”, y conducido por la enigmática figura de Kalina Ann –quien oculta su identidad real tras un seudónimo–, se procedió a una estigmatización sistemática de la abogada. En el espacio se la injurió calificándola de “psicópata” y se atacó con virulencia su trayectoria profesional. Los juristas denuncian que se trata de una violencia mediática calculada, destinada a deslegitimar, aislar y amedrentar a quienes litigan y producen pensamiento crítico desde la óptica de los derechos humanos.
Los integrantes del colectivo enfatizaron que estos ataques distan de ser fortuitos. Por el contrario, apuntan de manera deliberada a una referente de larga y destacada trayectoria en la defensa de niñas, niños y adolescentes, en el acompañamiento a víctimas de violencia institucional y en la oposición firme a proyectos como la baja en la edad de punibilidad, impulsada actualmente por el Gobierno. Esta misma hoja de servicios la ha convertido, paradójicamente, en un blanco preferencial para sectores que promueven agendas punitivistas y regresivas, en abierta contradicción con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
El comunicado subraya con fuerza que la ofensiva posee, además, una indiscutible dimensión de género. El hostigamiento busca disciplinar, silenciar y eventualmente expulsar del debate público a una mujer que, ejerciendo liderazgo, autoridad profesional e incidencia política, desafía y perturba los cimientos del orden patriarcal. Esta campaña se inscribe así en una ofensiva más amplia contra todos aquellos que cuestionan el discurso del castigo como panacea, el endurecimiento penal desmedido y la criminalización de las juventudes populares.
Al concluir su declaración, los abogados del Colectivo Mario Bosch rechazaron de plano la utilización espuria del concepto de libertad de expresión para amparar estas conductas. “La libertad de expresión no habilita amenazas, discursos de odio ni campañas de persecución ideológica o de violencia de género”, afirmaron, expresando su solidaridad inquebrantable con la colega. Con un tono de firmeza, cerraron con una promesa de resistencia: “No vamos a naturalizar la amenaza. No vamos a aceptar el silenciamiento. No nos van a callar. El miedo no nos paraliza: nos organiza”.
