La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció desde el Tribunal Supremo una ley de amnistía general que abarca desde 1999. La medida excluye delitos graves y ordena el cierre de El Helicoide, emblemático centro de detención.
CARACAS. – En un gesto orientado a la reconciliación nacional, la mandataria interina Delcy Rodríguez proclamó una amnistía general para los involucrados en la violencia política que ha marcado a Venezuela durante los últimos veinticinco años. El pronunciamiento se realizó durante la ceremonia de apertura del año judicial en la sede del máximo tribunal del país, transmitida en cadena nacional de radio y televisión.
Rodríguez, que ascendió a la primera magistratura tras la destitución de Nicolás Maduro, detalló que el proyecto de ley será remitido con carácter prioritario a la Asamblea Nacional, actualmente con una composición mayoritaria afín al oficialismo. Según sus declaraciones, el propósito fundamental de la iniciativa es “sanar las profundas cicatrices dejadas por la confrontación partidista, el radicalismo y la hostilidad, para así restablecer la paz social entre todos los ciudadanos”. La presidenta hizo un llamado directo a quienes puedan resultar beneficiados, exhortándoles a dejar atrás “cualquier sentimiento de retaliación, resentimiento o animadversión”.
La legislación en preparación, sin embargo, establecerá excepciones precisas. Quedarán fuera de su alcance aquellos imputados o sentenciados por crímenes atroces como homicidios, narcotráfico, actos de corrupción y violaciones flagrantes a los derechos humanos. Al no haberse divulgado todavía el texto completo, permanecen en la nebulosa los parámetros definitivos que determinarán la elegibilidad para el perdón legal.
Este anuncio se produce en el marco de un ya iniciado –aunque pausado– proceso de liberaciones que arrancó a comienzos de enero. Datos aportados por el Foro Penal, una entidad dedicada a la asistencia jurídica de detenidos por causas políticas, señalan que en Venezuela se mantienen bajo reclusión a 711 personas por estos motivos. Si bien la nueva administración ha logrado excarcelar a 302 individuos, la misma organización alerta sobre la persistencia de más de once mil casos con limitaciones arbitrarias a su libertad.
Uno de los puntos más simbólicos de la alocución presidencial fue la orden de clausura definitiva de la prisión de El Helicoide, instalación ubicada en la capital y utilizada históricamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Este recinto, denunciado de manera reiterada por la oposición y por agrupaciones defensoras de los derechos humanos como un lugar de tormento y vejaciones, será reconvertido en un espacio comunitario dedicado al esparcimiento, la cultura y el comercio para los cuerpos de seguridad y los habitantes de las zonas aledañas.
La medida responde en parte a antiguas demandas de colectivos civiles como Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad, Foro Penal y Provea, que desde hace tiempo exigían una amnistía integral para quienes consideran cautivos por razones ideológicas. De hecho, estos organismos presentaron una propuesta formal en idéntico sentido apenas unos días antes del anuncio oficial, abogando por la protección de líderes sociales, comunicadores, militares y activistas que han sufrido persecución o encarcelamiento, especialmente en contextos de protesta electoral.
Venezuela tiene antecedentes de instrumentos legales similares, aunque de alcance limitado. En 2007, el fallecido presidente Hugo Chávez decretó una amnistía para participantes en el golpe de Estado de 2002. Una ley aprobada por el parlamento en 2016 fue posteriormente anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. Más recientemente, en 2020, el gobierno de Maduro otorgó indultos a un centenar de opositores antes de los comicios legislativos, aunque siempre negando la existencia de presos políticos y atribuyendo los procesamientos a delitos comunes o de terrorismo.
La iniciativa de Rodríguez ha sido acogida con prudente expectativa por parte de las organizaciones humanitarias. Estas coinciden en subrayar la imperiosa necesidad de que la amnistía sea amplia e inclusiva, aplicándose sin distinción a todos los sectores de la sociedad civil. Advierten, además, que la puesta en libertad de los detenidos no debe interpretarse como un mero acto de gracia gubernamental, sino como la reparación obligada de derechos fundamentales conculcados. Provea, en particular, recalcó que muchos de los encarcelados lo fueron por ejercer garantías reconocidas tanto por la legislación interna como por tratados internacionales.
El trámite legislativo que ahora se inicia definirá el alcance concreto de esta política de clemencia, bajo el atento escrutinio de observadores nacionales e internacionales, quienes vigilarán que la medida se traduzca en un paso genuino hacia la pacificación y la justicia en el país caribeño.
