Incendios desatados, una reforma clave que divide aguas y grietas en el poder económico exponen las tensiones de una gestión que celebra con música mientras arde el país. La alianza fundacional del libertarismo autoritario muestra sus fisuras ante la realidad.
El país se encuentra sumido en una tormenta perfecta de crisis superpuestas, donde las décadas de un modelo globalizador basado únicamente en los dictados del mercado parecen precipitarse con toda su crudeza sobre la sociedad. En un escenario surrealista, los ecos de los conciertos ofrecidos por el presidente Javier Milei en agradecimiento electoral resonaban mientras vastas extensiones del sur argentino eran consumidas por llamas incontrolables. Este contraste brutal encapsula el espíritu de una época marcada por lo que muchos analistas definen como un «libertarismo autoritario», una fórmula paradójica que, en la práctica, se traduce en mayores cuotas de libertad para un puñado privilegiado y un creciente autoritarismo para el resto de la población.
Los pilares de este proyecto no surgieron de la nada. Fue moldeado a partir de los intereses y el financiamiento de grandes conglomerados económicos, cuyos nombres —Rocca, Magnetto, Galperín— se repiten en el origen de este fenómeno político. Estos grupos construyeron un entramado de influencia, apoyaron campañas, promovieron legislaciones a su medida y alimentaron una narrativa complaciente a través de los medios de comunicación que controlan. Sin embargo, la criatura ha comenzado a mostrar una autonomía esquiva. La apertura económica total impulsada por el gobierno, ideada para beneficiar al capital concentrado, ha desatado una avalancha de importaciones, principalmente chinas, que ahora amenaza los negocios de sus mismos creadores.
La ironía es palpable. Marcos Galperín, el magnate detrás de Mercado Libre y abanderado del discurso libertario contra los subsidios y la regulación, ha debido solicitar protección estatal frente a la feroz competencia de la plataforma china Temu, tras haber recibido millonarias ayudas públicas durante la pandemia. En una línea similar, el grupo Techint, liderado por Paolo Rocca, recurrió a la Justicia tras perder una licitación clave para un gasoducto ante una empresa que utiliza acero asiático. Estas fisuras en el seno del poder hegemónico obligan al gobierno a navegar un mar de contradicciones, tratando de aplacar a sus bases de apoyo con concesiones monumentales.
La principal ofrenda en este momento es la reforma laboral, una iniciativa que el oficialismo intenta imponer en el Congreso con una mezcla de presión y promesas vagas de futuras recompensas. La estrategia ha incluido reuniones con gobernadores de provincias, muchos de ellos sumidos en una crisis fiscal agravada por un artículo de la misma ley que recorta la coparticipación federal. A pesar del descontento, varios mandatarios, incluidos tres referentes del peronismo dialoguista, han mostrado una disposición a negociar, convencidos por la improbable llegada de beneficios posteriores.
Mientras esta pulseada legislativa avanza, el descontento social se organiza. La central obrera ha emitido un documento crítico de extrema dureza, rubricado por más de ochenta gremios bajo la denominación de Frente de Sindicatos Unidos, y ha anunciado un plan de lucha que arrancará con movilizaciones masivas en Córdoba y Santa Fe, en vísperas del debate parlamentario. Su argumento central desafía la lógica gubernamental: el empleo no se genera facilitando los despidos, sino con una economía en expansión que genere demanda. Una economía que, según todos los indicadores, se contrae.
En medio de esta tensión, la imagen del presidente cantando en festivales, iniciando de facto su campaña para la reelección de 2027, choca de frente con la emergencia ambiental. Los incendios que devastaron 230 mil hectáreas en cinco provincias encontraron a un Estado nacional ausente y con un presupuesto drásticamente recortado para la prevención y combate del fuego. La declaración de emergencia llegó tardíamente, sólo cuando la magnitud del desastre ya era inocultable en los medios. Esta desidia refleja una cosmovisión que desprecia tanto la acción colectiva en defensa de derechos como la protección del medio ambiente, dos conceptos fundamentales para las comunidades afectadas, muchas de las cuales, paradójicamente, integran su base electoral.
El panorama que se configura es el de un país donde los puentes entre el gobierno y las necesidades concretas de la sociedad parecen rotos. No hay una narrativa de futuro, sino una sucesión de decisiones que profundizan el desmantelamiento del Estado y exacerban las desigualdades. La apuesta, para quienes se oponen a este modelo, ya no pasa sólo por resistir cada medida, sino por reconstruir, desde los escombros del sentido común político, una credibilidad colectiva en la posibilidad de un porvenir diferente. El camino, a juzgar por los incendios reales y simbólicos que arden, será largo y complejo.
