En un acto cargado de mensajes duales, el gobernador de Córdoba elevó la jubilación mínima provincial a $800.000 mientras mezclaba elogios para la seguridad nacional con durísimas andanadas contra los referentes opositores en su territorio. El diálogo con Milei parece una constante, pero la pelea interna se intensifica.
Con la mirada puesta en recomponer su influencia tras los reveses electorales y las multitudinarias visitas del presidente Javier Milei a la provincia, el gobernador Martín Llaryora inauguró el período legislativo cordobés desde Laboulaye. Su alocución, extensa y matizada, fue un ejercicio de equilibrio político donde combinó anuncios concretos para su territorio con un marcado incremento en la tensión retórica hacia sus adversarios directos en el escenario local.
El mandatario aprovechó la ocasión para decretar un nuevo incremento en la jubilación mínima provincial, que alcanzará los ochocientos mil pesos. Esta decisión busca un impacto social inmediato, aunque afecta a un segmento acotado de los pasivos. La medida se fundamenta, según expuso Llaryora, en la defensa del sistema previsional cordobés frente a lo que describió como presiones para su nacionalización. “Pasar la caja al gobierno nacional provocaría una caída masiva de ingresos”, afirmó con contundencia, trazando una línea divisoria entre la gestión provincial y la situación que, a su juicio, padecen los jubilados del régimen nacional.
No obstante, el discurso transitó por un sendero de claroscuros al referirse al gobierno de Milei. Por un lado, dedicó elogios explícitos a la política de seguridad nacional, cuya tasa de homicidios calificó como “muy positiva”, felicitando a las fuerzas federales. “Los buenos son los de azul”, repitió, en una frase que homenajea públicamente a la gestión de Patricia Bullrich. Este gesto evidenció su intención de mantener canales de diálogo fluidos con la administración central, distinguiendo entre la figura presidencial y sus aliados en Córdoba.
Fue precisamente hacia estos últimos donde descargó la mayor parte de su artillería verbal. Ante la presencia física de sus principales rivales –Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo–, Llaryora elevó el tono de las críticas. Los acusó de obstruccionismo, de “jugar con la seguridad de la gente” y de actuar bajo órdenes externas, en un intento por minimizar su rol y presentarlos como meros obstáculos sin propuesta. “Que los libertarios les den bola, así de una vez nos dejan de joder”, lanzó en un momento de máxima fricción, buscando relegar a los opositores a un papel marginal y desesperado por captar la atención del espacio libertario.
Este ataque frontal se enmarcó en un conflicto concreto: la objeción del Tribunal de Cuentas –de influencia juecista– a una licitación para la compra de drones de seguridad. El gobernador propuso ampliar la composición del organismo para dar más participación a la oposición, pero denunció una maniobra política detrás del bloqueo. La réplica de su propio ministro de Seguridad, presentando una demanda judicial, mostró la complejidad de las lealtades en un escenario político provincial fragmentado.
En definitiva, Llaryora esbozó una hoja de ruta de doble vía. Por un lado, consolida su perfil de gestor con anuncios sociales y reafirma al Estado provincial como actor central en obra pública y salud. Por el otro, intensifica la pulseada por el liderazgo político interno, tratando de aislar a sus adversarios locales mientras mantiene una relación pragmática, con guiños y alguna que otra coincidencia, con el poder nacional. Su desafío mayor reside en navegar este laberinto, donde cada elogio a Milei contrasta con cada dardo a sus socios cordobeses, en un año donde la agenda legislativa nacional, especialmente la reforma laboral, demandará definiciones que aún esperan una señal clara desde la gobernación.
