Marco Lavagna dejó la institución tras una dura pulseada con el Ejecutivo por la actualización del Índice de Precios. Caputo admitió que postergaron el cambio para no reflejar el impacto tarifario. Designaron a un hombre de confianza del ministro, en medio de acusaciones de manipulación y advertencias del FMI.
El silencio estadístico comenzó a resquebrajarse con un lacónico mensaje. «Me voy», escribió Marco Lavagna, hasta ayer al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a un grupo de colaboradores. Horas más tarde, en una carta de despedida, invocó un «ciclo cumplido» y apeló a sostener las transformaciones metodológicas en curso, en una declaración cargada de implicancias políticas.
Sin embargo, detrás de la retórica de la despedida, se impuso una cruda realidad. Fuentes allegadas al ahora exfuncionario revelaron que su partida se produjo por la firme negativa del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, a implementar la nueva medición de inflación por la que Lavagna había bregado durante más de un bienio. La tensión estalló a sólo ocho días de la publicación del índice de precios correspondiente a enero, que debería haber reflejado por primera vez la actualización metodológica largamente prometida.
Fue el propio Caputo quien, horas después, confirmó implícitamente el conflicto. Sostuvo que la renuncia obedeció a diferencias sobre el momento de aplicar el nuevo índice, argumentando que la Casa Rosada prefiere esperar a que el «proceso de desinflación» se consolide. Esta explicación generó inmediato escepticismo y abrió un peligroso interrogante sobre la confiabilidad de los datos oficiales.
El núcleo del conflicto
Los técnicos del organismo ya habían realizado las mediciones con la nueva fórmula, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2018, y su aplicación estaba oficialmente anunciada para el próximo martes 10 de febrero. Según pudo conocerse, esa medición arrojaba una inflación superior al 3% para enero, mientras desde el Gobierno se presionaba para que el resultado se ubicara en torno al 2%. Al rechazar la actualización, la administración de Milei elige continuar midiendo el costo de vida con una estructura de consumo vigente hace veinte años, que no refleja los hábitos actuales de la población y, crucialmente, diluye el impacto de las fuertes subas en tarifas de servicios públicos que caracterizan el escenario económico actual.
La jugada del Poder Ejecutivo se completa con el nombramiento del sucesor. Caputo confirmó para el cargo a Pedro Ignacio Lines, un economista vinculado al macrismo que, según se supo, actuó en los últimos meses como el enlace del ministro para frenar la aplicación de la nueva fórmula. Su designación garantiza la alineación total del INDEC con la visión oficial, incluso frente a la recomendación expresa del Fondo Monetario Internacional (FMI), que validó la nueva metodología e instó a su aplicación urgente.
Presiones y advertencias
El episodio final que precipitó la renuncia de Lavagna habría sido una declaración pública de Caputo, quien en la mañana de ayer anticipó en una radio que el IPC de enero sería de «más menos 2,5%», un dato que el ministro no podría conocer con una semana de antelación si se respetaran los protocolos de independencia técnica. Esta intrusión fue interpretada como la última y más clara señal de que la autonomía del organismo había sido vulnerada.
El clima de tensión se venía gestando. A fines del año pasado, la Secretaría de Turismo que conduce Daniel Scioli suspendió el financiamiento de encuestas sectoriales porque los resultados no eran de su agrado, lo que dejará sin datos oficiales sobre la actividad. Además, en agosto de 2025, renunciaron en menos de 24 horas los responsables de medir la inflación y la pobreza, en un hecho que hoy adquiere una nueva y alarmante dimensión.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del INDEC convocó a una conferencia de prensa para hoy, alertando sobre la situación y exigiendo, una vez más, un instituto «independiente del poder político». En un comunicado, los trabajadores expresaron su preocupación y recordaron un oscuro antecedente: la intervención política del organismo en 2007, también motivada por la incomodidad oficial con los datos de inflación.
En su carta de despedida, Lavagna fue sutil pero firme. «El sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose», escribió, y confió en que «próximamente se podrá actualizar el marco normativo». Entre líneas, el mensaje era claro: su salida no es el fin de una gestión, sino el testimonio de un retroceso en la lucha por estadísticas creíbles, un recurso esencial para cualquier democracia. La batalla por los números, que reflejan la realidad de millones, acaba de entrar en una fase crítica.
