Mediante un decreto presidencial, el Gobierno nacional extendió por un año la administración extraordinaria de la plataforma educativa. La medida busca consolidar el proceso de reestructuración iniciado en 2024 bajo la emergencia pública.
En un movimiento que consolida la política de reordenamiento del sector público, la administración de Javier Milei oficializó la continuidad de la intervención sobre Educ.Ar Sociedad del Estado. La determinación, plasmada en el Decreto 82/2026 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, prolonga por doce meses más el control extraordinario de la entidad encargada de los programas de tecnología educativa.
La firma del presidente Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, rubricó la disposición que mantendrá bajo administración interventora a la sociedad a partir del próximo 4 de febrero. El mismo instrumento legal otorgó a la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, la atribución de ampliar una última vez el plazo hasta el año 2027, si así se considerara necesario.
Paralelamente, el Ejecutivo ratificó en el cargo al ingeniero Gastón Mariano Martín como responsable específico de la intervención en Educ.Ar, quien seguirá al frente del plan de reajuste dentro de los lineamientos libertarios que impulsa la gestión nacional.
Esta nueva extensión se inscribe en una secuencia de decisiones previas, entre las que se cuentan el Decreto N° 117/2024 y la Decisión Administrativa N° 4/2025, que ya habían establecido una primera prórroga. El marco general de este proceso se remonta al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en múltiples áreas del Estado y sentó las bases para la conversión de sociedades estatales en sociedades anónimas, derogándose para ello la antigua Ley N° 20.705.
Según los fundamentos expuestos en el texto oficial, la prolongación de la intervención obedece a la complejidad inherente a las tareas requeridas para normalizar el funcionamiento de la plataforma digital y de iniciativas emblemáticas como el programa Conectar Igualdad. El documento advierte que una conclusión apresurada de la administración interventora podría generar una fragmentación en los procesos de decisión y un debilitamiento en los mecanismos de control y gestión, comprometiendo los objetivos de la reestructuración.
Cabe recordar que, en su origen, la intervención se aplicó de manera simultánea a Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, bajo un esquema unificado de reorganización. En aquella oportunidad, se designó al letrado Diego Martín Chaher como interventor general del grupo, actuando de manera honoraria en la mayoría de los casos, y a Sebastián Marías como interventor adjunto.
A estos administradores provisionales se les confirió las facultades propias de los directorios y las presidencias de cada entidad, con el mandato de elaborar un plan integral de reformulación y acción para su elevación al Poder Ejecutivo. Entre sus amplias atribuciones se encontraban la modificación de estatutos, la revisión de la administración financiera, la alteración de los reglamentos de contratación y la disposición de auditorías exhaustivas sobre los bienes e instalaciones.
Las autoridades han subrayado que esta nueva prórroga tiene como propósito fundamental consolidar los cambios estructurales ya iniciados y garantizar una transición ordenada hacia un régimen de gestión regular, evitando cualquier retroceso o discontinuidad en el profundo proceso de transformación emprendido.
