Mientras el gobierno trasfiere al sector privado la fiscalización de instrumentos esenciales, desde balanzas hasta equipos médicos, el organismo exige fundamentos legales y advierte sobre el riesgo para la población. Legisladores se suman al reclamo en medio de un conflicto que pone en jaque la soberanía técnica del Estado.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) enfrenta una ofensiva sistemática desde la asunción del gobierno de Javier Milei, en un escenario donde la reducción del aparato estatal se ha convertido en política central. Más allá de los despidos y el vaciamiento progresivo de sus recursos, el organismo vive ahora el cercenamiento de una de sus funciones históricas: la Metrología Legal. Esta área, dedicada a garantizar la precisión y confiabilidad de instrumentos de uso masivo, perdió su potestad de control tras una decisión gubernamental que transfirió esas tareas al ámbito privado.
Hasta diciembre pasado, la verificación de balanzas comerciales, surtidores de combustible, alcoholímetros y equipos médicos dependía exclusivamente de la rigurosa labor técnica del INTI. Ahora, sin esa atribución, la dirección encargada de tales controles queda sin razón de ser, en lo que trabajadores del organismo califican como un golpe a la protección ciudadana. La medida ha generado alarma entre sectores que ven en esta desregulación un peligro latente para la transparencia en el comercio y la seguridad pública.
En respuesta, un grupo de diputados de izquierda elevó un pedido de informes a la Secretaría de Industria y Comercio y a las autoridades del INTI, exigiendo los fundamentos normativos que justifiquen la eliminación de esas competencias. Giselle Santana, empleada del instituto, destacó la importancia de este respaldo parlamentario: “Para quienes venimos luchando y visibilizando lo que significa esta decisión arbitraria e ilegítima, el apoyo legislativo es crucial”.
El reclamo se inscribe en una serie de acciones de resistencia que el INTI viene desplegando desde hace meses, en un intento por evitar lo que sus trabajadores denominan “el desguace de la capacidad técnica del Estado”. La incertidumbre sobre el futuro de los controles metrológicos se suma a un clima de precarización interna, donde el fantasma del cierre total aún ronda los pasillos del organismo.
Mientras el oficialismo insiste en avanzar con su agenda de desregulación, la pulseada por la Metrología Legal expone una tensión más profunda: el lugar de la ciencia y la técnica en la gestión pública, y los límites de una política que, según sus críticos, privilegia el mercado por sobre el bienestar colectivo.
