Tras la remoción de Lavagna, el INDEC se sume en una crisis de credibilidad. El ministro Caputo expone públicamente datos preliminares, en una violación sin precedentes al secreto estadístico, mientras el Gobierno decide retroceder dos décadas en la medición de la inflación para evitar el impacto de las tarifas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encuentra sumido en un clima de profunda desorganización y tensión interna tras la intervención política del Gobierno de Javier Milei. Lo que era una institución técnica se ha convertido en un campo de batalla donde priman las sospechas, las acusaciones cruzadas y decisiones apresuradas que comprometen la seriedad de las estadísticas públicas.
El epicentro del conflicto se sitúa en la violación del secreto estadístico por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. En un hecho inédito, el funcionario utilizó su cuenta en la red social X para blanquear que conocía con anticipación la cifra estimada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), atribuyéndole la información al entonces director del organismo, Marco Lavagna, y a su reemplazo, Pedro Ignacio Lines. Esta revelación pública de un dato sensible, que puede ser utilizado para la especulación financiera, constituye una transgresión flagrante a la ley que rige al INDEC y profundiza el desprestigio de sus mediciones.
Según pudo conocer este diario, la controvertida jugada de Caputo responde a una teoría conspirativa que circulaba en el entorno presidencial. Allí se sospechaba que Lavagna, a pesar de su distanciamiento del espacio político que lo vio surgir, estaría operando desde dentro para perjudicar al Gobierno, filtrando estimaciones de una inflación más baja. La renuncia sorpresiva del experto estadístico, motivada por un malestar insostenible ante los constantes bloqueos, dejó al descubierto la improvisación oficial.
La decisión del Presidente y su ministro de abortar la implementación de una nueva fórmula para calcular el IPC, ya anunciada incluso por los directivos del INDEC y elogiada por el Banco Central por su “mayor claridad comunicacional”, revela la verdadera intención detrás del caos: evitar a toda costa que el impacto del fuerte aumento tarifario de enero, febrero y marzo se refleje con toda su crudeza en el indicador oficial. El propio titular del BCRA, Santiago Bausili, había anticipado días antes que la inflación del primer trimestre sería más alta de lo esperado, encendiendo las alarmas en la Casa Rosada.
La medida, sin embargo, tiene un costo técnico y de credibilidad altísimo. Para esquivar el golpe de las tarifas, el Gobierno ha optado por retroceder en el tiempo y mantener vigente una metodología de medición basada en una canasta de consumo de 2004. Este anacronismo estadístico implica que, para calcular la inflación del Argentina de 2024, se sigue ponderando el precio de artículos que han desaparecido o son residuales en los hogares, como nafta común, reparaciones de fax, máquinas de escribir, walkman, discman, disquetes, rollos de fotografía y el alquiler de películas en videoclub.
Dentro del organismo, la incertidumbre es absoluta. La crisis de credibilidad paraliza la estructura y la desinformación reina. Las autoridades técnicas del área del IPC ni siquiera fueron notificadas oficialmente sobre la reversión a la fórmula antigua, descubriendo por indirectas que deberán publicar el próximo 10 de febrero un índice que consideran obsoleto.
Expertos consultados por este medio coinciden en que la exposición pública de un dato preliminar por parte de Caputo es un hecho gravísimo y sin precedentes, pero subrayan que es aún más grave la decisión política de “medir mal” la inflación a propósito. El INDEC, nuevamente, queda atrapado en el fuego cruzado de una batalla política, donde la precisión técnica y la transparencia son las primeras bajas. Lo que se juega en este polvorín no es solo una cifra, sino los últimos vestigios de confianza en una herramienta fundamental para cualquier economía.
