Los intentos del sindicalismo por desactivar la iniciativa oficial chocan con postergaciones y agendas esquivas. En un clima de creciente presión, las centrales obreras redoblan la apuesta con medidas de fuerza mientras analizan el frágil mapa político en el Congreso.
El camino de negociación trazado por la Confederación General del Trabajo para intentar neutralizar el avance de la reforma laboral sufrió un pronto contratiempo. Las dos primeras conversaciones clave con mandatarios provinciales, consideradas esenciales para esa estrategia, no lograron siquiera iniciarse, generando un clima de desconfianza y especulaciones políticas.
Según confirmaron fuentes de la conducción cegetista, los encuentros pautados a fines de la semana pasada con los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, fueron suspendidos de manera abrupta por las contrapartes, alegando problemas de agenda. No obstante, desde el sindicalismo albergan serias dudas sobre esa explicación, sospechando que se trata de una dilación mientras los ejecutivos provinciales mantienen canales abiertos de diálogo con el gobierno nacional. La situación adquirió un tinte aún más confuso cuando desde el entorno de Llaryora se desmintió la existencia misma de una reunión agendada, calificando la información como sorpresiva.
Este freno inicial se extiende a otros mandatarios del norte argentino, como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, con quienes tampoco se pudieron concretar citas. Ante este panorama de puertas que se cierran, la CGT optó por concentrar sus esfuerzos en una convocatoria interna de alto voltaje: un Consejo Directivo “reforzado” previsto para el próximo viernes, donde se definirán los próximos pasos.
La presión social, sin embargo, ya se está organizando por otros carriles. Un conjunto de veinticinco sindicatos, con representación en la CGT y en las dos Centrales de los Trabajadores Argentinos, acordaron en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica un plan de movilizaciones callejeras. La primera protesta está programada para este jueves en la ciudad de Córdoba, y la segunda tendrá lugar en Rosario la semana siguiente. Resulta significativo que sean justamente las provincias cuyos gobernadores eludieron el diálogo con los triunviros.
Ambas CTA, la Autónoma liderada por Hugo “Cachorro” Godoy y la de los Trabajadores conducida por Hugo Yasky, ratificaron su rechazo absoluto al proyecto oficial. Godoy lo tildó de “ataque directo a los derechos del pueblo y un golpe a la democracia”, rechazando el discurso oficial sobre una “modernización” y denunciando una “regresión brutal” hacia condiciones del siglo XIX. Yasky, por su parte, vinculó la reforma laboral con el ajuste económico, afirmando que buscan “descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo” y alertando sobre los alarmantes niveles salariales en el país.
El rechazo también resonó en el ámbito industrial. Treinta y cinco gremios agrupados en la CSIRA realizaron un análisis crítico del proyecto en la sede del SMATA, con la participación del senador Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz. Los oradores coincidieron en señalar el carácter lesivo de la iniciativa para los trabajadores. Recalde desmitificó la idea de que estas reformas generen empleo, recordando que períodos con mayor protección laboral coincidieron con los índices más bajos de desocupación. Siley alertó que la norma “facilita los despidos, no crea empleo”, mientras que Ruiz acusó al gobierno de intentar “matar la Justicia Nacional del Trabajo”, sosteniendo que la creación de empleo depende del modelo económico y no del debilitamiento de las leyes laborales.
En medio de este tenso escenario, gobernadores como Martín Llaryora navegan un delicado laberinto político. Aunque públicamente ha admitido la necesidad de discutir “nuevas modalidades” laborales, también pidió que no se cercenen derechos. Su dilema es profundo: debe gestionar el fuerte apoyo que La Libertad Avanza tiene en su provincia, enfrentar el conflicto abierto con gremios locales por una reforma previsional reciente, y contener las tensiones internas dentro de su propio espacio político, que le reclaman una definición clara.
Desde el schiarettismo le exigen que asuma el liderazgo y “no tire la pelota afuera”, recordando que la conducción política es responsabilidad de quien gobierna. En el Congreso, los legisladores cordobeses observan con cautela. En el Senado, donde su peso es limitado, minimizan la urgencia. En Diputados, en cambio, prefieren esperar a ver qué texto sobrevive al tratamiento en la Cámara Alta, confiando en que algunos de los puntos más conflictivos —como la ultraactividad o los sindicatos por empresa— podrían modificarse en el camino.
Un aspecto crucial que une a todos los gobernadores es la preocupación por el artículo 191 del proyecto, que reduce el Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable. Su eventual aprobación significaría un nuevo golpe a las ya debilitadas finanzas provinciales, que en enero pasado registraron una caída del 6.7% en las transferencias automáticas nacionales respecto al año anterior. Córdoba se encuentra entre las jurisdicciones más afectadas. Esta presión fiscal, sumada a la utilización política de los Aportes del Tesoro Nacional como herramienta de premio o castigo, completa un cuadro donde la reforma laboral trasciende lo sindical para convertirse en un nudo crítico de la relación Nación-provincias y de la propia gobernabilidad.
