Una resolución oficial limita a seis meses los contratos en el sector público para personas mayores de 65 años, afectando especialmente a quienes no alcanzan los requisitos jubilatorios. La medida impulsa a los trabajadores a solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor, de menor monto y sin derechos plenos.
En una decisión que ha generado amplia preocupación, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, estableció una restricción temporal para los contratos de empleados públicos que superan los 65 años de edad. La normativa, que limita a seis meses la duración de estos vínculos laborales, impacta con severidad en aquellos trabajadores que no han acumulado los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.
La disposición obliga a los organismos estatales a presentar, como condición para renovar contrataciones no permanentes, una constancia de intimación a jubilarse dirigida a quienes ya alcanzaron la edad legal. No obstante, una parte significativa de estos empleados carece de los requisitos para obtener una jubilación contributiva, lo que los coloca ante un futuro inmediato sin empleo y sin la posibilidad de completar los años de aporte requeridos.
Frente a este escenario, la alternativa inmediata para muchos sería acogerse a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor equivale al ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y alcanza actualmente los $279.443. Esta prestación, sin embargo, no incluye derechos a pensión por fallecimiento ni ofrece los beneficios integrales de una jubilación tradicional, limitándose únicamente a brindar acceso al sistema de salud del PAMI.
La medida se enmarca en un contexto de profunda transformación y ajuste dentro de la Administración Pública Nacional, que registró una reducción interanual del 7,2% en su planta laboral hacia fines del año pasado. Según datos del Centro CEPA, en términos concretos, desaparecieron más de 63.000 puestos de trabajo, lo que representa una disminución de casi el veinte por ciento en el personal del Sector Público Nacional.
Cabe recordar que, meses atrás, el mismo ministerio había iniciado un proceso similar de intimación dirigido a unos 10.000 empleados estatales que sí cumplían con las condiciones para jubilarse. La actual resolución, sin embargo, extiende las consecuencias a un grupo particularmente vulnerable: trabajadores con décadas de servicio pero con historiales de aportes incompletos.
La situación se agrava si se considera que, desde hace un año, el Gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional establecida por ley, mecanismo que permitía regularizar períodos sin aportes y que fue la vía de acceso para seis de cada diez nuevas jubilaciones durante 2024. Su eliminación anticipa un impacto social de consideración, dejando sin opciones formales a miles de personas próximas a la edad de retiro.
Voces críticas no se han hecho esperar. Rodolfo Aguiar, secretario general de la ATE nacional, calificó la decisión como “cruel e inhumana”, subrayando que condena a los trabajadores a la desocupación, la pérdida de su obra social y, fundamentalmente, a la imposibilidad de acceder a una jubilación. “En este momento el Gobierno presiona a los trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, afirmó el dirigente sindical.
En paralelo, se observa que la aplicación de esta política podría generar disfunciones operativas en áreas estatales donde el personal mayor es el único con conocimientos técnicos especializados o donde las dotaciones ya se encuentran por debajo del mínimo necesario para el funcionamiento regular.
Los números revelan, además, una tendencia ascendente en la actividad laboral de adultos mayores: en la Argentina, casi 1.100.000 jubilados se mantienen activos, lo que representa un aumento del sesenta por ciento respecto a una década atrás. Este fenómeno refleja, según analistas, las dificultades económicas estructurales que atraviesan muchos hogares.
La combinación de restricciones laborales, eliminación de moratorias y reducción acelerada del empleo público configura un escenario complejo para miles de trabajadores que, tras años de servicio, enfrentan ahora un futuro incierto y un sistema previsional que parece alejarse de sus posibilidades reales de acceso.
