La sorpresiva dimisión de Marco Lavagna al frente del organismo estadístico revela el conflicto por la postergación de la actualización metodológica del IPC. Un análisis técnico demuestra que, con los nuevos parámetros, la inflación de enero habría sido mayor y el deterioro salarial, más profundo, poniendo en evidencia la discrecionalidad del Gobierno de Milei sobre los datos económicos.
La renuncia del hasta hace pocos días director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Lavagna, ha dejado al descubierto una profunda injerencia política del Gobierno de Javier Milei en la elaboración de los índices oficiales. El conflicto se centró en la medición del Índice de Precios al Consumidor, cuya esperada actualización metodológica fue abruptamente suspendida, generando sospechas sobre la intención de maquillar las cifras de inflación y, por consiguiente, la evolución real del poder de compra de los argentinos.
El ahora ex titular abandonó su cargo apenas una semana antes de la publicación prevista para el IPC de enero, la cual iba a incorporar por fin una nueva estructura de ponderadores basada en pautas de consumo más actuales. Su salida fue inmediatamente sucedida por el nombramiento de Pedro Lines, hasta entonces director técnico del organismo, consolidando un cambio en la cúpula en un momento de extrema sensibilidad estadística.
Según un exhaustivo informe de la consultora PxQ, liderada por el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, la aplicación de la metodología postergada habría arrojado para el primer mes del año una variación mensual del 3%, superando holgadamente el 2,5% que anticipaba y ratificaba públicamente el ministro Luis Caputo. Esta divergencia no es caprichosa: responde a un mayor peso relativo de los servicios, especialmente de los aumentos tarifarios provinciales, en la canasta de consumo moderna.
La investigación técnica reconstruye el impacto de haber implementado los ponderadores derivados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, en reemplazo de la obsoleta base 2004/05 que aún se utiliza. El ejercicio es revelador: los ajustes en tarifas de provincias habrían contribuido con 0,8 puntos porcentuales al índice de enero bajo la nueva metodología, contra solo 0,5 puntos en el esquema vigente. Esta diferencia obedece a que la estructura de consumo actual asigna una importancia mayor a rubros como vivienda, agua, electricidad y gas, cuyo peso creció más de 5 puntos porcentuales, mientras que se redujo la incidencia de partidas como alimentos y vestimenta.
El ministro Caputo, al defender la postergación, argumentó que la actualización se realizará sólo cuando el «proceso de desinflación esté consolidado», desoyendo tanto los estándares internacionales —que recomiendan revisiones quinquenales— como la necesidad de transparencia. Sin embargo, el análisis de PxQ sugiere que el motivo podría ser más coyuntural: utilizar una canasta desactualizada, que subestima el peso de los servicios, permite presentar una inflación sistemáticamente menor durante períodos de fuertes ajustes tarifarios.
Las implicancias trascienden el dato mensual. Al replicar la serie histórica, la consultora encuentra que la divergencia más abultada se registró durante el turbulento 2024. De haberse usado la metodología actualizada, la inflación de ese año habría alcanzado el 132,2%, muy por encima del 117,8% oficial, abriendo una brecha de 16,1 puntos porcentuales. Esta diferencia no es un mero ejercicio académico, sino que distorsiona la percepción completa del ciclo inflacionario reciente.
El efecto más contundente y socialmente relevante se observa en el poder adquisitivo. Al deflactar los salarios con el IPC bajo la nueva metodología, la pérdida real de los haberes registrados del sector privado desde el inicio del Gobierno se amplía notablemente: la caída pasa del 1,2% (con la medición actual) a un 5,5%. Esta ampliación de la brecha revela cómo la manipulación estadística no solo altera un número, sino que oculta la verdadera magnitud del deterioro en los ingresos de las familias.
La salida de Lavagna, por tanto, no fue un mero cambio administrativo. Se erige como un síntoma elocuente de una administración que, en lugar de garantizar transparencia y rigor técnico, opta por administrar la percepción de la realidad económica. Al demorar una actualización metodológica largamente atrasada y necesaria, el Gobierno elige tapar el sol con la mano, sacrificando la credibilidad estadística en el altar de un relato que busca minimizar el costo social de sus políticas.
