Mientras el oficialismo y sectores dialoguistas pactan modificaciones al proyecto, se debate la eliminación de los polémicos artículos que reducen impuestos a las empresas. La estrategia sería revelar los cambios en plena sesión, buscando descolocar a la oposición.
En el hermetismo de la Casa Rosada, el Gobierno Nacional avanza en un complejo entramado de negociaciones para conseguir la aprobación de su reforma laboral. Según pudo conocer este diario, se han acordado diversas modificaciones al texto original con bloques legislativos afines, aunque la decisión final sobre los artículos más controvertidos –aquellos que recortan el impuesto a las Ganancias para las compañías– permanece en suspenso y genera fuertes debates internos.
La jefa de bloque de La Libertad Avanza, senadora Patricia Bullrich, mantuvo un encuentro reservado con un conjunto de senadores oficialistas y aliados que respaldaron la ley de Presupuesto. En esa reunión se pactó expresamente que ningún detalle de lo convenido sería divulgado con antelación. “Los cambios al dictamen son muchos pero se acordó no informar nada hasta el día de la sesión. En ese momento se discutirán”, afirmó a este medio un legislador con estrecho vínculo con un mandatario provincial peronista.
La táctica diseñada por el oficialismo consiste en presentar las alteraciones a la redacción, así como la supresión de ciertos párrafos, directamente en el recinto durante el debate parlamentario. Este movimiento busca limitar la capacidad de análisis y reacción de las bancadas opositoras, dejándolas en una posición de desventaja al no contar con tiempo suficiente para evaluar el contenido final del proyecto.
Para el próximo lunes está agendada una nueva ronda de conversaciones entre Bullrich y los legisladores colaboracionistas, donde podrían definirse aspectos aún pendientes. Fuentes del entorno oficialista admitieron que “van a haber modificaciones” y señalaron que la definición sobre los artículos 190 y 191 –el capítulo impositivo que genera malestar en varias provincias por su impacto en los recursos coparticipables– sigue abierta.
No obstante, desde un despacho oficial en la sede del Poder Ejecutivo se indicó que, por el momento, la tendencia es la eliminación de ambos artículos discordantes. Esta postura contrasta con las declaraciones emitidas por los portavoces de la mesa política apenas días atrás. De concretarse esta baja, el punto más conflictivo de la iniciativa quedaría excluido, allanando el camino para que el presidente Javier Milei asegure el respaldo necesario a la normativa que busca flexibilizar las condiciones laborales.
Sin embargo, no todas las inquietudes han encontrado eco en el oficialismo. Una senadora planteó objeciones a la eliminación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo, sin recibir una respuesta favorable. Por su parte, el radicalismo propuso que el Fondo de Cese Laboral establezca aportes diferenciados según la dimensión de las empresas. Otra preocupación compartida por algunos gobernadores es la privatización de la administración de las inversiones destinadas a subsidiar indemnizaciones, una medida que, advierten, podría afectar el financiamiento de las cajas de jubilaciones provinciales.
En paralelo a las tratativas legislativas, un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene canales de diálogo con la exministra Bullrich. El objetivo de la central obrera es intentar modificar la formulación de puntos neurálgicos de la reforma sindical, particularmente aquellos referidos a la recaudación de las cuotas gremiales y a las restricciones sobre el derecho de huelga. Este frente de negociación, más discreto pero igualmente crucial, añade otra capa de complejidad al destino final de un proyecto que busca transformar profundamente el mundo del trabajo en la Argentina.
