Un informe privado revela una fuerte suba semanal de precios en alimentos, la más alta desde diciembre, mientras el escándalo por el cambio en la medición oficial comienza a generar turbulencias financieras y alertas sobre negociaciones salariales.
En un contexto de marcada incertidumbre por la polémica modificación en la elaboración del índice oficial de precios, un relevamiento privado arroja datos alarmantes sobre la evolución del costo de vida. Según la consultora LCG, durante la primera semana de febrero la inflación en alimentos y bebidas registró un incremento del 2,5%, marcando la suba semanal más pronunciada desde el inicio de la actual administración nacional.
Esta escalada interrumpe una racha de más de diez semanas con variaciones inferiores al uno por ciento, confirmando una preocupante aceleración en la dinámica de precios. De hecho, el promedio mensual de los últimos veintiocho días se ha duplicado, situándose en un 1,6%. El informe detalla que más de las tres cuartas partes del aumento semanal se concentró en dos rubros críticos: panificados y bebidas, ambos con alzas que superaron holgadamente el seis por ciento en sólo siete días. Bebidas e infusiones lideraron este ascenso con un 7,3%, seguidos por panificados, cereales y pastas, que subieron un 6%.
La consultora advirtió que la dispersión en las variaciones de precios se amplió notablemente, con valores extremos más marcados. Los productos que experimentaron incrementos alcanzaron al diecisiete por ciento de la canasta monitoreada, un registro dos puntos superior al de la semana anterior. Pese al pico semanal, el análisis mensual matiza que el rubro bebidas actuó como un factor moderador en los promedios de otros productos básicos, como carnes y verduras, que acumulan incrementos superiores al cuatro por ciento en los últimos treinta días.
Más allá de los fríos números, el escándalo desatado por la intervención en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comienza a mostrar repercusiones concretas que trascienden el debate sobre la credibilidad institucional. Analistas financieros atribuyen parcialmente la mala performance de los activos argentinos en las jornadas del martes y el miércoles a esta crisis. La consultora Outlier señaló que, ante un contexto regional positivo, resulta difícil no adjudicar el relativo bajo desempeño del mercado local al «inoportuno ruido» generado, el cual llega tras un enero favorable para el Gobierno en los mercados.
Los especialistas también alertan sobre un sinfín de problemas prácticos que se extenderán en los próximos meses, hasta que se normalice la publicación del Índice de Precios al Consumidor. La cuestión más inmediata afecta a las negociaciones salariales. «Hay un gran problema con las paritarias. ¿Con qué índice van a empezar a discutir los sindicatos? Esto desancla las expectativas de desinflación», advirtió la consultora Montagu, destacando que la situación genera temor a que se haya «tocado» el indicador base. Esta indeterminación también golpeará el poder adquisitivo de los jubilados y afectará a los ahorristas con plazos fijos indexados por la inflación.
Finalmente, en los círculos financieros se especula con posibles efectos negativos en la próxima ronda de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya misión técnica arribará al país en los próximos días. La sanidad de las estadísticas públicas es un componente esencial dentro de los compromisos que el organismo internacional exige cumplir. Un ex negociador de la deuda soberana recordó que Argentina se había comprometido a lanzar un nuevo IPC dentro del programa vigente, y que existe una tradición de adaptar las estadísticas a los estándares internacionales custodiados por el propio Fondo. Este episodio, por lo tanto, introduce un elemento de tensión imprevisto en un diálogo clave para la economía nacional.
