El lento avance de la causa judicial y la inminencia de un juicio oral reabren las heridas de una catástrofe que dejó diez víctimas. Familiares y testigos cuestionan las demoras y señalan poderosos obstáculos en la búsqueda de la verdad.
Doce años han transcurrido desde aquella madrugada nefasta en Barracas, cuando las llamas devoraron un galpón en la calle Azara y sepultaron bajo escombros a diez integrantes de los cuerpos de Bomberos y Defensa Civil. La tragedia de Iron Mountain, lejos de hallar un cierre, permanece abierta como una herida judicial y social, marcada por dilaciones, misterios y la sombra de influencias poderosas.
El incendio, posteriormente confirmado como intencional, no solo truncó vidas, sino que habría servido de cortina de humo para ocultar una trama compleja de ilícitos económicos. Entre los escombros carbonizados emergieron indicios de lavado de activos, sobornos y datos sensibles vinculados a cuentas en paraísos fiscales de corporaciones multinacionales, incluyendo al gigante financiero JP Morgan y al banco HSBC. También se hallaron rastros documentales conectados a fideicomisos del Grupo Clarín y Cablevisión, así como a empresas ligadas al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y a su padre, Franco Macri.
A pesar de la gravedad de estos hallazgos, la investigación avanzó con exasperante lentitud durante una década, sumida en plazos vencidos, recursos dilatorios y cambios de jueces. Recientemente, se anunció la posible convocatoria a un juicio oral y público, aunque la fecha permanece incierta y la decisión no está firme. Para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, la proximidad de este posible juicio genera una mezcla de esperanza y profunda desconfianza.
“La causa siempre estuvo dormida porque hay intereses de mucha gente”, afirma con amargura un familiar cercano a uno de los bomberos fallecidos, reflejando un sentimiento generalizado entre los querellantes. La relevancia de los posibles implicados como autores intelectuales del siniestro siembra dudas sobre si el proceso llegará finalmente a puerto o naufragará ante nuevas presiones.
Mientras el expediente judicial acumula polvo y pericias, el recuerdo de los diez caídos se mantiene vivo. Sus nombres —Sebastián Campos, Juan Matías Monticelli, Anahí Garnica, José Luis Méndez, Leonardo Day, Eduardo Adrián Conesa, Maximiliano Martínez, Pedro Baricola, Facundo Ambrosi y Damián Véliz— son evocados cada aniversario, junto al de los siete heridos que sobrevivieron a la catástrofe.
Hoy, a más de una década de aquel febrero trágico, la pregunta que flota en el aire es la misma que resuena en los pasillos de los tribunales: ¿podrá la justicia vencer, finalmente, el peso de los intereses que durante tanto tiempo la mantuvieron en silencio? El tiempo, ese testigo mudo de la tragedia, parece correr aún más lento para quienes aguardan respuestas.
