El Ejecutivo nacional insiste ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revocar el arresto domiciliario de la dirigente social, mientras organizaciones humanitarias denuncian una campaña de hostigamiento y advierten sobre su delicado estado de salud.
En un giro que marca una confrontación directa con el sistema interamericano de derechos humanos, el Gobierno nacional ha intensificado su ofensiva para que la dirigente social Milagro Sala abandone su arresto domiciliario y sea reinstalada en una unidad penitenciaria. La iniciativa, plasmada en un comunicado oficial emitido este jueves desde el Ministerio de Justicia, cuestiona abiertamente las medidas provisionales de protección que desde noviembre de 2017 rigen a favor de Sala, dictaminadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ante el grave deterioro de su salud.
La presentación pública de Joaquín Mogaburu como flamante subsecretario de Derechos Humanos se concretó precisamente a través de ese documento, donde se arremetió contra la líder de la Túpac Amaru. El texto, de tono enérgico, sostiene que los derechos humanos no deben servir para “blindar a condenados” y afirma que el único lugar para quienes han cometido delitos es la cárcel. Esta declaración oficial reactiva un pedido que la administración actual ya había formulado ante el tribunal internacional hace más de un año, pero al que ahora imprime una retórica beligerante y un tono estigmatizante.
El argumento central de las autoridades se ancla en una condena firme de quince años de prisión que pesa sobre Sala, originada en la justicia de Jujuy. Desde ese ámbito judicial, alineado históricamente con el poder político provincial, se reclama insistentemente que la dirigente regrese a su provincia natal para cumplir la pena en una cárcel común, dejando atrás la ciudad de La Plata, adonde se trasladó a fines de 2023 para acceder a tratamientos médicos especializados que no recibía en su tierra.
Sin embargo, esta postura choca frontalmente con las advertencias y resoluciones de los organismos internacionales. La Corte-IDH, al otorgar las medidas cautelares hace más de siete años, fundamentó su decisión en la “extrema gravedad y urgencia” de la situación sanitaria de Sala, subrayando el riesgo de un “daño irreparable” a su vida e integridad. Una postura que, en su momento, recibió el aval incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para las organizaciones que acompañan a la referente social, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y ANDHES, la nueva embestida gubernamental representa un capítulo más de una larga historia de persecución judicial. Elizabeth Gómez Alcorta, exministra y parte del equipo legal de Sala, calificó la publicación oficial como un acto que solo busca “generar una noticia para hacer política”, agravando innecesariamente el sufrimiento de una persona con un frágil estado de salud.
La salud de Milagro Sala, efectivamente, constituye un eje crítico en esta controversia. Desde la imposición de la detención domiciliaria, su condición no ha cesado de agravarse, atravesando además pérdidas familiares devastadoras. Apenas a finales de enero, concluyó una internación hospitalaria, y sus defensores debieron gestionar permisos judiciales excepcionales para que pueda continuar con su tratamiento médico fuera del domicilio que le sirve de prisión.
Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otra pieza clave en este proceso, ha hecho saber recientemente su posición favorable a mantener las medidas de protección. En una comunicación a la que este diario accedió, el organismo instó al Estado argentino a adoptar todas las acciones necesarias para garantizar la vida y la salud de Sala, refiriéndose en particular a un episodio de intromisión de funcionarios jujeños en el hospital donde era atendida, ocurrido en diciembre pasado.
Diego Morales, director de Litigio del CELS, precisó que en el ámbito interamericano se debaten dos cuestiones centrales: la vigencia de las medidas cautelares que el Gobierno ahora pretende revocar, y las denuncias por el mismo proceso judicial que llevó a las condenas, plagado –según la defensa– de irregularidades y falta de imparcialidad. “El Gobierno niega el hostigamiento judicial en el comunicado, pero es precisamente lo que estamos discutiendo ante el sistema interamericano”, remarcó.
La estrategia gubernamental, que adopta un lenguaje de mano dura contra la prisión domiciliaria en este caso, contrasta con su silencio ante situaciones análogas en causas por delitos de lesa humanidad. Según datos oficiales, en esos expedientes la amplia mayoría de los condenados cumple pena en sus domicilios, un dato que pone en relieve la selectividad del discurso oficial.
La pulseada, así, trasciende el caso puntual y proyecta una sombra sobre el compromiso del Estado argentino con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. El destino de Milagro Sala se ha convertido en un símbolo de esta tensión, mientras su salud sigue pendiendo de un hilo y su libertad, de una decisión que enfrenta la voluntad política local con los fallos de la justicia internacional.
