El máximo tribunal rechazó las impugnaciones promovidas por el Gobierno contra jueces de primera instancia y de cámara, al tiempo que se negó a apartarse del expediente. La decisión se produjo después de que más de 4700 personalidades de la sociedad civil, respaldadas por Amnistía Internacional, urgieran a los cortesanos a intervenir sin dilaciones.
En un revés significativo para la administración de Javier Milei, la Corte Suprema de Justicia desarticuló el intento del Poder Ejecutivo de remover a todos los magistrados que entienden en la controversia por el financiamiento de las universidades públicas. El pronunciamiento del alto tribunal llegó apenas unos días después de haber recibido una misiva impulsada por Amnistía Internacional, suscripta por más de 4700 figuras del ámbito jurídico, académico y social, en la que se exigía una pronta resolución del conflicto.
El Gobierno nacional mantiene una posición de resistencia frente al cumplimiento de la Ley 27.795, que establece el régimen de financiamiento para la educación universitaria y la recomposición salarial del cuerpo docente. En esa línea, el presidente Milei había refrendado el decreto 759/2025, mediante el cual dispuso que la norma no sería aplicada hasta tanto se determinaran las partidas presupuestarias específicas que permitieran afrontar los nuevos gastos.
En respuesta a esa medida, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una acción de amparo de carácter colectivo y logró obtener una cautelar que ordena al Ejecutivo abonar las sumas adeudadas a las casas de altos estudios y a sus profesores. Dicha resolución preventiva fue emitida por el juez Martín Cormick, el mismo magistrado que anteriormente había declarado la nulidad del denominado protocolo antipiquetes impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fallo de Cormick referido al financiamiento educativo fue posteriormente convalidado por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, cuyos integrantes son Sergio Fernández y Alberto Morán.
Frente a este escenario adverso, el Gobierno llevó la discusión a la Corte Suprema con el propósito explícito de demorar el desembolso de las obligaciones a su cargo. Como complemento de esa maniobra dilatoria, la administración nacional planteó una serie de recusaciones contra todos los jueces que tenían intervención en el expediente. La impugnación contra Cormick se fundamentó en su labor docente en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de José C. Paz. En cuanto a Fernández, el Gobierno objetó su participación argumentando que dicta cátedra en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Pero el ataque oficialista no se detuvo en las instancias inferiores. También alcanzó a los propios supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Poder Ejecutivo sostuvo que todos ellos debían excusarse de conocer en el asunto debido a que ejercen la enseñanza en el nivel universitario. Esta embestida jurídica ocurrió en paralelo a una serie de clases públicas que docentes y autoridades de las universidades realizaban en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, con el objeto de recordar a los cortesanos la urgencia de un pronunciamiento definitivo.
Mediante una resolución firmada de manera conjunta por sus tres miembros, la Corte Suprema le recordó al Gobierno que las recusaciones poseen un carácter restrictivo, puesto que implican separar una causa del juez natural establecido por la Constitución y las leyes. En consecuencia, los supremos rechazaron todas las impugnaciones y ratificaron la competencia tanto de Cormick como de los magistrados de la Cámara. Para el máximo tribunal, el hecho de que un juez sea docente universitario o incluso perciba una remuneración por esa actividad no configura un interés personal que pueda afectar su imparcialidad en la resolución del pleito. Por idéntico razonamiento, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron su propio apartamiento del expediente, según confirmaron fuentes del ámbito judicial.
El 1 de junio se incorporó a la causa una carta enviada por Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, dirigida a la Corte Suprema. En esa misiva, más de 4700 personalidades y organizaciones de la sociedad civil solicitan a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que eviten cualquier demora en el tratamiento del financiamiento universitario. El texto sostiene que “esta Corte tiene la oportunidad de reafirmar que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos”, y agrega que “la Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable”. Entre los firmantes figuran jueces como Alejandro Slokar y Daniel Rafecas, además de juristas y académicos de la talla de Andrés Gil Domínguez, Francisco Verbic, Gabriel Ignacio Anitua, Gustavo Arballo, Horacio Corti, Laura Clérico, Luis Niño, Manuel Garrido, Marcelo Raffin, Diana Maffia, Dora Barrancos, Marisa Herrera, Pedro Caminos, Roberto Gargarella y Valeria Thus, entre muchos otros. En forma paralela, la comunidad educativa del colegio Carlos Pellegrini también impulsa un petitorio que será presentado ante la Corte en los próximos días.
