Ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y la profundización del ahogo presupuestario, el gremio docente nacional resolvió escalar las medidas de fuerza. Plantean la necesidad de un plan de lucha unificado con toda la comunidad educativa para defender la universidad pública.
Con un diagnóstico unánime de “asfixia presupuestaria” y “salarios de miseria”, el plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) delineó este viernes una estrategia de confrontación directa contra la política del gobierno nacional. El eje central de la discusión giró en torno a la imperiosa necesidad de forzar el cumplimiento íntegro de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el Ejecutivo intentó derogar sin éxito y que ahora se resiste a aplicar, llegando incluso a apelar un fallo judicial que lo obliga a hacerlo.
Desde la Federación de Docentes de la UBA (FEDUBA), su secretario general, Pablo Perazzi, fue contundente al sostener la falta de credibilidad en las autoridades. “El gobierno primero debe aceptar el cumplimiento de la Ley y luego reabrir la paritaria universitaria, que es el ámbito legítimo para la discusión. Pero como no tenemos confianza, nada puede siquiera evaluarse sin un ‘no inicio’ que nos encuentre nuevamente en la calle”, afirmó Perazzi, subrayando la firmeza requerida en la campaña.
La grave situación descrita por los gremialistas es alarmante. Denuncian que, además de percibir remuneraciones devastadas por la inflación, se les ha suprimido una suma no remunerativa crítica, mientras las casas de estudio de todo el país “apenas funcionan” con un presupuesto insuficiente. La aplicación plena de la ley permitiría, según sus cálculos, recuperar un 46% de masa salarial perdida desde fines de 2023 y elevar el presupuesto universitario de los $4,8 billones actuales a $7,2 billones.
El cuadro se complejiza aún más con la reciente modificación legislativa que eliminó las metas de inversión del 6% del PBI para Educación y del 1% para Ciencia y Técnica. Para la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), esta maniobra no es un mero “ajuste más”, sino el intento deliberado de “avanzar en la destrucción de un sistema público que construyó nuestro pueblo por décadas”, alineando los recursos nacionales con compromisos financieros externos en detrimento del desarrollo soberano.
Frente a este escenario desolador, las medidas acordadas buscan trascender la protesta aislada. Además de un paro y movilización inmediatos contra la reforma laboral, se votó un paro nacional para la semana del 16 al 21 de marzo –a ratificar en asambleas–, la instalación de una carpa itinerante de denuncia en conjunto con otros actores sociales y el compromiso de profundizar las acciones hacia la construcción de una nueva “Marcha Universitaria”. El horizonte final, planteado con firmeza por AGD-UBA, es claro y contundente: “En defensa de nuestro salario y de la universidad pública, vamos por un ‘no inicio’ en 2026”.
Este objetivo máximo requiere, en la visión gremial, una articulación poderosa. Reclaman “retomar las grandes movilizaciones universitarias” que en 2024 colmaron la Plaza de Mayo y forjar un “plan de lucha nacional” que unifique al movimiento educativo en todo el territorio. La consigna es confluir para derrotar no solo el “presupuesto de asfixia”, sino también la proyectada ley de “libertad educativa”, vista como otro paso hacia el desfinanciamiento estatal. El mensaje final es una advertencia y una convocatoria: la defensa de la educación pública exige unidad, determinación y una lucha que ya no admite dilaciones.
