Efectivos activos y retirados se movilizaron en Rosario y la capital provincial, con quema de cubiertas y concentraciones frente a sedes gubernamentales, mientras el Ministerio de Seguridad insiste en mantener los patrullajes y destaca su apoyo a la fuerza.
Un clima de tensión se reinstaló este lunes en Santa Fe tras la reactivación de manifestaciones policiales que, aunque atenuadas, reflejan un persistente descontento entre los efectivos. Frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en el sur de Rosario, y en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, en la Ciudad de Santa Fe, uniformados en actividad y retirados, junto a personal penitenciario y familiares, volvieron a expresar su malestar mediante protestas que incluyeron la quema de neumáticos y concentraciones públicas.
Las movilizaciones surgieron pese al reciente anuncio oficial de un plan de mejoras laborales que contempla incrementos en los ingresos. En Rosario, la escena recordó lo ocurrido días atrás: grupos de agentes se congregaron frente al edificio policial, donde intentaron obstaculizar el acceso vehicular. La intervención de patrullas operativas evitó el bloqueo total del portón, aunque según testimonios recogidos por medios locales, alrededor de veinte móviles fueron inmovilizados por los manifestantes.
Desde el Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, se insistió en que los servicios de patrullaje no sufrieron merma durante la noche y la madrugada, rechazando así cualquier referencia a un posible “acuartelamiento”. No obstante, las imágenes de cubiertas ardiendo sobre la avenida Ovidio Lagos evidenciaron el grado de frustración entre los uniformados.
En paralelo, en la capital provincial, la plaza 25 de Mayo fue el punto de encuentro donde se expusieron una serie de exigencias que trascienden lo salarial. Los participantes adelantaron la presentación de un petitorio que incluye mejoras sustanciales en las condiciones laborales, acceso regular a controles médicos y psicológicos, el reconocimiento formal del Servicio Penitenciario como fuerza de seguridad, y una recomposición económica que contemple la pérdida de poder adquisitivo tanto para los activos como para los jubilados. “No venimos a confrontar, sino a dialogar con claridad”, explicó uno de los manifestantes, aludiendo al deterioro progresivo de sus haberes.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, salió al cruce de la situación al afirmar que la gestión es “pro policía” y que comparte los fundamentos del reclamo. En conferencia de prensa, sin embargo, señaló que se detectaron intentos de desestabilizar el operativo preventivo, atribuyendo algunas acciones a “personal desplazado o allegados con vínculos a delitos graves”. Aseguró que la inversión en seguridad seguirá siendo prioritaria y que, a pesar del malestar, la operatividad no se ha visto comprometida.
Mientras tanto, los manifestantes advirtieron que esta es apenas una de varias medidas previstas para visibilizar su situación, y aguardan una respuesta concreta de las autoridades. El equilibrio entre el reconocimiento institucional de las demandas y la preservación del servicio activo de seguridad se mantiene como el principal desafío para el gobierno santafesino en los próximos días.
