El Ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, confirmó sanciones a agentes e intentó un delicado equilibrio: validar el reclamo salarial «atendible» pero repudiar las acciones de protesta, que atribuyó a sectores «desplazados» y con intereses particulares.
El gobierno de Santa Fe adoptó medidas drásticas tras los incidentes registrados durante la madrugada en Rosario, donde miembros de la policía provincial protagonizaron protestas y acuartelamientos para exigir mejoras salariales. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, compareció este martes para informar que al menos veinte uniformados han sido pasados a disponibilidad y despojados de sus armas, una cifra que, según anticipó, podría aumentar. Además, varios de ellos enfrentarán denuncias por presuntos ilícitos penales.
En una conferencia de prensa celebrada en la misma ciudad, Cococcioni, en representación de la administración del gobernador Maximiliano Pullaro, trazó una línea divisoria en su discurso. Por un lado, calificó de “legítimos” y “atendibles” los reclamos del personal policial, reconociendo que las necesidades de la fuerza guardan una relación directa con la seguridad ciudadana. “Acompañamos la protesta”, afirmó, señalando que el diálogo para mejorar las condiciones laborales sigue abierto.
Sin embargo, el funcionario fue contundente al marcar los límites de esa negociación. Enfatizó que la política salarial no se discute en una paritaria específica policial, sino que se equipara a la de la administración pública provincial, aunque con un diferencial porcentual histórico para el sector, al que admitió “merece un reconocimiento mayor”. Su postura se endureció al referirse a las modalidades de la protesta nocturna: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociaciones la seguridad de la provincia”.
Cococcioni lanzó graves acusaciones contra los impulsores de las medidas de fuerza. Aseguró que detrás de las manifestaciones se habrían “montado” grupos con “intereses particulares y sectoriales”, a los que vinculó con sectores marginales y desplazados de la institución, que en el pasado habrían ostentado posiciones de privilegio. El ministro sostuvo que individuos allegados a policías vinculados a “delitos gravísimos” habrían fomentado acciones violentas y difundido noticias falsas, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo” y “minar la política de seguridad” actual.
Respecto al operativo en las calles, el titular de la cartera de Seguridad admitió que el patrullaje se mantiene “con esfuerzos”, pero sin normalidad, tras el retiro deliberado de al menos veinte móviles urbanos que fueron utilizados para bloquear accesos a la Jefatura de la Unidad Regional II. Advirtió sobre las graves consecuencias legales que podrían afrontar los agentes involucrados si, debido a su ausencia, se consumara algún delito.
Finalmente, Cococcioni defendió con firmeza la estrategia de seguridad implementada por la provincia y el gobierno nacional, liderado por el ministro Patricia Bullrich. “Le guste a quien le guste, esta es la política que está bajando el delito y la violencia en Rosario y toda la provincia”, sentenció, revelando que la situación está siendo monitoreada en coordinación con las autoridades federales. La crisis abierta expone la tensión entre las demandas internas de la fuerza y la firmeza de un gobierno que se muestra decidido a no ceder ante lo que considera tácticas de presión inaceptables.
