Por octavo mes consecutivo el Índice de Precios al Consumidor acentuó su tendencia alcista, exponiendo el agotamiento del plan de estabilización libertario. En medio de una recesión inducida, el bolsillo de los trabajadores continúa licuándose, la pobreza se profundiza y la manipulación de las estadísticas oficiales terminó de derrumbar la credibilidad del Indec. Mientras el ministro Caputo habla de “reacomodamiento”, los alimentos se dispararon casi 5% y el gremio ATE denunció intromisión política.
La noticia que este miércoles encendió las luces rojas en los despachos oficiales y en las mesas de los hogares argentinos llegó envuelta en una paradoja: el mismo gobierno que prometió sepultar la inflación de un dígito mediante el ancla fiscal y el cepo a la emisión acaba de confirmar que, lejos de extinguirse, el fenómeno se ha enquistado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero se ubicó en 2,9 por ciento, una décima por encima del registro de diciembre, y selló así el octavo mes consecutivo de subas.
El dato, sin embargo, llegó teñido por una polémica que trasciende la cifra en sí misma. Es que el número publicado —todavía elaborado bajo la metodología de 2004— no refleja la verdadera magnitud del deterioro del poder adquisitivo. Tal como anticipó este medio a fines del mes pasado, el Ejecutivo optó por archivar la nueva fórmula de cálculo avalada por el Fondo Monetario Internacional, cuya implementación hubiera arrojado un guarismo superior al 3 por ciento. El costo de aquella decisión política comenzó a saldarse ayer: el organismo estadístico quedó formalmente desacreditado.
El consenso entre especialistas, opositores e incluso los propios trabajadores del instituto es elocuente: el único índice que en la actualidad refleja con cierto rigor la evolución de los precios es el que produce la Ciudad de Buenos Aires. Allí, con una canasta actualizada a 2018, la inflación porteña ya perforó el 3,3 por ciento. La brecha entre lo que el Indec informa y lo que los ciudadanos padecen en los comercios de cercanía se ensanchó hasta volverse abismal.
Alimentos, el termómetro insobornable
Mientras las autoridades se enredan en eufemismos, hay rubros que no admiten maquillaje. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas se disparó 4,7 por ciento en enero, muy por encima del promedio general. Carnes, verduras de estación y tubérculos lideraron los incrementos en todas las regiones del país. El dato no es caprichoso: el rubro que más incidencia tiene en los sectores de menores recursos fue también el que menos pudo ser contenido, pese a la apreciación cambiaria y al respaldo explícito que la administración de Javier Milei recibió desde Washington.
Detrás de los alimentos se ubicaron los restaurantes y hoteles, con un alza del 4,1 por ciento, en una clara señal de que la inflación se ha vuelto inmanejable incluso en segmentos vinculados al ocio y al turismo. En las antípodas, la educación —con subas del 0,6 por ciento— y el rubro indumentaria —que exhibió una baja del 0,5 por ciento— oficiaron como una suerte de anestesia estadística, aunque en la calle nadie festeja.
El fracaso de la receta recesiva
El dato de enero no representa una sorpresa aislada, sino la constatación de un fracaso estructural. El gobierno libertario intentó domeñar la inflación mediante el congelamiento de la economía real y el anclaje del tipo de cambio, sostenido artificialmente con el auxilio financiero internacional que Donald Trump facilitó a través de los organismos de crédito. El resultado fue el peor de los mundos posibles: una economía que no crece, salarios que retroceden y precios que no cesan.
Los economistas denominan a este fenómeno con un término que durante décadas fue casi una rareza en el país y que hoy regresa con crudeza: estanflación. Actividad frenada, consumo en caída libre e inflación enquistada. El plan no sólo no funcionó: empujó a millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza, un dato que recién ahora comenzará a formalizarse en las estadísticas oficiales, siempre que el Ejecutivo no decida también intervenir ese capítulo.
Caputo y el arte del eufemismo
Lejos de asumir responsabilidades, el ministro de Economía salió al cruce de las interpretaciones adversas con un mensaje en sus redes sociales que sorprendió incluso a sus seguidores. Luis Caputo definió la escalada inflacionaria como un mero “reacomodamiento de precios relativos” y sostuvo que la dinámica actual se explica por una “dolarización acumulada” previa a los comicios de octubre. El funcionario evitó cualquier autocrítica y ratificó su fe en la terapia de shock: “El orden fiscal permitirá que la inflación converja a niveles internacionales por primera vez en más de dos décadas”, prometió.
El problema, señalan los analistas, es que esa convergencia prometida no llega y los plazos se agotan. Con los datos de las dos primeras semanas de febrero ya sobre la mesa, fuentes del mercado estiman que el IPC del corriente mes trepará por encima del 3 por ciento. Si la proyección se confirma, el poder adquisitivo de los asalariados habrá acumulado tres períodos consecutivos de retroceso frente a la inflación, en un contexto donde las paritarias se negocian a la defensiva y el gobierno endurece el cepo a las actualizaciones salariales en el sector público.
La renuncia silenciada y el costo de cinco millones de dólares
Para comprender la magnitud del desaguisado estadístico, es necesario retroceder apenas unas semanas. Marco Lavagna, hasta entonces al frente del Indec, había culminado el proceso de actualización del índice de precios, una tarea que demandó cinco años de trabajo técnico y una inversión cercana a los cinco millones de dólares, financiada con asistencia del Banco Mundial y del FMI. La nueva metodología, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, fue validada incluso por el JP Morgan, la banca de inversión que elabora el Riesgo País.
Pero cuando Lavagna intentó dar el paso final, recibió una respuesta que no admitía discusión: el presidente Javier Milei y el ministro Caputo vetaron el cambio. La excusa oficial fue que la nueva serie “rompía la comparabilidad” con los meses anteriores. El presidente del Indec entendió el mensaje y presentó su renuncia. Apenas unos días después, el instituto difundió el IPC de enero calculado con la vieja fórmula, aquella que subrepresenta el peso de los servicios y las nuevas pautas de consumo.
Los trabajadores del organismo fueron tajantes en su diagnóstico. ATE Indec denunció formalmente la “intervención en la estadística pública” y recordó que el gobierno llegó al extremo de tildar de “espías kirchneristas” a los técnicos que durante años trabajaron en la actualización. “Lo que realmente le preocupa al poder político es que el IPC se utiliza para actualizar jubilaciones, asignaciones familiares y es referencia en las negociaciones paritarias”, advirtió el gremio en un comunicado que no dejó margen para la ambigüedad.
Dos denuncias y un mismo patrón
La decisión de archivar el nuevo índice no cayó en saco roto. El diputado nacional Esteban Paulón presentó ante la justicia una denuncia penal contra Luis Caputo, Manuel Adorni y las nuevas autoridades del Indec, Pedro Lines y Josefina Rim. El legislador imputó a los funcionarios los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos, al considerar que la suspensión arbitraria del nuevo IPC repite el esquema de manipulación estadística que en 2007 derivó en condenas firmes contra exfuncionarios del kirchnerismo.
En paralelo, los trabajadores del instituto solicitaron la intervención de la Auditoría General de la Nación y reclamaron la inmediata publicación del índice con la metodología actualizada. “No hay argumento técnico que justifique postergar una herramienta que ya está finalizada”, insistieron desde la junta interna.
Lo que viene: más inflación, menos salario y ninguna rectificación
El escenario que se abre hacia adelante es, cuando menos, sombrío. Con un dólar oficial artificialmente contenido, reservas que no terminan de recuperarse y un ministro que insiste en el ajuste como única brújula, la inflación muestra signos de haberse desacoplado de las variables que el gobierno dice controlar. La pregunta que flota en el ambiente económico es inquietante: si ni siquiera con un tipo de cambio rezagado y auxilio externo se pudo evitar el octavo mes consecutivo de subas, ¿qué sucederá cuando el atraso cambiario ya no pueda sostenerse?
Mientras tanto, los argentinos continúan haciendo sus cálculos con dos velocidades: la del Indec, que marca 2,9, y la de sus propios bolsillos, que ya no reconocen autoridad alguna.
