Con 42 votos afirmativos, el bloque libertario consiguió media sanción para el proyecto que modifica el régimen de trabajo. Los gobernadores y la CGT lograron imponer cambios de último momento, mientras el peronismo mantuvo un bloqueo total. El texto definitivo recién se divulgó después de la medianoche.
El clima en las afueras del Congreso anticipaba lo que adentro se cocinaba en penumbras. La jornada en la que el oficialismo conquistó su primera victoria legislativa en el período extraordinario estuvo atravesada por una represión feroz sobre las organizaciones gremiales que se congregaron para manifestar su repudio, y por un secretismo extremo respecto de los acuerdos que se sellaron a espaldas de la ciudadanía. La media sanción de la Reforma Laboral llegó pasada la madrugada, luego de una novela de idas y vueltas donde las concesiones a los sectores del poder se negociaron hasta el último suspiro.
La correlación de fuerzas en el recinto terminó inclinándose a favor de La Libertad Avanza después de intensas gestiones que incorporaron parte del petitorio elevado por la conducción cegetista, los mandatarios provinciales y los socios parlamentarios más estrechos de la Casa Rosada. El arco justicialista, en cambio, se expresó como un monolito y descartó por completo la iniciativa.
El articulado definitivo recién vio la luz a las 0.36, en momentos en que Patricia Bullrich pronunciaba las palabras finales del debate. Hasta ese instante, las huestes libertarias mantenían conversaciones en los pasillos para garantizar el respaldo en la votación particular de los apartados más resistidos. A pesar de haber introducido más de 28 enmiendas y sostener un diálogo ininterrumpido con las bancadas amigas, aún se aguardaban más concesiones.
Esa coreografía de última hora permitió al oficialismo cosechar el acompañamiento de un arco heterogéneo que incluyó a la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico de Córdoba representado por Luis Juez, Provincias Unidas de Carlos Espinola y Alejandra Vigo, la neuquina Independencia de Beatriz Avila, La Neuquinidad de Julieta Corroza, Primero los Salteños de Flavia Royón, Despierta Chubut de Edith Terenzi y el Frente Renovador de la Concordia misionero, además de los tres integrantes del PRO. Con ese engranaje, el bloque mayoritario alcanzó los votos indispensables para darle estado parlamentario al proyecto en términos generales.
El gesto decisivo llegó cuando los mandatarios provinciales consiguieron que se retirara del texto el segmento que pretendía disminuir la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 31 por ciento. Esa modificación terminó de sellar el respaldo que Bullrich necesitaba para conducir la reforma hacia puerto seguro.
Los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, sobre cuyos posicionamientos se tejían especulaciones, optaron por no ocupar sus escaños al momento de constituir el quórum y se ausentaron en la votación general. Idéntica postura adoptaron los cinco legisladores de Convicción Federal, alineados con sus respectivos gobernadores, los representantes del Frente Cívico por Santiago y, desde luego, la totalidad de los veinte miembros del bloque Justicialista encabezado por José Mayans. De este modo, el peronismo consolidó su rechazo unificado.
Un debate signado por las sombras y los cuestionamientos
Cuando el reloj marcaba el inicio de la sesión, Bullrich ensayó una introducción parca sobre las líneas gruesas de la iniciativa, limitándose a enfatizar que se abordaba una normativa cuya discusión —según su relato— se había postergado desde los albores de la recuperación democrática. El senador Mariano Recalde desbarató rápidamente esa afirmación con una enumeración pormenorizada de las múltiples reformas efectivamente concretadas y de otros tantos intentos fallidos.
La titular del bloque oficialista entregó luego la palabra a dos jóvenes integrantes de su espacio, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero, para que expusieran las innovaciones que se agregarían al dictamen. Al abordar el Fondo de Asistencia Laboral, Olivera Lucero señaló que cada empleador estaría obligado a constituir una cuenta con aportes periódicos para engrosar esa reserva. Fue entonces cuando Recalde interrogó si, ante una situación concursal, el dependiente tendría acceso a esos fondos, dado que la redacción no lo especificaba. La respuesta del senador libertario evidenció titubeos: “Será el magistrado interviniente quien determine si el trabajador puede reclamar al FAL”. Mientras tanto, Bullrich musitaba en el recinto que los pormenores de ese punto se dilucidarían en la etapa de redacción particular.
Recalde se convirtió en el primer orador de la bancada justicialista y trazó un diagnóstico contundente sobre los aspectos más lesivos para la clase trabajadora. Calificó al Fondo de Asistencia Laboral como “una autopista para las extinciones contractuales” y advirtió que se convertiría en “un juguete en manos de los allegados a Caputo para fabricar negocios”. Además, denunció que el manejo del fondo quedaría en manos de gestoras privadas “que se dedicarán a especular”, estableciendo un paralelismo con el extinto sistema de AFJP.
Para el legislador, esta transformación normativa “emana de un espíritu vindicativo” y “no fue concebida para dinamizar el mercado ocupacional”, sino para “aniquilar las conquistas laborales y eliminar la litigiosidad”. Concluyó su intervención exigiendo a sus pares que no se transformaran en “encubridores” del “despido sin costo”.
La catamarqueña Lucía Corpacci exteriorizó su malestar por la exclusión absoluta de la oposición en la confección de los cambios, y denunció que conocieron las últimas versiones del texto escasas horas antes del debate. Anabel Fernández Sagasti, por su parte, arremetió contra el oficialismo con ironía: “Han doblado la cerviz frente a los gobernadores, la CGT y las entidades financieras. Se humillaron ante aquellos a quienes prometieron combatir”.
El momento de mayor tensión sobrevino cuando Alberto Benegas Lynch espetó que “la decadencia de las últimas décadas es responsabilidad del fascismo peronista”. Juliana Di Tullio le reclamó inmediatamente que se condujera con respeto, recordándole que “se halla en el templo de la democracia”.
Carolina Moises, integrante de Convicción Federal y observada con lupa por diversos sectores, señaló que la propuesta gubernamental únicamente “pretende normar para quienes poseen empleo registrado”, desatendiendo por completo la problemática de la economía sumergida. También cuestionó a cierta facción del peronismo al revelar que sufrió “una campaña execrable” en los días previos, destinada a doblegar su voluntad. “Desde esta banca resolveré en función del bienestar jujeño”, sentenció, anticipando su voto negativo.
El único compás de espera en la jornada lo impuso un minuto de silencio en homenaje a la recientemente fallecida exdiputada chaqueña Sandra Mendoza.
Próxima ya la una de la madrugada, Bullrich asumió el cierre del debate. La conductora de la bancada libertaria justificó la supresión de derechos al sostener que “materializar una contratación constituye hoy un acto temerario”. “Nadie incorpora personal porque le aterra”, argumentó, y definió como aspiración gubernamental que “la ocupación sea una opción libremente ejercida por los argentinos”. Con esos fundamentos defendió el recorte a los derechos de los asalariados y habilitó las instancias de votación.
Las concesiones que cambiaron el tablero
Entre los triunfos que cosecharon las organizaciones sindicales se destaca la conservación de la potestad para percibir coactivamente las contribuciones solidarias de los empleados, aunque se estableció un límite máximo del dos por ciento. Como contrapartida, se aplicó idéntico criterio a las contribuciones que recaudan las asociaciones empresariales, que continuarán siendo obligatorias pero restringidas al medio punto mensual, tal como regía hasta ahora.
Otra modificación que trascendió en las postrimerías del debate fue la reformulación del apartado dedicado a las licencias por enfermedad y siniestros no imputables al trabajo, que incorpora categorías diferenciadas en función de la conducta del dependiente y exige certificaciones médicas en formato digital. Asimismo, se recalibraron los plazos de preaviso, los dispositivos de supervisión y los criterios para la reanudación de tareas.
Uno de los núcleos neurálgicos de la negociación resultó el artículo 91, donde el oficialismo resolvió incorporar el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”. Se trata de un pacto suscripto entre Balcarce 50 y el Ejecutivo porteño encabezado por Jorge Macri, que instrumenta un mecanismo para que los flamantes tribunales laborales de la Capital asuman competencias actualmente radicadas en la magistratura federal.
En materia de resoluciones judiciales, se habilitó la cancelación fraccionada de las condenas por parte de los empleadores. Las corporaciones de envergadura podrán fraccionar el pago en seis cuotas, mientras que las firmas pequeñas dispondrán de doce períodos.
También se avanzó en una disminución de los aportes patronales. La precisión establece que “los empleadores comprendidos en las relaciones laborales alcanzadas por este Régimen —exceptuando aquellas previstas en el RIFL y mientras subsistan sus efectos— gozarán de una rebaja de UN punto porcentual en el caso de las grandes empresas, y de DOS y MEDIO puntos para las micro, pequeñas y medianas, en las contribuciones destinadas a la Seguridad Social”.
El ministro Federico Sturzenegger promovía la posibilidad de que las retribuciones se abonaran mediante billeteras virtuales, pero ese artículo sufrió modificaciones y las remuneraciones únicamente podrán depositarse en entidades bancarias. No obstante, hasta avanzada la noche circulaban versiones sobre una eventual restauración de la redacción primigenia.
Otro de los ejes sustanciales del expediente es la ultraactividad, principio que garantiza la subsistencia de un convenio colectivo vencido hasta tanto sea sustituido por uno nuevo. De sancionarse la ley, quedarán habilitadas las derogaciones de los estatutos profesionales y se abrirá un lapso de 180 días para la confección de nuevos instrumentos.
En lo concerniente al INCAA, la cláusula agregada difiere la fecha de caducidad de determinados incisos de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional. Esto implica que recién a partir del 1 de enero de 2028 se implementarán las disposiciones que comprometen la subsistencia financiera del organismo.
Las certificaciones médicas constituyeron otro frente de controversia. La especificación indica que “frente a una discrepancia inconciliable entre el diagnóstico primigenio y la verificación médica efectuada por la patronal, podrá recurrirse a una junta médica perteneciente a instituciones oficiales en aquellas jurisdicciones donde la autoridad administrativa haya instrumentado esta alternativa, o solicitar dictamen en establecimientos públicos o privados de acreditada idoneidad y solvencia técnica, cuyo costo —en esta última hipótesis— será sufragado por el empleador”.
El Poder Ejecutivo celebró su primer desenlace favorable en estas sesiones extraordinarias, aunque la incertidumbre se trasladó a la votación en particular que se prolongó durante la madrugada, con pronóstico reservado respecto de nuevas conmociones.
