El oficialismo ofrece una recomposición parcial mientras los rectores reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada dos veces y vetada en idéntica cantidad de oportunidades. Con los salarios docentes pulverizados por la inflación y los fondos de funcionamiento al límite, las casas de altos estudios advierten que dos millones de estudiantes podrían quedar sin clases. Los gremios, mientras tanto, afilan sus herramientas de lucha.
El conflicto que enfrenta al Poder Ejecutivo con el sistema universitario nacional reconoce una causa central y excluyente: la disparidad entre lo que corresponde por ley y lo que la gestión libertaria está dispuesta a desembolsar. Mientras la normativa vigente —aprobada en dos oportunidades por el Congreso y rechazada en similares circunstancias por el primer mandatario— establece una transferencia de 7,2 billones de pesos para las instituciones de educación terciaria y superior, la propuesta oficial apenas alcanza los 4,8 billones.
Esa diferencia de 2,4 billones no constituye una mera cifra abstracta en los papeles de la contabilidad pública. En términos concretos, implica que decenas de universidades nacionales enfrentan serias dificultades para mantener encendidas las luces de sus aulas, garantizar el funcionamiento de laboratorios, sostener comedores estudiantiles o afrontar los crecientes costos de servicios esenciales. En paralelo, una porción mayoritaria del cuerpo docente percibe remuneraciones que hace un año permanecen congeladas en torno a los 250 mil pesos mensuales, guarismo que los propios afectados califican, sin ambages, como salarios de indigencia.
Días pasados, los rectorados de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Rosario, Carlos Greco y Franco Bartolacci respectivamente, acudieron a la mesa de diálogo en representación del Consejo Interuniversitario Nacional. Del otro lado del mostrador se ubicaron Alejandro Álvarez y Carlos Torrendell, subsecretario de Políticas Universitarias y secretario de Educación. Tras el cónclave, los voceros oficiales dejaron trascender que el Poder Ejecutivo trabaja en los borradores de un nuevo instrumento jurídico destinado a reemplazar la ley vigente, con el propósito declarado de “garantizar la previsibilidad fiscal” y “subsanar los diferendos legales” que la actual normativa suscita.
No obstante, fuentes cercanas a las negociaciones deslizaron que la propuesta gubernamental se encamina hacia una recomposición a todas luces insuficiente. Mientras la legislación sancionada por el Parlamento ordena recomponer los haberes y las partidas destinadas a gastos operativos conforme al Índice de Precios al Consumidor desde diciembre de 2023 hasta la fecha, la administración libertaria circunscribe su ofrecimiento exclusivamente a los desfasajes correspondientes al corriente año. Los montos precisos, la cantidad de cuotas, los plazos de efectivización y la mecánica de los desembolsos permanecen, por ahora, en territorio de indefiniciones.
Adicionalmente, el oficialismo planteó una reapertura bimestral de las negociaciones paritarias durante 2026 como mecanismo para ajustar periódicamente los aumentos salariales y las asignaciones destinadas al funcionamiento institucional. Tales modificaciones, de concretarse, ingresarían al ordenamiento jurídico a través de una reforma integral de la ley de financiamiento. El hermetismo que rodea las conversaciones, sin embargo, impide aventurar plazos o certezas.
El fantasma de la cautelar
La repentina disposición gubernamental a revisar su postura no responde, precisamente, a un cambio de convicciones. El juez Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir íntegramente con las disposiciones contenidas en la norma cuya vigencia, pese a los vetos presidenciales, subsiste en el plano formal. El fallo ordena, entre otros aspectos, la recomposición salarial de trabajadores docentes y no docentes, así como la garantía de condiciones operativas mínimas para el desarrollo de las funciones sustantivas de las instituciones académicas.
Consciente de que sus argumentos jurídicos para eludir el mandato legal resultan endebles y que el Poder Judicial terminará por expedirse en su contra, el Poder Ejecutivo ensaya ahora una estrategia de salida política. Necesita que los números —esos mismos que en discursos previos desdeñaba como preocupaciones menores— cierren de alguna manera. La urgencia es doble: satisfacer los requerimientos de la ley para esquivar la condena judicial y, simultáneamente, desactivar la creciente conflictividad en los claustros.
Un futuro signado por la incertidumbre
El fracaso de las tratativas tendría consecuencias inmediatas y de magnitud inconmensurable. Las proyecciones más optimistas indican que aproximadamente dos millones de estudiantes podrían ver demorado o directamente interrumpido el inicio del ciclo lectivo. El presupuesto destinado al sistema universitario para el ejercicio 2024 experimentó una merma del 34 por ciento en términos reales en comparación con la asignación de 2023. Las casas de estudio recibirán 4,8 billones de pesos cuando sus necesidades estructurales, contempladas en la ley, ascienden a 7,2 billones.
La ecuación, de por sí alarmante, adquiere ribetes todavía más inquietantes cuando se incorpora otra variable: las universidades públicas concentran el 80 por ciento de la investigación científica desarrollada en territorio nacional. Desfinanciarlas, en consecuencia, no equivale únicamente a comprometer la formación de nuevas camadas de profesionales, sino también a sepultar la producción de conocimiento, la transferencia tecnológica y la innovación aplicada.
Mientras los despachos oficiales procesan números y ensayan redacciones legislativas, los gremios aceitan sus mecanismos de protesta. Desde diciembre de 2023, cuando asumió la actual administración, el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios experimentó una caída libre superior al 50 por ciento. En la vereda de enfrente, el Ministerio de Capital Humano persiste en la práctica de aumentos unilaterales, otorgados en cuentagotas y siempre por debajo de los índices inflacionarios.
Clara Chevalier, secretaria General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, diagnosticó sin atenuantes el estado de situación: “La docencia universitaria transita un escenario que ha dejado de ser crítico para convertirse en lisa y llanamente insostenible. Una amplísima mayoría de nuestros compañeros lleva un año entero percibiendo 250 mil pesos, sin que mediara incremento alguno. En este marco, la Conadu ha resuelto impulsar un plan de lucha que articule paros y movilizaciones y que exprese, con contundencia, la unidad de todo el sistema universitario frente a este gobierno que se ha declarado enemigo acérrimo de la educación pública”.
Las distintas organizaciones sindicales que nuclean a docentes y no docentes ya diagraman un cronograma de medidas de fuerza que incluiría, en una primera etapa, jornadas de cese de actividades con movilizaciones en los principales centros urbanos. Si la negociación entre los rectores y el Poder Ejecutivo no prospera en la dirección esperada, no se descarta la convocatoria a una marcha federal de enorme magnitud, con réplicas simultáneas en todo el territorio. La pretensión última, según admiten los propios organizadores, consiste en replicar la potencia expresiva de movilizaciones anteriores, con la esperanza de que la gestión libertaria termine por comprender que el derecho a una instrucción superior inclusiva y de excelencia no integra el menú de variables ajustables.
El ranking que incomoda
A contramano del relato oficial que insiste en la necesidad de “ordenar” un sistema que consideran deficitario e ineficiente, los indicadores internacionales continúan ubicando a las universidades argentinas en posiciones de privilegio. La clasificación elaborada por Times Higher Education, prestigiosa publicación especializada en educación terciaria, incluyó en su último relevamiento a nueve instituciones nacionales entre las dos mil casas de estudio más destacadas del planeta.
Siete de ellas pertenecen al ámbito estatal: las universidades nacionales de La Plata, Quilmes, Córdoba, Cuyo, Rosario, San Martín y Litoral. Las dos restantes —Austral y Universidad Católica Argentina— completan la nómina desde el sector privado. Para la confección del ranking, la publicación británica ponderó indicadores como la calidad y cantidad del plantel docente, la reputación académica, los ingresos generados por los equipos de investigación, la productividad científica, el impacto de las citaciones bibliográficas y la capacidad de transferencia tecnológica materializada en patentes y convenios con el sector productivo.
El reconocimiento internacional contrasta dramáticamente con el ajuste que padecen las propias instituciones distinguidas. La paradoja no escapa a los propios rectores, que ven en esas distinciones tanto un motivo de orgullo como una evidencia adicional del despropósito que implica desfinanciar precisamente aquello que funciona y funciona bien. La motosierra, símbolo recurrente en la simbología libertaria, no discrimina entre lo que merece ser preservado y lo que puede sacrificarse sin mayores consecuencias. Pero la realidad, tozuda, se empeña en demostrar que algunas máquinas cortan mucho más que gastos superfluos: cortan futuro, cortan oportunidades, cortan derechos.
