Diputados de Unión por la Patria acusaron al ministro de Economía de violar el secreto estadístico, falsear documentos públicos y entrometerse en las decisiones técnicas del organismo tras la salida de Marco Lavagna
La pulseada entre el Palacio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística y Censos escaló a la esfera judicial. Una presentación formal ante los tribunales federales apunta directamente contra el ministro Luis «Toto» Caputo por su intervención en los asuntos internos del ente rector de las estadísticas oficiales, en un contexto signado por la postergación de la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor y por declaraciones públicas que, según los denunciantes, quebrantaron el hermetismo que protege los datos sensibles previo a su divulgación oficial.
La denuncia penal, impulsada por los legisladores Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada, señala al titular del Palacio de Hacienda por presuntas infracciones a la normativa que rige el desempeño de los funcionarios estatales. Específicamente, los cargos imputados incluyen violación de los deberes inherentes a la función pública, quebrantamiento de secretos y obligaciones de confidencialidad, adulteración de documentación oficial y transgresión del secreto estadístico resguardado por la ley 17.622.
El expediente recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°8, cuya titularidad corresponde a Marcelo Martínez de Giorgi. Los denunciantes sostienen que Caputo divulgó en diversas entrevistas periodísticas y mediante su cuenta en la red social X información reservada del organismo estadístico cuya comunicación corresponde exclusivamente a los canales institucionales del INDEC, violentando así los protocolos establecidos para la difusión de cifras oficiales.
Desde la bancada que lidera Martínez explicaron que esta acción judicial cristaliza luego de infructuosos reclamos previos en el ámbito legislativo. Los diputados peronistas habían solicitado la interpelación del ministro de Economía —quien no ha pisado el recinto desde su asunción— a través de una iniciativa encabezada por Nicolás Trotta, y también promovieron un proyecto para transformar al INDEC en una entidad autónoma en su funcionamiento y autárquica desde lo financiero, con dependencia institucional del Poder Legislativo, propuesta presentada por Sebastián Galmarini a mediados del corriente mes.
La arremetida judicial sobrevino en paralelo a la renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo, dimisión que se produjo tras conocerse desavenencias internas entre el primer mandatario Javier Milei, el ministro Caputo y el ahora exdirector del INDEC respecto a la conveniencia de implementar una renovada metodología para mensurar el aumento del costo de vida. El diferendo culminó con la suspensión sine die de la actualización técnica y la persistencia del esquema de medición precedente. El primer índice inflacionario posterior a la salida de Lavagna —correspondiente a enero de 2026— se publicó sin aplicar la Encuesta de Hogares 2017/2018 y arrojó un 2,9 por ciento.
«Sepan que, aunque truchen los números de la inflación no hay manera de tapar la triste realidad económica del país como resultado del brutal endeudamiento», manifestó enfáticamente Paula Penacca al fundamentar la presentación judicial.
LOS FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN JUDICIAL
El texto de la denuncia penal, al cual tuvo acceso este medio, desmenuza minuciosamente las apariciones públicas del funcionario en distintos canales de comunicación, ocasiones en las que anticipó información vinculada al IPC que todavía permanecía en fase de elaboración técnica y, por consiguiente, resguardada por el secreto estadístico.
El documento señala específicamente que Caputo replicó en su perfil de X (@LuisCaputoAR) al periodista Eduardo Feinmann, quien había aseverado que el flamante sistema de cómputo arrojaría una inflación situada entre el 3,1 y el 3,5 por ciento, versión que habría precipitado la desvinculación de Lavagna. El 3 de febrero, el ministro posteó: «Eso es falso @edufeiok. De hecho, daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco (Lavagna) y también Pedro Lines. Podes chequearlo con ellos mismos».
La acusación también incorpora una entrevista televisiva emitida el 4 de febrero, en la cual Caputo confesó: «Marco (Lavagna) ya tenía esta idea y desde el minuto uno, la bajada de línea del Presidente fue hagamos esto cuando ya esté el proceso de desinflación terminado». Asimismo, declaró: «Tanto el Presidente como yo no estábamos de acuerdo técnicamente con cambiar el índice», y profundizó: «Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar con el proceso de desinflación con la misma medición que venimos siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí refleje los cambios actuales».
A partir de estas manifestaciones, el escrito judicial argumenta que Caputo incurrió en conductas irregulares al disponer la continuidad del cálculo del IPC con componentes desactualizados. Cabe recordar que en octubre de 2025, el INDEC había resuelto aplicar la metodología renovada desde enero de 2026, pero el ministro —tal como él mismo reconoció públicamente— decidió aplazarla hasta culminar la recomposición tarifaria, variable que incidiría significativamente en el indicador. El texto subraya además que esta determinación contradice las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, organismo que había instado a implementar la nueva fórmula desde enero.
EL SECUESTRO DE LA TÉCNICA ESTADÍSTICA
Para los denunciantes, estas acciones contravienen abiertamente la ley 17.622, cuerpo normativo que regula el funcionamiento del INDEC y el sistema estadístico nacional. «Esas manifestaciones públicas, entre otras, constituyen anticipaciones de resultados, valoraciones políticas previas a la publicación oficial y/o intervenciones indirectas respecto de datos vinculados al IPC que aun se encontraban en proceso técnico y protegidos por el secreto estadístico», sostiene contundentemente la denuncia.
El texto también reprocha al jefe del Palacio de Hacienda por revelar la diferencia en la variación del IPC según la metodología aplicada y por anticipar el dato inflacionario de enero antes de su divulgación institucional, conductas que encuadrarían en una violación del secreto estadístico contemplada en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622.
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
Previo a la presentación judicial, el 3 de febrero los legisladores de Unión por la Patria habían requerido en la Cámara de Diputados la interpelación del ministro Caputo y del actual director del INDEC, Pedro Lines, para que proporcionen explicaciones sobre «por qué no se utilizó el nuevo índice de medición (del IPC) que debía implementarse a partir de enero de 2026». La solicitud comprendió también a Marco Lavagna, quien por entonces aún se desempeñaba al frente del organismo.
El impulsor de aquella iniciativa, Nicolás Trotta, enfatizó en esa oportunidad que «el Índice de Precios al Consumidor constituye uno de los indicadores macroeconómicos determinantes. El IPC tiene impacto directo sobre la medición de estadísticas sociales, como la tasa de pobreza e indigencia; y constituye una variable central para el análisis de la dinámica de ingresos de la economía y la evolución del poder de compra de los mismos (salarios, jubilaciones, tipo de cambio)».
UNA OFENSIVA QUE TRASCIENDE LO ESTADÍSTICO
Desde el espacio peronista también dirigieron críticas hacia Caputo por el decreto suscripto por Javier Milei que retiró al Estado Nacional del rol de querellante en la causa vinculada al endeudamiento con el FMI durante la gestión 2018, medida que el diputado Santiago Cafiero calificó sin ambages como «de autoamnistía».
Esta arista añade complejidad al frente político que enfrenta el ministro, quien ahora deberá responder no solo por sus intervenciones en materia estadística sino también por decisiones que, a juicio de sus oponentes, buscan blindar jurídicamente al oficialismo en causas sensibles vinculadas al pasivo externo contraído durante la administración anterior.
El entramado judicial que comienza a tejerse alrededor del titular del Palacio de Hacienda promete abrir un nuevo capítulo en la tormentosa relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos técnicos del Estado, con el INDEC como epicentro de una controversia que trasciende lo meramente metodológico para adentrarse en el terreno de la transparencia institucional y la credibilidad de las estadísticas oficiales.
La resolución del juzgado interviniente será determinante para establecer si las declaraciones y acciones del ministro configuran efectivamente los ilícitos imputados o si, por el contrario, se enmarcan en el legítimo ejercicio de la función pública. Mientras tanto, el organismo estadístico continúa procesando cifras bajo una metodología cuestionada, en medio de versiones cruzadas y una credibilidad que vuelve a ponerse en tela de juicio.
