En un cónclave con los principales referentes del empresariado local, el enviado de Kristalina Georgieva dejó de lado la diplomacia de los comunicados oficiales para confesar las sombrías perspectivas del organismo sobre la temperatura callejera en los próximos meses. Mientras tanto, los salarios se derrumban y la industria transita su peor momento.
El diálogo tuvo la crudeza que los documentos oficiales siempre terminan diluyendo. Luis Cubeddu, uno de los emisarios del Fondo Monetario Internacional que pisa territorio argentino, abandonó por un instante la cautela que suele envolver a los funcionarios del organismo para sincerarse ante un grupo selecto de empresarios de primera línea. Mientras sus ojos se perdían en el caótico tránsito que envolvía la sede de la entidad financiera, ubicada en la intersección de Paraguay y 9 de Julio, el venezolano soltó una frase que heló la atmósfera: “Estamos muy preocupados y dudamos de los efectos de la percepción social de la crisis”.
Los representantes de la Cámara Argentina de Comercio, junto a los enviados del sector minero y petrolero, no pudieron disimular su asombro. No porque la realidad que los golpea diariamente les resultara desconocida, sino porque jamás habían contemplado a este funcionario —que conoce las entrañas del país tras años de trabajo en estas latitudes— con una expresión tan sombría. El gesto adusto de Cubeddu contrastaba con la habitual templanza que exhibe cada vez que pisa territorio nacional.
Cuidadoso hasta en los matices, el representante del organismo multilateral evitó en todo momento pronunciar la palabra maldita. La recesión no existió en su vocabulario durante el cónclave. En su lugar, según pudo reconstruir Página I12, optó por un rodeo semántico: “Es inquietante la falta de reactivación”, se limitó a señalar. El Fondo, revelaron testigos del encuentro, decidió dejar de lado la discusión sobre la intervención política que sufre el Indec porque considera que existen problemáticas aún más acuciantes. Los emisarios de Georgieva anticiparon que, en el horizonte cercano, la contracción económica —cualquiera sea el término que se utilice para nombrarla— comenzará a manifestarse en un descontento social cada vez más tangible.
La conversación derivó entonces hacia el terreno político. Los representantes del organismo deslizaron su preocupación por el escenario electoral que se avecina en 2027 y el modo en que esa contienda podría erosionar las posibilidades de La Libertad Avanza. Salvo los referentes mineros, que dedicaron elogios al flamante Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, el resto de los presentes se encargó de desgranar un panorama desolador. El sector comercial, sin ambages, reconoció el hundimiento del consumo, la progresiva clausura de locales y los estragos que provoca la apertura importadora. “Esto no puede sostenerse”, resumieron ante los representantes del Fondo.
Fuentes con acceso al despacho oficial confiaron a este medio que el silencio cómplice que el FMI mantiene en sus apariciones públicas no es más que la consagración del respaldo irrestricto que Donald Patrick Trump ofrece a Javier Milei, independientemente de las decisiones que adopte el mandatario libertario. Al menos, precisaron, hasta que se celebren los comicios legislativos de noviembre en territorio estadounidense.
Esa deliberada ceguera que Kristalina Georgieva exhibe debería al menos posarse sobre las estadísticas, porque el debate que se aproxima —y que terminará confirmando la malaria que ya asoma en las calles— girará precisamente en torno al impacto que tiene un Índice de Precios al Consumidor manipulado sobre las mediciones de ingresos y pobreza. Números que, en definitiva, vienen a certificar y dotar de fundamento a las aprensiones del Fondo respecto a la escenificación, en los próximos meses, de una temperatura de descontento social en constante aumento.
En medio del vendaval informativo que sacudió la semana, pasó casi inadvertido un fragmento del comunicado que los trabajadores de ATE-Indec emitieron el pasado martes, precisamente el día en que se dio a conocer una inflación mal medida. El texto resulta elocuente: “Alertamos a la sociedad sobre la posible intromisión ante futuras publicaciones que no sean del agrado presidencial. La difusión deliberada por parte del ejecutivo de índices alternativos de pobreza que no son los oficiales del instituto, simulando como si lo fueran, son parte de una campaña gubernamental que amenaza con nuevas intromisiones”. Las afirmaciones estallan como un artefacto de alto impacto. Dos economistas elaboran mediciones privadas de pobreza que el Presidente utiliza cotidianamente para pregonar una supuesta disminución de la indigencia. A esos cálculos se suman los que produce el ministerio de Capital Humano.
Quienes conocen los entresijos de la estadística advierten que, tal como sucede con el IPC, es necesario relativizar esas estimaciones porque carecen de precisión. El último de los desajustes se evidenció cuando diversas consultoras salieron a medir sus muestras con la nueva fórmula del IPC para sostener que la inflación de enero habría arrojado un registro más bajo con la metodología actualizada. La realidad demostró lo contrario. El peligro, como ocurre en toda intervención política de los números oficiales, reside en la multiplicación de mediciones alternativas carentes de rigor técnico. Máxime cuando el vetusto IPC termina desconectando de la realidad otras variables, como el valor irrisorio de las canastas de pobreza e indigencia o los costos de crianza.
Salarios de pobreza
Como un virus que se propaga con velocidad inusitada, corrió por las seccionales policiales de diversas provincias el caso de los exiguos sueldos que percibe la Policía de Santa Fe. Luego de jornadas de conflicto, los uniformados consiguieron escalar de 900 mil pesos a 1,3 millones. De una miseria a otra miseria, describen los conocedores de la realidad santafesina. La canasta de pobreza que mide el Indec intervenido establece que una familia tipo necesita no menos de 1,4 millones de pesos para ubicarse por encima de la línea de indigencia. La consultora Analytica, por su parte, sostiene que llenar un carrito de supermercado no demanda menos de 900 mil pesos. Las cuentas no cierran y anticipan nuevas tensiones.
El caso de los efectivos policiales no constituye una excepción dentro de la crisis de ingresos que Javier Milei ha generado en su intento por domeñar una inflación que vuelve a desbocarse. Exceptuando actividades históricamente privilegiadas como Bancarios, Petroleros o Aceiteros, el resto de los sectores atraviesa un colapso de magnitudes fenomenales. El último acuerdo suscripto entre UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, correspondiente a enero y febrero, refleja con crudeza esta realidad. La remuneración se calcula sobre 176 horas mensuales de labor, que se extienden a 192 cuando se incorporan los sábados.
En la zona A, que comprende Capital Federal y el conurbano bonaerense, un sereno percibe 723.032 pesos. Ascendiendo en la escala, desde los peldaños inferiores hacia los superiores, aparece la figura del ayudante, cuyo salario por hora alcanza los 3980 pesos, lo que representa en bruto unos 764.760 pesos mensuales, complementados con un bono de 96.800 pesos.
El cargo de Medio Oficial, que retribuye la hora a 4679 pesos, acumula en el mes aproximadamente 830 mil pesos, más un adicional mensual de 102.800 pesos. Los dos escalafones más elevados corresponden al Oficial y al Oficial Especializado. El primero percibe 4679 pesos por hora, lo que mensualmente significa 898.368 pesos, acompañados de un bono de 112.200 pesos. El Especializado, en tanto, cobra 5470 la hora y reúne al cierre del mes 1.050.210 pesos, con un plus de 121 mil pesos. En la zona C, correspondiente a la región austral, los salarios y bonificaciones se incrementan en un cien por ciento debido a las condiciones climáticas, las dificultades para el arraigo y los mayores costos de vida. En el resto del país, las variaciones no resultan significativas.
El sector comercial tampoco escapa a la pobreza. Un trabajador de maestranza que recién inicia sus tareas en un supermercado de gran superficie, sin antigüedad acumulada, percibe 1.159.000 pesos brutos. A esa cifra deben adicionarse luego el uno por ciento por cada año de permanencia y los adicionales vinculados al presentismo. Un cajero, por su parte, registra ingresos iniciales cercanos a 1,7 millones. Algunos de ellos, particularmente en los hipermercados, obtienen un plus por domingo laborado, que se abona al ciento por ciento.
Incluso los trabajadores con mayor calificación tecnica atraviesan una situación similar a la de los policías, cuando no peor. La industria metalúrgica, que transita el borde del precipicio por efecto de la recesión y la apertura importadora, sostiene un salario promedio que ronda los 1.250.000 pesos. El ingreso mínimo garantizado, en valores brutos, alcanza 1.030.000 pesos.
La industria de rodillas
“Martín es de los nuestros”, suelta Luis “Toto” Caputo cada vez que indagan acerca del vínculo que mantiene con la Unión Industrial Argentina. El ministro ha adoptado a Martín Rappallini, máximo referente de la entidad fabril, como uno de esos CEOs colaborativos que acompañan el proyecto libertario. Por eso, mientras el entramado industrial se desangra con mayor intensidad que durante el menemismo, el propietario de Cerámica Alberdi se reunió con Caputo para abordar cualquier temática excepto la crisis que asfixia al sector. Se conocen de las deliberaciones del Consejo de Mayo. Rappallini ofició como el representante industrial que bendijo la nueva reforma laboral.
“Esto constituye una vergüenza”, explotó un industrial de larga trayectoria al contemplar la fotografía del encuentro que se difundió el viernes al mediodía. Rappallini concurrió acompañado por Rodrigo Pérez Graziano, de Peugeot-Citroen, y Eduardo Nougues, la mano derecha de los Blaquier de Ledesma dentro de la UIA. Una trilogía diseñada a medida para esquivar cualquier roce con el poder político.
Tras la cumbre, el Gobierno y la central fabril hicieron circular comunicados calcados: en ambos se ensalzaba la reforma laboral, se mencionaba tangencialmente la cuestión impositiva, se evitaba cualquier alusión a las importaciones y, menos aún, a la agonía que padecen las fábricas. Caputo incluso se permitió redactar que ambos sectores acordaron “navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.
Tamaña dulzura irracional entre el segmento más castigado de la economía y su propio verdugo se monta, además, sobre una crisis de ingresos que demuele cualquier expectativa. El salario promedio de los trabajadores fabriles en Producción y Manufactura alcanzaba, en diciembre de 2025, aproximadamente 854.979 pesos mensuales. La agencia Bumeran precisa que un Ingeniero Industrial puede llegar a percibir 1,9 millones, con variaciones según la especialidad, aunque fuentes del sector fabril aseguran que casi un setenta por ciento de los industriales apenas supera el millón de pesos.
