Alejandra Monteoliva, heredera política de Patricia Bullrich, confirmó que su cartera acusará bajo la Ley Antiterrorista a un grupo de personas identificadas durante la violenta represión en el Congreso. Mientras ella difunde nombres y fotos en canales oficiales, organismos de derechos humanos reportan más de 70 detenidos y cientos de heridos por balas de goma y gases.
En una nueva escalada discursiva que remite a los métodos más cuestionados de la gestión anterior, la flamante ministra de Seguridad de la Nación, la cordobesa Alejandra Monteoliva, decidió llevar al extremo la respuesta del Estado frente a la disidencia social. En las últimas horas, la funcionaria anunció que impulsará una denuncia por «terrorismo» contra un puñado de manifestantes que fueron detenidos en el marco de la masiva movilización que el miércoles colapsó las inmediaciones de la Plaza del Congreso. La convocatoria, que reunió a miles de personas para rechazar la destrucción de derechos laborales que se debatía en el Senado, terminó con un saldo de violencia institucional que encendió todas las alarmas.
Mientras los proyectiles de goma y los gases lacrimógenos aún flotaban en el aire del centro porteño, Monteoliva salió a los medios a justificar un operativo que, según testigos y registros audiovisuales, tuvo momentos de brutalidad desmedida. Lejos de ofrecer pruebas concretas sobre los hechos de violencia que se le imputan a los acusados, la ministra optó por una estrategia comunicacional de alto voltaje: difundir a través de portales paraoficiales los rostros, nombres y datos personales de al menos 17 individuos señalados como los responsables de los desmanes. Sin embargo, de esa larga lista, hasta el momento solo dos han sido efectivamente detenidos: un hombre en situación de calle que fue aprehendido mientras dormía en un cajero automático del barrio de Belgrano y otro sujeto con antecedentes penales por delitos contra la propiedad.
La narrativa oficial tropezó con sus propias contradicciones cuando los periodistas indagaron sobre la pasividad de las fuerzas de seguridad en los momentos clave de los disturbios. Imágenes que circularon profusamente mostraban a individuos rompiendo veredas y arrojando bombas molotov sin que los uniformados desplegados a pocos metros intervinieran para detenerlos en flagrancia. Ante la consulta en un programa de televisión, Monteoliva ensayó un argumento errático. Primero sugirió que los revoltosos eran veteranos de incidentes anteriores, luego deslizó que los agentes de primera línea «no estaban facultados para detener» y finalmente, en un intento por justificar lo injustificable, mencionó que las pesadas vallas de contención eran tan fáciles de correr que los manifestantes las esquivaban sin esfuerzo.
El contraste entre el relato oficial y la realidad en las calles quedó plasmado en los informes preliminares de organismos de derechos humanos. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Comisión por la Memoria bonaerense realizaron un minucioso relevamiento que arrojó cifras alarmantes. Más de 70 personas fueron detenidas o demoradas durante el operativo represivo o en los alrededores del Congreso, aunque la mayoría recuperó su libertad en las primeras horas de la madrugada del jueves, luego de que la justicia no convalidara las aprehensiones, confirmando el carácter arbitrario de las mismas. De un remanente de 24 detenidos, la fiscalía dispuso la libertad de la mayoría durante la jornada del jueves, quedando apenas cuatro personas con su situación procesal pendiente de definición.
Más allá de las frías estadísticas judiciales, el costo humano de la jornada fue devastador. Los equipos sanitarios desplegados en las postas de salud asistieron a 562 personas, la gran mayoría afectadas por el impacto de postas de goma. Miles más sufrieron la irritación de los gases lacrimógenos y el gas pimienta con el que gendarmes, policías federales, prefectos y agentes de la Policía de la Ciudad cumplieron la orden superior de despejar la Plaza de los Dos Congresos. Los organismos denunciaron que el accionar de las fuerzas fue desproporcionado desde el inicio, con un cerco de seguridad que desde temprano había abarrotado la zona con un imponente despliegue de efectivos.
En este contexto de heridas y detenciones que no prosperan, la ministra redobló la apuesta. La denuncia por «terrorismo» que impulsa su cartera, con el explícito respaldo del jefe de gabinete Manuel Adorni, busca encuadrar los disturbios en la figura más gravosa del código penal. «Una bomba molotov es una bomba, es un arma que tiene toda la intención de generar no solo muerte sino caos», exageró Monteoliva en una entrevista radial, intentando revertir la carga de la violencia que, según testigos, comenzó cuando las fuerzas avanzaron sobre la primera línea de la protesta. Para la sucesora de Bullrich, los hechos de resistencia no son meros desmanes, sino «actos vandálicos y de terrorismo» destinados a sembrar el pánico colectivo.
La aplicación de la Ley Antiterrorista, sancionada en su momento para combatir delitos de máxima gravedad, implica un salto cualitativo en la persecución penal. Esta herramienta legal permite una investigación a nivel federal, detenciones sin posibilidad de excarcelación inmediata y penas sensiblemente más severas, un cambio drástico respecto a la tipificación habitual de estos hechos como simples daños o atentados a la autoridad. Monteoliva fue clara en sus intenciones: «Acá hubo autores intelectuales y económicos. Por eso, lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento: desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas, hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo».
Este no es un guion nuevo para el oficialismo. Ya en junio de 2024, durante las protestas contra la Ley Bases, Patricia Bullrich ordenó una cacería que terminó con 33 detenciones al voleo y acusaciones de «golpistas» y «terroristas» por parte del fiscal Carlos Stornelli. Con el tiempo, aquellos cargos se desmoronaron, pero el show mediático ya había cumplido su cometido: instalar el relato de la violencia como excusa para la represión.
Consultada específicamente sobre las sospechas de infiltración, Monteoliva desestimó con vehemencia las versiones periodísticas y de redes sociales que señalaban a presuntos agentes encubiertos entre los vándalos. «Eso de estar diciendo que es un policía o que es un ex policía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate pensar que el gobierno genere ese tipo de situaciones», sentenció, cerrando la puerta a cualquier investigación interna sobre el accionar de sus propias filas mientras profundiza la judicialización del derecho a la protesta, consagrado en los artículos 14, 33 y 75 de la Constitución Nacional.
