A 50 años del golpe de Estado, la administración libertaria impulsa el traslado de la Subsecretaría de Derechos Humanos del predio donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del país. La medida, aún no oficializada, sería el paso más contundente de una avanzada que incluye cambios en el guión del museo, despidos masivos y la reubicación de dependencias judiciales en el espacio recuperado.
El silencio burocrático envuelve uno de los gestos simbólicos más potentes que la gestión de Javier Milei se apresta a consumar cuando están por cumplirse cinco décadas del quiebre institucional que sumió al país en la noche más oscura de su historia. Versaciones que circulan con insistencia en los pasillos de la administración nacional dan cuenta de una determinación: la sede central de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación abandonaría el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, ese lugar que el mundo entero reconoce como espacio de memoria y que alberga en sus dependencias el testimonio vivo de lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
La mudanza, que fuentes del organismo dan como un hecho para el próximo mes de abril, representaría una intervención de profundo calado simbólico en el corazón de las políticas reparatorias impulsadas durante décadas. Quienes conocen los vericuetos de la decisión gubernamental aseguran que los máximos responsables de la actual conducción de la Subsecretaría —Alfredo Mauricio Vitolo en el área Jurídica y Soledad Suasnavar en Protección— han sembrado la versión entre distintos interlocutores, aunque sin plasmar todavía en ningún documento oficial lo que en los corrillos administrativos se da por descontado.
El escenario que se vislumbra contrasta de manera brutal con aquella jornada de diciembre de 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner, flanqueada por las organizaciones defensoras de derechos humanos, inauguraba las flamantes oficinas de la entonces Secretaría en el edificio número 27 del predio. En aquel acto, la mandataria reconoció las deudas pendientes con quienes continuaban la búsqueda incansable de sus seres queridos desaparecidos, pero reivindicó el camino transitado: «Por lo menos, hemos realizado un acto de Memoria, Verdad y Justicia», pronunció ante una multitud que celebraba la consolidación de un espacio ganado a la impunidad.
Nueve años después, el vértigo de los acontecimientos ha trastocado por completo aquella realidad. La llegada al poder de una fuerza política que minimiza la sistematicidad del terrorismo de Estado y reivindica el accionar de sus perpetradores ha modificado las coordenadas de un debate que parecía saldado. Cuando se aproxima el medio siglo del último golpe cívico-militar, la ofensiva oficial contra los pilares de la memoria colectiva se despliega sin encontrar resistencias institucionales de relevancia.
El primer zarpazo había llegado en mayo del año pasado, cuando Javier Milei decidió despojar a la entonces Secretaría de su rango ministerial para rebajarla a subsecretaría, en una maniobra que fue acompañada por una purga de personal que, según cálculos del propio ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, superó el cuarenta por ciento de la planta trabajadora. Pero fue en diciembre cuando el giro se profundizó con la renuncia de Alberto Baños —quien había manifestado en diversas oportunidades su intención de trasladar las oficinas— y la designación de Joaquín Mogaburu, un funcionario proveniente de los tribunales de Comodoro Py que había militado en el Ministerio de Defensa bajo la órbita de Luis Petri promoviendo una pretendida «verdad completa» sobre lo acontecido en los años setenta.
Desde la asunción de Mogaburu al frente de la Subsecretaría, las versiones sobre el éxodo institucional cobraron una densidad inusitada. Los nuevos directores no han tenido reparos en compartir sus planes con distintos actores del arco judicial y político, según pudo reconstruir este medio. «Dan por descontado que la mudanza será en abril, aunque nadie lo formaliza todavía», deslizó una fuente con acceso a las conversaciones que se suceden en la intimidad del organismo.
Lo que resulta llamativo es que, de acuerdo con la información preliminar que ha trascendido, no correrían la misma suerte la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad ni el Archivo Nacional de la Memoria, dos dependencias cuya labor resultaría inescindible del lugar que las contiene. La nueva sede que albergaría a los funcionarios de la Subsecretaría sería el edificio de la calle Cochabamba donde hasta hace poco funcionaba el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, otra de las carteras eliminadas por el tajo de la motosierra oficial.
Ante la circulación insistente de estos rumores —que mantienen en vilo tanto a los trabajadores del organismo como a los representantes de las organizaciones de derechos humanos que integran el directorio del espacio de memoria—, este diario procedió a realizar un pedido de acceso a la información pública para determinar si existía una decisión formalizada respecto del traslado. La respuesta de Mogaburu constituyó toda una declaración de principios: el funcionario se excusó de proporcionar dato alguno argumentando que se trataba de «eventuales decisiones futuras de gobierno, extremos que, además de no encontrarse documentados, no configuran el acceso a la información pública».
La explicación resulta, cuando menos, paradójica. Difícilmente pueda sostenerse que un proceso de mudanza de semejante envergadura carezca de todo tipo de registros documentales, máxime cuando el antecesor de Mogaburu, Alberto Baños, había solicitado formalmente en junio del año pasado una reunión para tratar la posibilidad de «ceder el uso y guarda del edificio N° 27 del predio de la ex ESMA» a distintas dependencias del sistema de justicia, entre ellas la Defensoría General de la Nación, la Procuración General y el Consejo de la Magistratura. Aquella gestión evidenciaba que los planes de desmantelamiento de la presencia estatal en el predio venían madurándose desde hacía tiempo, aunque su actual conductor prefiera ahora guardar silencio.
Mientras tanto, la gestión de Mogaburu se ha caracterizado por una actividad intensa en otros frentes: solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que levante las medidas cautelares que protegen a Milagro Sala para posibilitar su encarcelamiento y se presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con el objeto de justificar los retrocesos en materia de políticas de género. Dos gestos que sintonizan perfectamente con la cosmovisión del espacio político que representa.
La avanzada sobre la ex ESMA no se limita, sin embargo, al eventual éxodo de la Subsecretaría. En paralelo, el Gobierno impulsa la radicación de dependencias judiciales en distintos inmuebles del predio, una estrategia que podría leerse como una suerte de colonización institucional del territorio recuperado para la memoria. En diciembre pasado, el juez federal Julián Ercolini —quien tiene a su cargo la megacausa que investiga los crímenes cometidos en la ESMA— autorizó el traslado del archivo de la Unidad Fiscal de Investigación del caso AMIA a los edificios 22 y 23, aunque por el momento la mudanza no se ha concretado. Poco después, el procurador general interino Eduardo Casal rubricó la resolución que oficializa el convenio para que el Ministerio Público Fiscal ocupe el edificio 11, aquel que durante la gestión de Mauricio Macri había sido bautizado con el nombre de Raúl Ricardo Alfonsín cuando se proyectaba instalar allí el Ministerio de Justicia.
Pero el núcleo de la disputa simbólica se concentra en el museo que funciona en lo que fue el casino de oficiales, epicentro del circuito represivo que convirtió a la ESMA en un campo de concentración de proporciones gigantescas. Según reveló este diario en diciembre, la administración libertaria proyecta modificaciones sustanciales en el relato que reciben los visitantes, con cambios que afectarían tanto el guión de las salas como el video de introducción al recorrido. La nueva narrativa, filtrada a través de los canales habituales de la derecha más rancia, apunta a responsabilizar a las víctimas por su propia suerte y a justificar la violencia represiva como un mal necesario frente a la amenaza subversiva.
En los últimos días ha circulado con profusión un material audiovisual producido por la Fundación Faro, la usina de pensamiento que dirige Agustín Laje, en el que se sostiene la tesis de que en 1976 no hubo un golpe de Estado sino la «continuidad» de una presunta «dictadura peronista». El sofisma, que pretende borrar de un plumazo la especificidad del terrorismo de Estado y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el plan sistemático de desaparición de personas, encuentra eco en quienes hoy manejan los hilos del Museo Sitio ESMA.
La institución pasó a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, cuya titular, Ana Belén Mármora, ha exhibido en redes sociales su afinidad con los postulados de la Fundación Faro, llegando incluso a publicitar su participación en cursos dictados por la organización. Mármora, que replicaba asiduamente los mensajes de Laje —quien prestó su voz para el video oficial difundido el pasado 24 de marzo en conmemoración de un nuevo aniversario del golpe—, designó al frente del museo a Fernando Vedoya, un hombre de su entera confianza proveniente del denominado Frente Joven, espacio militante que se caracterizó por su activa oposición al matrimonio igualitario y a la legalización del aborto.
apenas asumió su cargo, Vedoya ordenó la eliminación de las marcas que en el guión del museo daban cuenta de la violencia diferencial sufrida por las mujeres cautivas en la ESMA. Se trataba de anotaciones incorporadas como respuesta a los reclamos del movimiento Ni Una Menos y la marea verde, que habían logrado visibilizar las formas específicas de tortura y vejamen aplicadas a las detenidas-desaparecidas. Cuando un grupo de sobrevivientes se apersonó en el museo para exigir explicaciones, Vedoya se escudó en la existencia de una política oficial contra el «lenguaje inclusivo», como si la memoria de las mujeres atravesadas por el horror pudiera reducirse a una cuestión gramatical.
El funcionario encontró un aliado insospechado en el juez Ercolini, quien, ante un planteo de los querellantes por las modificaciones introducidas, se declaró incompetente para intervenir en la narrativa del museo, validando de hecho la censura impuesta desde la dirección del espacio.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha venido alertando sobre el progresivo deterioro que afecta a otros sitios de memoria ubicados en territorio porteño, como Olimpo, Club Atlético, Virrey Cevallos y Automotores Orletti. El lunes pasado, Ercolini requirió a la Defensoría que remitiera, en caso de existir, un relevamiento específico sobre el estado de conservación de la ex ESMA, ese escenario privilegiado donde la disputa por el sentido del pasado se libra con la intensidad de las batallas culturales que definen el rumbo de una nación.
A cincuenta años del golpe que truncó millones de vidas y sembró el terror en la sociedad argentina, la decisión de vaciar de contenido estatal el predio de la ex ESMA se inscribe en una operación de mayor alcance: la que pretende clausurar el pasado para edificar sobre sus ruinas una narrativa complaciente con los verdugos. La memoria, sin embargo, no se rinde ante los designios de los funcionarios de turno. Habita en cada baldosa del casino de oficiales, en cada muro del edificio 27, en cada archivo que resiste el olvido. Y aunque intenten mudarla de lugar, siempre encontrará la manera de regresar.
