Con la euforia del triunfo en el Senado, La Libertad Avanza impulsa un tratamiento relámpago en comisiones para llevar la norma al recinto el 18 de febrero. Sin embargo, artículos como el que reduce salarios por enfermedades no laborales, la creación de un fondo para despidos y el pago mediante billeteras virtuales encienden las alarmas en el PRO, la UCR y la oposición, que ya hablan del «talón de Aquiles» de la ley.
Envalentonada por la ajustada pero contundente victoria cosechada en la Cámara alta, la bancada oficialista ha decidido pisar el acelerador a fondo en la Cámara de Diputados. Con la confianza que le otorgan los números en el bolsillo, el bloque libertario pretende dirimir la denominada «Ley de Modernización Laboral» en un único y maratónico plenario de comisiones, para acto seguido desembarcar en el recinto el próximo jueves 18. La mirada de la arena política permanecerá clavada en el destino de los puntos más candentes del proyecto, en especial aquel que reformula el régimen de ausencias por enfermedad, un artículo que no solo ha generado ampollas en el arco opositor tradicional, sino que también ha sembrado el malestar en las filas de los aliados más estrechos de La Libertad Avanza (LLA), como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).
En esta instancia, la Cámara baja oficiará como cámara revisora. Este detalle reglamentario no es menor: si el cuerpo que preside Martín Menem introduce modificaciones al texto proveniente del Senado, la iniciativa deberá regresar a su cámara de origen, donde la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, ya dio señales durante la sesión del miércoles pasado de no estar dispuesta a transigir en la mejora de los artículos cuestionados. Todo parece indicar que el oficialismo intentará sortear este vaivén legislando, aunque el escenario es incierto. El foco de las potenciales enmiendas se centra en tres ejes que han concitado un fuerte rechazo tras la media sanción: el controvertido esquema de licencias por enfermedad, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la modalidad de abono de haberes a través de billeteras virtuales.
El derecho a enfermarse bajo la lupa
El punto más álgido de la discordia reside en la modificación del régimen de licencias médicas. La redacción impulsada por el Poder Ejecutivo establece una merma en los ingresos del trabajador ante contingencias de salud fuera del ámbito laboral. Según la nueva letra, si un empleado sufre una lesión o enfermedad mientras realiza una actividad voluntaria, percibirá únicamente la mitad de su remuneración habitual; en caso de que el infortunio sea involuntario pero igualmente ajeno al trabajo, el salario se reducirá al 75 por ciento. Este precepto contrasta radicalmente con la normativa vigente, que garantiza el pago íntegro del sueldo en tales circunstancias.
Días atrás, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, intentó justificar la medida con una declaración que no hizo más que avivar la controversia en el espectro político. “Si te lastimaste jugando al fútbol, tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver; en ese caso es el 50 por ciento”, argumentó el funcionario, desatando una ola de críticas.
Ante el revuelo, desde la bancada liderada por Bullrich intentaron apaciguar los ánimos explicando a la prensa que la inclusión de este apartado respondió a un pedido de «jueces laboralistas razonables» y al ruego de pequeños y medianos empresarios. Según esta versión, un grupo de magistrados habría asesorado a la exministra de Trabajo de la Alianza con el objetivo de «terminar con las mafias» en el uso de las licencias.
Sin embargo, el argumento no logra calmar las aguas ni siquiera entre los socios parlamentarios del oficialismo. Ni el PRO ni el radicalismo se sienten cómodos con un recorte de derechos de esta naturaleza. La misma incomodidad se replica en Provincias Unidas, el bloque liderado por la santafesina Gisela Scaglia, de estrecho vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro.
La senadora peronista Anabel Fernández Sagasti expuso con crudeza la esencia del conflicto durante el debate en la Cámara alta. “Si una persona tiene cáncer de mama, y tiene hijos a su cargo, le van a pagar el 75 por ciento del básico. Esa es la realidad que pusieron en esta ley”, denunció la mendocina, mientras que su compañero Mariano Recalde calificó el artículo como «el más brutal» de todo el cuerpo normativo.
En la Cámara baja, la diputada de Unión por la Patria (UP), Kelly Olmos, ya anticipó que su bloque intentará sumar voluntades para voltear este punto específico. «Es un punto que entró medio por la ventana, completamente fuera de discusiones previas. Puede ser el talón de Aquiles de esta ley y creo que es uno de los puntos que más irritan», sentenció la exministra.
La izquierda también se ha manifestado con vehemencia en contra. La diputada Myriam Bregman, a través de sus redes sociales, explicó la peligrosidad de la redacción: “Si te enfermás o te lesionás, te bajan el sueldo al 75 por ciento. Pero si la empresa considera que fue ‘culpa’ tuya, solo te pagan el 50 por ciento. ¿Y cuándo es ‘culpa’ del trabajador? No queda claro cómo se definirá; por lo tanto, en principio, lo decide la empresa». Acto seguido, ejemplificó la vaguedad de la norma: «Podría ser tu culpa si la lesión se produjo practicando un deporte, jugando con tus hijos en una plaza, o haciendo un arreglo en tu casa».
Un fondo común que despierta sospechas
Otro de los aspectos que genera resquemores es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se trata de un pool de recursos al que las empresas deberán contribuir con un porcentaje de su masa salarial, descontado de los aportes patronales al Sistema de Seguridad Social, para financiar indemnizaciones por despidos. El exgobernador y senador Jorge Capitanich lo definió sin ambages como «un fondo para financiar despidos», una caracterización que resuena con fuerza en los sectores gremiales.
Durante el tratamiento en el Senado, la UCR logró introducir una modificación que diferencia la alícuota de aporte entre grandes compañías y pequeñas empresas. No obstante, la solución no terminó de conformar a la totalidad del arco radical, por lo que no se descartan nuevos cambios en Diputados para pulir o incluso eliminar este mecanismo.
La pulseada por la billetera virtual
El PRO, por su parte, tiene su propia batalla que librar en torno al artículo 35. En la redacción final que salió del Senado, las billeteras virtuales quedaron excluidas como vía legal para el pago de las remuneraciones. La jugada de Bullrich, que limitó el abono de sueldos a las cuentas bancarias tradicionales y a las instituciones de ahorro oficiales, cayó como un baldazo de agua fría en las filas del partido amarillo, que rápidamente salió a reclamar la redacción original que beneficiaba a las empresas Fintech.
El jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, fue tajante al adelantar la postura de su espacio: “Vamos a solicitar en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata haces lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”. La eliminación de este apartado fue el resultado de una fuerte presión de las cámaras bancarias, que alertaron sobre el riesgo de desfinanciar la economía productiva si los flujos salariales se desviaban masivamente hacia el sistema digital.
Contrarreloj y sin margen para cambios
A pesar de la negativa inicial del oficialismo a aceptar modificaciones sustanciales, en el entorno de Martín Menem aseguran que la prioridad es convertir el proyecto en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias. El presidente de la Cámara baja buscaría evitar a toda costa que el texto regrese al Senado, lo que implicaría un nuevo round legislativo y dilataría los tiempos. Sin embargo, la paradoja es que hay muy poco tiempo previsto para debatir y enmendar un proyecto que supera los doscientos artículos.
Desde la presidencia de la Cámara se ha diagramado un cronograma exprés. Para el miércoles próximo ya está citado el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo, que a partir de las catorce horas recibirá a invitados del sector gremial y empresarial, para inmediatamente después intentar estampar la firma del dictamen. La firma del despacho, según el reglamento, debe realizarse diez días antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias. El jueves 18 de febrero, el proyecto tiene fecha para ser debatido en el recinto en una sesión que se prevé se extienda por más de veinte horas, aunque la convocatoria formal aún no ha sido realizada.
Al momento de hacer el cálculo de votos, en las filas oficialistas no esperan un resultado muy distinto al del Senado. Confían en que los números alcanzarán para darle luz verde a la reforma, con el acompañamiento mayoritario de la UCR, el PRO y los partidos provinciales aliados en la votación en general. La incertidumbre se abre, sin embargo, en el tratamiento en particular, donde los artículos más polémicos podrían tambalear si los aliados o dialoguistas deciden no acompañarlos. Por lo pronto, Unión por la Patria y la izquierda ya han manifestado su rechazo total a viva voz.
El gobierno de Javier Milei se ha asegurado así una doble oportunidad para consagrar su ansiada «modernización laboral» antes de que el presidente inaugure el 144° período ordinario en el Congreso. La estrategia es clara: si el proyecto no se convierte en ley el próximo jueves y es girado nuevamente al Senado con cambios, el oficialismo aún podría insistir con la versión original de la cámara de origen. Todo indica que, a pesar de las grietas y los ruidos internos, la consigna es una sola: ley exprés, sí o sí.
