El consejo directivo de la central obrera se reúne de urgencia por videoconferencia para determinar alcances y duración de la huelga, que coincidiría con el tratamiento del proyecto en Diputados. La media sanción del Senado, que incorporó modificaciones perjudiciales para los trabajadores, terminó de unificar posturas aunque persisten diferencias estratégicas entre el ala dialoguista y los sectores más combativos.
En medio de una creciente tensión social y con los tiempos legislativos acortándose, el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo definirá en las próximas horas la convocatoria a un paro nacional que coincidirá con el día en que la Cámara de Diputados aborde la controvertida reforma laboral impulsada por el oficialismo, sesión que podría concretarse este mismo jueves.
La decisión llega después de que la semana pasada, durante el tratamiento del proyecto en el Senado, la central obrera optara por no llamar a medidas de fuerza ni a movilizaciones, en una estrategia que algunos sectores consideraron complaciente. Sin embargo, la media sanción aprobada por la cámara alta, que omitió las modificaciones esperadas por los gremios y sumó artículos especialmente lesivos para los derechos laborales, ha generado un vuelco en la posición cegetista. Incluso aquellos dirigentes más renuentes a enfrentarse al gobierno nacional reconocen ahora que la huelga resulta «inevitable».
La cumbre sindical, convocada con carácter de urgencia cuando originalmente estaba prevista para mediados de semana, se llevará a cabo a través de una videoconferencia al mediodía. En ese ámbito, la cúpula de la central debatirá no solamente la pertinencia de la medida sino también sus características fundamentales: la duración y los alcances que tendrá la protesta.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT que conduce el triunvirato junto a Jorge Sola y Octavio Argüello, confirmó la novedad y aseguró que «existen los consensos sindicales suficientes para avanzar en la medida de fuerza». El dirigente explicó que si bien «cualquier proceso de actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores», en esta oportunidad «los planteos sindicales no fueron considerados». Por tal motivo, advirtió que «están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional».
La actual conducción cegetista asumió sus funciones en noviembre pasado, relevando al histórico triunvirato compuesto por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, en un congreso que ratificó la unidad de la central frente a la gestión de Javier Milei. No obstante, en el seno de la organización conviven facciones con estrategias disímiles: por un lado, los sectores dispuestos a confrontar abiertamente con el Poder Ejecutivo; por el otro, los denominados dialoguistas, que apuestan a la negociación.
Precisamente el ala dialoguista, donde se destacan figuras como Andrés Rodríguez de UPCN, Héctor Daer de Sanidad —considerado mentor de Sola— y Gerardo Martínez de la Uocra —cercano a Jerónimo—, había impuesto en semanas anteriores la postura de que «no era el momento» para un paro, confiando en una negociación de último minuto en el Senado que finalmente no rindió los frutos esperados.
La conducta de la dirigencia durante la jornada del miércoles pasado resultó elocuente: mientras en las calles se desplegaba una masiva movilización protagonizada por gremios, movimientos sociales, jubilados, estudiantes y partidos de izquierda, la cúpula cegetista mantuvo un llamativo silencio que generó malestar en las bases.
Esa actitud provocó una reacción interna que cristalizó en la conformación del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), un nuevo agrupamiento liderado por la Unión Obrera Metalúrgica que conduce Abel Furlán, que nuclea tanto a gremios cegetistas como a las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina. Esta coalición fue la que efectivamente salió a las calles el miércoles, marcando un contrapunto con la pasividad de la conducción formal.
Durante el fin de semana, Furlán endureció sus críticas contra los sectores dialoguistas al señalar que «la CGT estuvo negociando con el gobierno» cuando desde su perspectiva «no había nada para negociar porque los artículos de la ley de reforma laboral representan una pérdida de dignidad para los trabajadores». El metalúrgico reveló que el secretariado de su gremio le encomendó exigir a la central un paro nacional con movilización para el mismo día en que la reforma se trate en Diputados, incrementando así la presión sobre la conducción.
El contenido de la media sanción aprobada por el Senado terminó por soldar voluntades en la CGT respecto a la necesidad de convocar al paro, aunque subsisten matices estratégicos entre las distintas corrientes. Entre los puntos más resistidos por los gremialistas se destaca la reducción de entre un setenta y cinco y un cincuenta por ciento del salario para trabajadores con licencia por enfermedad, una modificación considerada particularmente regresiva.
En este contexto, mientras los dialoguistas proponen un cese de actividades de menor duración que facilite la movilización hacia el Congreso, los sectores más combativos pugnan por un paro general de 24 horas que paralice completamente el país.
Paralelamente a la definición de la medida de fuerza, la central obrera deberá iniciar conversaciones para sumar al Frente de Sindicatos Unidos y a las dos CTA, que ya anunciaron sus propios planes de lucha, con el objetivo de evitar que la protesta quede fragmentada y diluya su contundencia.
En otro plano de acción, la CGT avanza en el diseño de una estrategia judicial para impugnar la ley en los tribunales en caso de que finalmente sea aprobada. Los ejes de la presentación judicial incluirán el nuevo sistema de indemnizaciones, la modificación de la jornada laboral implícita en la creación de un banco de horas, la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales, las restricciones a las asambleas sindicales y la alteración del régimen de licencias por enfermedad.
Los plazos apremian: en el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados iniciará el tratamiento del proyecto este miércoles mediante una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. La estrategia oficialista apunta a un trámite exprés que permita dictaminar el mismo día y someter la iniciativa al pleno de la cámara baja el jueves 19, convirtiéndola en ley.
Según el cronograma oficialmente informado, entre las catorce y las diecisiete horas expondrán invitados pertenecientes a los sectores gremial y empresarial, para inmediatamente después continuar la reunión con el objetivo de emitir dictamen antes de finalizar la jornada. El tiempo se agota y la respuesta sindical se define en cuestión de horas.
