La central obrera definió una huelga sin movilización para el día que Diputados trate la media sanción de la iniciativa oficial; la UTA confirmó su adhesión y garantiza el transporte paralizado
En una jornada decisiva para el devenir del proyecto estrella de la administración libertaria, la cúpula cegetista resolvió este mediodía, mediante un encuentro virtual de emergencia, activar una medida de fuerza nacional que coincidirá estratégicamente con el momento en que la Cámara baja se aboque al tratamiento de la iniciativa oficial. La decisión, adoptada bajo la creciente presión de los sectores sindicales más combativos que enfrentan al gobierno de Javier Milei, contempla por estas horas un acatamiento sin concentración frente al Congreso, según pudo confirmar este medio de fuentes gremiales.
La cumbre digital que definió los pasos a seguir contó con la participación de referentes de peso en el entramado sindical: Octavio Argüello, representante de Camioneros; Jorge Sola, del gremio del Seguro; y Cristian Jerónimo, titular de los empleados del vidrio. Precisamente este último había manifestado en la víspera que «los consensos colectivos necesarios ya estaban consolidados y todas las condiciones se presentaban propicias para convocar a una huelga de alcance nacional».
El cronograma parlamentario indica que será el próximo jueves 19 de febrero cuando los diputados nacionales se enfrenten en el recinto para discutir cada artículo de la reforma, luego de que el oficialismo consiguiera sortear con éxito el debate en el Senado. Entre los aspectos que generan mayor rechazo en las filas obreras se destacan las modificaciones sustanciales en el régimen de indemnizaciones, la reorganización de la jornada laboral, las restricciones implícitas al ejercicio del derecho de huelga, la reorganización del sistema vacacional y las nuevas disposiciones sobre licencias vinculadas a enfermedades o accidentes de índole no laboral.
En este tablero de tensión creciente, la Unión Tranviarios Automotor emergió como una pieza clave al garantizar su respaldo explícito a la medida. La entidad que conduce Roberto Fernández —dirigente que actualmente no integra la conducción formal de la CGT— recibió el sábado un sondeo por parte de uno de los miembros de la mesa chica cegetista, interesado en conocer la postura del sindicato de transporte ante la eventual convocatoria. La respuesta no pudo ser más alentadora para los organizadores: adhesión plena y compromiso de paralizar las unidades en todo el territorio nacional si la protesta coincide con la sesión en Diputados.
«Pertenecer a la estructura confederada implica asumir compromisos: si la CGT resuelve llevar adelante una medida de fuerza, nuestro gremio la secundará sin reservas», manifestaron desde el entorno del sindicato de choferes. Esta postura marca un contraste significativo con lo ocurrido durante el anterior paro general convocado por la central, el pasado 10 de abril, cuando la UTA decidió mantenerse al margen argumentando que se encontraba inmersa en un período de conciliación obligatoria que le impedía plegarse a la huelga.
El avance de la reforma en la Cámara alta precipitó los acontecimientos. Tras la media sanción obtenida por el oficialismo en el Senado, la CGT optó por adelantar una reunión extraordinaria de su Consejo Directivo para evaluar la pertinencia de un cese total de actividades durante veinticuatro horas. La convocatoria se materializa en un contexto de ebullición social y política, alimentado por el ímpetu con que el proyecto impulsado por Milei avanza en el Parlamento.
Vale recordar que, pese al clima de confrontación, la central obrera logró preservar durante la negociación parlamentaria algunos puntos neurálgicos para su supervivencia financiera: las cuotas solidarias permanecieron intactas y no se introdujeron modificaciones sustanciales en las contribuciones patronales que alimentan las obras sociales sindicales. Estos recursos constituyen la columna vertebral del financiamiento gremial y del sistema de salud administrado por las organizaciones sindicales, lo que explica la férrea defensa desplegada por los representantes de los trabajadores durante el debate previo.
La decisión de no convocar a una movilización paralela al paro responde a una estrategia cuidadosamente calibrada por la conducción cegetista. Por un lado, busca evitar potenciales focos de conflicto con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso, especialmente en un clima político enrarecido y con antecedentes recientes de represión a manifestaciones. Por otro, pretende concentrar todos los esfuerzos sindicales en garantizar la más amplia adhesión al cese de actividades, confiando en que la ausencia de transporte y la parálisis productiva constituirán por sí mismas un mensaje suficientemente elocuente hacia el Palacio Legislativo y hacia la Casa Rosada.
El escenario que se avecina presenta todos los ingredientes de una jornada de alto voltaje institucional: mientras los diputados nacionales se aprestan a debatir una de las reformas estructurales más ambiciosas de las últimas décadas, las principales organizaciones sindicales del país ajustan los detalles de una protesta que promete dejar ciudades fantasma y sectores productivos completamente detenidos. La suerte de la reforma laboral y la capacidad de resistencia del movimiento obrero se medirán en una misma jornada, configurando un capítulo más en la tensa relación entre el gobierno libertario y las organizaciones históricas de trabajadores.
