La medida, oficializada por la Secretaría de Trabajo, busca destrabar el conflicto entre la empresa y el gremio del neumático luego de que la compañía dejara sin empleo a 920 operarios. Mientras el sindicato califica el cierre como «ilegal», desde el Ejecutivo apuntaron contra «sindicatos con ideologías extremas».
En una movida de último momento que busca enfriar la escalada de tensión laboral en el corazón de la zona norte del Gran Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei dispuso esta noche la conciliación obligatoria en el litigio que enfrenta a la emblemática firma Fate con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La resolución, que tendrá una vigencia de quince días corridos, llega apenas horas después de que la compañía anunciara el cese definitivo de operaciones en su planta histórica de San Fernando, una decisión que deja en la calle a 920 familias.
La cartera de Capital Humano, a través de un comunicado de prensa, confirmó la intervención estatal. «El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto entre la empresa Fate Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el SUTNA por el término de quince días, conforme a la normativa vigente», reza el texto oficial. La comunicación establece un paréntesis forzoso en las hostilidades: durante este período, ambas partes deberán retrotraer la situación al estado previo al estallido del conflicto y abstenerse de implementar cualquier medida que pueda alterar el cauce normal de las relaciones laborales, mientras se llevan a cabo las negociaciones convocadas por la dependencia oficial.
Fuentes con acceso al despacho oficial explicaron a este medio que la crisis que atraviesa la compañía no constituye un hecho sorpresivo. Según señalaron, la empresa viene arrastrando años de dificultades. “Durante mucho tiempo afrontaron conflictividad gremial, agravada por leyes laborales arcaicas y un cepo cambiario que terminaron por complicar aún más el cuadro de situación”, indicaron. En esa línea, recordaron que desde 2019 la firma ya había puesto en marcha un plan preventivo de crisis y que los empleados acumulaban 14 meses sin percibir incrementos salariales.
El diagnóstico oficial también incluyó una crítica directa al accionar gremial y político. Desde el Ejecutivo lamentaron que “una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas hayan llevado a la empresa a una situación terminal”. Asimismo, instaron a que se respeten los protocolos de crisis y de cierre, y reafirmaron su postura de impulsar “la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”.
Un cierre que sacude la historia industrial
La fábrica de neumáticos, controlada por el grupo Madanes Quintanilla, había confirmado más temprano su decisión más drástica en seis décadas de historia. Bajo el argumento de un cambio drástico en las reglas de juego del mercado, la compañía justificó el cierre de su planta en Virreyes. “Las modificaciones en las condiciones del mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”, argumentó la firma en un escueto comunicado interno.
La reacción del sindicato no se hizo esperar. Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, calificó la medida como un “cierre ilegal”, recordando que existía un compromiso de mantener las fuentes laborales al menos hasta el 30 de junio. “Esto no es una PyME, esto es uno de los holding más grandes del país”, disparó Crespo, quien también vinculó la determinación empresarial con el reciente debate en torno a la reforma laboral. En declaraciones posteriores, el dirigente prometió resistencia: “Vamos a organizar la lucha para defender nuestros puestos de trabajo”.
La voz de los trabajadores también se hizo sentir a través de sus protagonistas. Víctor Ottoboni, un operario de la planta, relató la sorpresa con la que se encontraron al llegar a sus puestos. “Hoy cuando llegamos a trabajar nos enteramos de que cerró. Madanes es uno de los empresarios más ricos del país, no tiene ninguna crisis. Ellos no pierden, los que perdemos somos los trabajadores”, sostuvo con amargura.
El clima de tensión escaló en las últimas horas del día. Alrededor de quince empleados, entre los que se encontraba el propio Crespo, intentaron ingresar al predio fabril tras cortar parte del alambrado perimetral. La irrupción motivó la intervención de la policía, que dispersó al grupo sin mayores incidentes. Según confiaron fuentes de seguridad, la Fiscalía Correccional de turno labró actuaciones por el delito de turbación de la propiedad y procedió a identificar a los manifestantes involucrados en el hecho.
