El máximo dirigente del fútbol argentino salió al cruce de la decisión de la Justicia que lo convocó a indagatoria junto a su estrecho colaborador, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta retención indebida de aportes. Mediante un comunicado difundido en el sitio oficial de la Asociación, el «Chiqui» rechazó los señalamientos y calificó el llamado a declarar como una medida «prematura» y sin sustento legal, en medio de la expectativa por la Finalissima que se avecina.
En las últimas horas, el mundo del fútbol y la política se vieron sacudidos por una noticia que ubicó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en el centro de la escena judicial. Claudio «Chiqui» Tapia y su principal colaborador, Pablo Toviggino, fueron citados a prestar declaración indagatoria por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien además dispuso la prohibición de salida del país para ambos. Las audiencias fueron fijadas para los días 5 y 6 de marzo de 2026, un hecho que generó un terremoto institucional a poco más de un mes de la disputa de la esperada Finalissima entre la Selección Argentina y España, programada para desarrollarse en tierras qataríes.
Lejos de permanecer en silencio, la conducción de la casa madre del fútbol argentino respondió con contundencia a través de sus canales oficiales. En un extenso comunicado publicado en su página web, la AFA salió a cruzar los argumentos esgrimidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuyo requerimiento dio origen al proceso judicial. El organismo fiscal había solicitado la indagatoria de los dirigentes a partir de una investigación que busca determinar el destino de una abultada suma que superaría los 19.300 millones de pesos, correspondientes a posibles retenciones indebidas de aportes durante el período 2024-2025, así como presuntas irregularidades en las contribuciones destinadas a la Seguridad Social.
El texto difundido por la entidad con sede en Viamonte no escatimó en firmeza. «La Asociación del Fútbol Argentino no posee deuda alguna exigible vinculada a las obligaciones fiscales que han sido tomadas como fundamento de la denuncia presentada por ARCA», sostiene el escrito en uno de sus pasajes centrales. La defensa de Tapia y su gente se asienta sobre la base de que los compromisos impositivos cuestionados fueron cancelados de manera voluntaria y anticipada, incluso antes de que operaran sus respectivos vencimientos. Esta circunstancia, aseguran, ya fue puesta en conocimiento del tribunal interviniente y se encuentra actualmente aguardando resolución por parte de la Cámara de Apelaciones.
La postura oficial del organismo que rige los destinos del balompié criollo apunta directamente contra la estrategia del ente recaudador. Según la interpretación de la AFA, ARCA pretende dotar de entidad delictiva a obligaciones que, al no haber caducado en sus plazos, ni siquiera son legalmente exigibles ni susceptibles de cobro compulsivo. Para la defensa de los dirigentes, esto implica una torsión del espíritu de las normas jurídicas que regulan la materia penal tributaria.
En un tono que denota una cuota de sorpresa y malestar institucional, el comunicado también resalta lo que consideran un trato diferencial e inequitativo. La AFA subraya que se ha convertido en la única entidad sin fines de lucro del país que, hasta la fecha, ha sido objeto de una denuncia penal por parte de ARCA. El escrito pone de relieve que numerosas organizaciones con idéntico estatus impositivo y previsional no han merecido el mismo proceder acusatorio por parte del organismo de recaudación, lo que siembra interrogantes sobre la selectividad de la investigación.
Finalmente, la misiva institucional califica la citación a indagatoria como un paso procesal «prematuro» y huérfano de «justificación jurídica alguna». El argumento central que esgrimen Tapia y Toviggino es que aún existen planteos pendientes de definición que, de prosperar, demostrarían la inexistencia misma del ilícito que se les pretende endilgar. En ese sentido, consideran que el avance del juez Amarante se produce en un vacío que desatiende la lógica procesal, forzando una instancia declarativa cuando los cimientos mismos de la acusación aún no han sido validados por instancias judiciales superiores.
Mientras la novela judicial recién comienza a escribirse, la incertidumbre se cierne sobre el calendario futbolístico. La cercanía de la Finalissima, un evento de enorme trascendencia deportiva y organizativa, añade una capa adicional de tensión a un escenario ya de por sí complejo, donde los caminos de la Justicia y el balón se han cruzado de manera inesperada.
