El fallo de la Corte Suprema anuló los gravámenes unilaterales del mandatario, quien apeló a una ley de 1974 para sostener su política comercial y prometió nuevas medidas legales en los próximos días
En una movida que redefine el tablero comercial internacional, la administración Trump anunció esta tarde la implementación de un arancel del 10% sobre la totalidad de las importaciones provenientes de cualquier nación, incluyendo aquellos países que previamente habían suscripto acuerdos específicos con la Casa Blanca. La medida, presentada como transitoria por fuentes oficiales, llega apenas horas después de que la Corte Suprema desmantelara el andamiaje jurídico que sostenía la política arancelaria del presidente, al considerar que las facultades ejecutivas habían sido ejercidas de manera extralimitada.
El máximo tribunal, en una votación ajustada pero contundente de seis votos contra tres, determinó que la legislación invocada por el mandatario para imponer gravámenes diferenciados por país —una ley de 1977 vinculada a poderes de emergencia económica— no otorgaba atribuciones al presidente para fijar tarifas globales de manera unilateral. El presidente de la Corte, John Roberts, subrayó en los fundamentos del fallo que dicha normativa «no contiene referencias explícitas a aranceles ni gravámenes», limitando severamente el margen de acción del Ejecutivo en materia de comercio exterior.
Frente a este escenario, y en una jugada que tomó por sorpresa a analistas y operadores de mercado, el inquilino de la Casa Blanca activó una cláusula alternativa contenida en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento legal que habilita al presidente a establecer aranceles de hasta un 15% por un período máximo de 150 días. La nueva disposición, de aplicación inmediata, afecta por igual a aliados históricos y socios estratégicos, y deja en suspenso los acuerdos bilaterales que habían sido negociados en los últimos meses.
La decisión judicial no solo tumbó la tarifa base del 10% que ya regía para importaciones foráneas, sino que también dejó sin efecto los denominados gravámenes recíprocos dirigidos a socios clave, así como medidas punitivas específicas: un arancel del 25% para productos mexicanos y canadienses, justificado por la administración como una herramienta de presión para combatir el tráfico de drogas en la frontera norte, y recargos de hasta el 50% para Brasil e India, estos últimos aplicados en represalia por el procesamiento judicial del expresidente Jair Bolsonaro y por la adquisición de crudo de origen ruso, respectivamente.
En una conferencia de prensa celebrada esta tarde en la rosaleda de la Casa Blanca, un visiblemente irritado Trump cuestionó la imparcialidad de los magistrados que fallaron en su contra. Sin presentar evidencia alguna, el mandatario sugirió que algunos integrantes del tribunal podrían estar influenciados por intereses foráneos y afirmó que el revés judicial, lejos de debilitarlo, lo dejaba «más poderoso» para explorar caminos legales alternativos que permitan sostener su agenda proteccionista. El juez Brett Kavanaugh, designado por Trump, fue el único de los nominados presidenciales en respaldar la postura de la administración, mientras que los otros dos magistrados impulsados por el mandatario se alinearon con la mayoría.
El funcionario de la Casa Blanca que brindó detalles sobre la nueva estrategia —bajo condición de anonimato— explicó que este arancel horizontal del 10% constituye una solución puente mientras el equipo legal del Ejecutivo trabaja en la construcción de fundamentos jurídicos más sólidos que permitan reinstaurar gravámenes «más apropiados o previamente consensuados». No obstante, la administración evitó precisar de qué manera planea extender la medida más allá del límite de 150 días que impone la ley, lo que introduce un denso manto de incertidumbre sobre la continuidad de la política comercial en el mediano plazo.
En el frente económico, las primeras estimaciones oficiales sugieren que el nuevo mecanismo arrojaría ingresos fiscales «prácticamente equivalentes» a los proyectados originalmente para 2026, según declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Sin embargo, un análisis preliminar de la Universidad de Pensilvania advierte que la anulación de los aranceles previos podría desencadenar una ola de reclamos por parte de empresas afectadas, con potenciales reembolsos que alcanzarían los 175 mil millones de dólares. La sentencia de la Corte Suprema no abordó explícitamente esta cuestión, por lo que se anticipa un prolongado período de litigios para determinar el destino de las sumas ya percibidas por el fisco.
Desde el ámbito académico, la Universidad de Yale difundió un informe que sitúa la tasa efectiva de aranceles que enfrentará el consumidor estadounidense en el 9,1%, el nivel más elevado desde 1946, con la única excepción del ejercicio 2025. Este dato enciende las alarmas sobre el impacto inflacionario que podrían generar las nuevas barreras comerciales en una economía que aún muestra signos de recuperación desigual.
Las repercusiones internacionales no se hicieron esperar. El gobierno de Canadá emitió un comunicado en el que califica los aranceles como «injustificados» y anticipa un período de turbulencias en la relación bilateral, históricamente una de las más estables y fluidas para Estados Unidos. Por su parte, la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron que realizarán un análisis pormenorizado del fallo judicial y sus implicancias antes de adoptar una posición definitiva. En declaraciones informales, Trump mencionó a India como un caso testigo donde se mantendrán negociaciones bilaterales, a pesar del revés judicial que afecta la arquitectura general de su política comercial.
Dentro de las fronteras estadounidenses, las reacciones reflejan la profunda división que caracteriza al clima político actual. Organizaciones empresariales como la National Retail Federation celebraron el fallo de la Corte Suprema por aportar «certidumbre» a un sector que había manifestado su preocupación ante la volatilidad regulatoria. En las antípodas ideológicas, la senadora Elizabeth Warren alertó sobre la ausencia de un mecanismo claro que garantice la restitución de los aranceles pagados por consumidores y pequeñas empresas durante el período en que estuvieron vigentes las medidas ahora declaradas ilegales. El gobernador de California, Gavin Newsom, elevó el tono al reclamar la devolución íntegra de los fondos recaudados bajo lo que considera una normativa ilegítima.
Los mercados financieros, por su parte, recibieron la noticia con un moderado optimismo. Wall Street registró alzas en sus principales indicadores, en un contexto donde el fallo adverso a Trump era ampliamente anticipado por los inversores. La resolución judicial, aunque restrictiva para el Ejecutivo, disipa al menos temporalmente la incertidumbre que había predominado en las últimas semanas respecto del rumbo de la política comercial estadounidense.
Hasta el cierre de esta edición, la Casa Blanca no había publicado el texto completo de la nueva orden ejecutiva ni había proporcionado detalles precisos sobre los mecanismos de control que se implementarán para gestionar la recaudación de los aranceles ni sobre las condiciones que podrían habilitar una eventual prórroga más allá de los 150 días que autoriza la legislación invocada. Lo que sí quedó claro es que la pulseada entre el presidente y el Poder Judicial está lejos de resolverse, y que el comercio internacional continuará siendo el tablero donde se dirima buena parte de esa disputa.
