El mandatario se convierte en el octavo jefe de Estado en una década en asumir y ser desplazado por el Parlamento, en una nueva crisis política que sacude al país andino a semanas de los comicios generales
Lima — La inestabilidad política peruana sumió ayer un nuevo capítulo a su ya extensa lista de crisis institucionales. En una sesión parlamentaria cargada de tensión y con el telón de fondo de un escándalo de proporciones internacionales, el Congreso de la República decidió remover de su cargo al presidente José Jerí, quien apenas había asumido funciones en octubre de 2025 para completar el mandato de su predecesora, Dina Boluarte, también apartada del poder mediante un mecanismo similar.
Con 75 votos favorables a la vacancia, 24 en contra y tres abstenciones, la representación nacional concretó la salida anticipada del mandatario, ubicándolo como el tercer gobernante consecutivo en ser destituido desde 2021 y el octavo en ocupar y ser despojado del máximo cargo público en el país sudamericano en los últimos diez años. La decisión legislativa se produce en un contexto especialmente sensible, a escasas nueve semanas de los comicios generales previstos para el 16 de abril, cuando la ciudadanía deberá concurrir a las urnas para elegir nuevas autoridades.
El único bloque parlamentario que respaldó la continuidad de Jerí fue Fuerza Popular, la agrupación política liderada por Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori. La dirigente de derecha había manifestado su postura días atrás durante un acto partidario desarrollado en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, donde sostuvo que «faltando diez semanas o nueve semanas y media para que se desarrollen los comicios, el señor Jerí debe permanecer al frente del Ejecutivo». Sin embargo, sus declaraciones no lograron inclinar la balanza en el hemiciclo.
La destitución de Jerí no cayó del cielo. El ahora ex jefe de Estado arrastraba denuncias por presunto tráfico de influencias a raíz de la divulgación de una serie de imágenes que lo mostraban manteniendo encuentros clandestinos con el empresario de origen chino Zhihua Yang. Estas reuniones, realizadas en diciembre pasado en un local gastronómico de comida oriental —conocido popularmente como «chifa»— dieron origen al escándalo bautizado por la prensa local como el «Chifagate». La Fiscalía de la Nación, tras las pesquisas preliminares, señaló al exmandatario como posible responsable de patrocinio ilegal, mientras que sectores de la oposición elevaron el tono al acusarlo de favorecer intereses foráneos en perjuicio del Estado peruano.
El Parlamento había citado a Jerí a fines de enero para que brindara explicaciones sobre el affaire, pero sus respuestas evasivas y las contradicciones en sus declaraciones no hicieron más que avivar las sospechas. Desde entonces, diferentes bancadas comenzaron a impulsar mociones de vacancia y censura, aunque inicialmente todas naufragaron por no alcanzar el piso de 78 firmas exigido por la presidencia de la Cámara. La semana pasada, la oposición confirmó haber reunido las adhesiones necesarias y, tras intensas negociaciones, logró convocar a la Sesión Extraordinaria que terminó por sellar la suerte del mandatario.
El «Chifagate», el detonante que volteó a Jerí
El escándalo que terminó por derribar al efímero presidente estalló a mediados de enero, cuando comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación unas imágenes captadas por cámaras de seguridad que evidenciaban el carácter clandestino de los encuentros entre Jerí y el empresario asiático. Lo que resultó particularmente comprometedor para el mandatario fue que en el primer encuentro, ocurrido el 26 de diciembre, aparecía con el rostro cubierto por una capucha, en un claro intento por evitar ser reconocido. Lejos de pasar desapercibido, este gesto incrementó las sospechas sobre la transparencia de la reunión.
Las investigaciones posteriores revelaron que aquel no fue un encuentro aislado. Existió una segunda cita el 6 de enero de este año, apenas diez días después de la primera, desarrollada esta vez en un local de venta de productos importados situado en el corazón del centro histórico de Lima, muy próximo al barrio chino. Un detalle que añadió más leña al fuego fue que el establecimiento había sido clausurado por las autoridades municipales apenas 24 horas antes del ingreso del entonces presidente. En las filmaciones de seguridad se observa a Jerí conversando por teléfono mientras viste una campera de aviador perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú, con su apellido bordado en la prenda.
Lo que inicialmente pareció un almuerzo informal tomó ribetes políticos cuando el mandatario reconoció, tras varias versiones contradictorias, que en la primera reunión no había estado solo. Finalmente admitió que lo acompañó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, lo que elevó automáticamente la relevancia institucional del encuentro y colocó al gobierno contra la pared. Las explicaciones oficiales no lograron disipar las dudas sobre qué se trataba en esas citas ni por qué la necesidad de mantenerlas en la clandestinidad.
La oposición parlamentaria, inicialmente dispersa, encontró en el «Chifagate» el combustible necesario para unificar voluntades en torno a la salida de Jerí. Durante semanas se acumularon siete pedidos de moción de censura, aunque todos resultaron infructuosos por no reunir las firmas mínimas exigidas por la presidencia del Legislativo. Finalmente, la semana pasada la correlación de fuerzas cambió y la oposición confirmó haber alcanzado las 78 adhesiones necesarias, allanando el camino para la sesión que terminó con la destitución.
El país enfrenta ahora una nueva encrucijada institucional. El Congreso deberá elegir este miércoles a un presidente provisional que complete el mandato hasta los comicios del 16 de abril. La decisión recae en un Parlamento fragmentado y desprestigiado, en un clima social marcado por la polarización y el agotamiento ciudadano ante la recurrencia de crisis políticas que impiden la gobernabilidad y profundizan la desconfianza en las instituciones democráticas.
Perú suma así un nuevo capítulo a su historia reciente de inestabilidad crónica, con tres presidentes destituidos mediante mecanismos constitucionales en menos de cinco años, una rotación en el poder que no hace más que reflejar la profunda crisis de representación y el desgaste del sistema político en su conjunto. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo la clase dirigente continúa sumergida en sus propias disputas, ajenas a las urgencias sociales y económicas que demanda el país.
