Mientras el ministro desregulador enfrenta tormentas internas por su polémica reforma laboral, su cartera alquiló cuatro pisos y 24 cocheras en el microcentro por una cifra sideral, en una maniobra que contradice el discurso de ajuste y eficiencia del oficialismo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encuentra una vez más en el epicentro de la controversia. Las tensiones internas en el Gobierno, avivadas por las negociaciones para sancionar la reforma laboral, no cesan, y su figura, a la que el propio presidente Javier Milei bautizó como «El Coloso», acumula nuevos frentes de tormenta. A la ya delicada situación por la adjudicación millonaria que la Cancillería otorgó sin licitación a la asociación civil que preside su esposa, se suma ahora un revelador documento que expone una gestión inmobiliaria por demás cuestionable.
Se trata de una resolución fechada el 30 de noviembre del año pasado, publicada en el portal de contrataciones públicas ComprAR, que detalla una operación llevada a cabo por el propio ministerio a cargo de Sturzenegger. En un contexto donde la administración libertaria promueve la política de «alquiler cero» para todas las dependencias nacionales, la cartera destinada a reducir el tamaño del Estado decidió arrendar cuatro pisos y 24 cocheras en el corazón de la City porteña. El monto del contrato asciende a una abultada suma de 720 millones de pesos, una cifra a la que, según especifica el texto, deben adicionarse los gastos de expensas, servicios de electricidad, gas, internet y otros, todos ellos afrontados con las exhaustas arcas públicas.
Reproches Internos y una Agenda Incómoda
El escándalo estalla en un momento particularmente sensible para el funcionario. Días atrás, Sturzenegger salió en diversos medios a defender uno de los puntos más álgidos de la reforma laboral en discusión: el descuento del 50% del salario a los trabajadores en caso de enfermedad. Esta postura, según confiaron fuentes del círculo íntimo del mandatario a este diario, encendió todas las alarmas. En la Casa Rosada se quejaron amargamente, señalando que el ministro «siempre va un paso más allá» y, al instalar este tema en el centro de la agenda pública, complicó las negociaciones con los bloques parlamentarios aliados, generando roces innecesarios.
Esta sucesión de hechos ha dejado al descubierto lo que muchos señalan como una doble vara del jefe de la cartera de Desregulación. Mientras sus declaraciones abogan por la eliminación de los gastos superfluos, la reducción del Estado a su mínima expresión y la supresión de aquellos que, en sus palabras, «viven de la teta» estatal, los hechos demuestran una conducta opuesta: un desembolso de dinero público de manera cuantiosa y, al menos en apariencia, poco prudente.
La Sombra de la Contratación Directa
El caso de los alquileres suntuosos repite un patrón ya visto en la polémica anterior. En la adjudicación directa por «especialidad» que la Cancillería realizó a la asociación de su esposa —el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas «Josefina Rouillet»—, se evitó toda instancia de competencia de mercado. El argumento esgrimido para justificar la falta de una licitación pública fue, cuando menos, insólito: se afirmó que dicha institución era «la única capaz» de brindar cursos de inglés al personal diplomático, una premisa fácilmente refutable dado el vasto número de academias y centros de formación especializados que existen no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país.
Incluso, en una carta interna a sus empleados a la que tuvo acceso este medio, desde la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) profundizaron el descargo con un argumento aún más llamativo. Defendieron su selección directa por el simple hecho de que sus oficinas, ubicadas en la calle Suipacha, quedan geográficamente «cerca de la Cancillería», justificando así la elusión de cualquier proceso competitivo.
«Alquiler Cero» y una Exclusividad Inexplicable
En la nueva controversia inmobiliaria, la lógica se repite. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que desde diciembre pasado conduce Tania Alejandra Yedro, pero que en el momento de la firma del contrato estaba bajo la dirección de Nicolás Pakgojz, es el organismo que debía autorizar la operación. Paradójicamente, esta misma agencia es la que, desde el inicio de la gestión de Milei, ha impulsado una agresiva campaña para desprenderse de propiedades y terrenos públicos, subastándolos a valores irrisorios con el objetivo declarado de sanear las cuentas y habilitar el desarrollo privado. Más recientemente, lanzó el programa «Alquiler cero», concebido teóricamente para eliminar cualquier erogación en concepto de rentas de inmuebles por parte de los ministerios.
Sin embargo, en la resolución que habilita el gasto de Sturzenegger, la propia AABE argumentó que procedía a autorizar el alquiler de los inmuebles en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte) por la suma de 720 millones, tras constatar «la no disponibilidad de inmuebles del Estado Nacional que encuadren en las características requeridas». El fundamento oficial fue que, dadas las especificaciones técnicas detalladas en el pliego, la elección de esas oficinas —los pisos 3, 4, 5 y 6, más las 24 cocheras en el subsuelo del mismo edificio— resultaba «excluyente», sin que existieran «sustitutos convenientes» para las necesidades del ministerio.
El contrato, firmado con la empresa OTOBA S.A., establece un canon mensual de 15 millones de pesos por cada piso. Ironías del destino, algunas plantas de este mismo edificio son alquiladas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también en convenio con la misma firma propietaria.
Silencio Oficial y un Pasado con Antecedentes
Ante el vendaval, Sturzenegger ha optado por un mutismo absoluto. El ministro, por lo general hiperactivo en sus redes sociales, no ha publicado ninguna declaración ni ha hecho comentario alguno sobre los hechos que lo sitúan en el foco de la crítica. Ni siquiera replicó el tuit con el que el canciller Pablo Quirno intentó justificar el contrato de los cursos de inglés. Su única actividad en la red social X fue compartir un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una inversión minera, esquivando así cualquier alusión a los escándalos que lo rodean.
El pasado de su esposa, Josefina Rouillet, también aporta más leña al fuego. Antes de dirigir la asociación beneficiada, se desempeñó como gerenta general del Fondo Nacional de las Artes (FNA) durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2017, Rouillet fue denunciada judicialmente —junto a la entonces primera dama Juliana Awada y el ministro de Cultura Pablo Avelluto— por una presunta malversación de fondos vinculada a la participación argentina en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) en Madrid. La investigación se centró en el proceso de selección de artistas para las becas, que habría priorizado vínculos personales sobre la calidad artística, y en la opaca gestión de los presupuestos, que no fueron publicados oficialmente. La causa, que recayó en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello, fue finalmente archivada.
Un Contraste Irritante
La situación actual resuena con aquellos años. En ese entonces, mientras se ajustaban partidas a jubilados, docentes y científicos, el presupuesto del FNA, bajo la gestión de Rouillet, se quintuplicaba. Hoy, la historia se repite con un libreto similar: el gobierno de La Libertad Avanza aplica severos recortes a los haberes previsionales, los salarios docentes y los trabajadores en general, pero encuentra los recursos suficientes para que el ministerio de la Desregulación alquile oficinas de lujo en el microcentro por cifras millonarias y para abonar 114 millones de pesos a un instituto de inglés dirigido por la cónyuge del ministro, para capacitar a empleados de Cancillería que, según se sabe puertas adentro, ya poseen un dominio fluido del idioma. La brecha entre el discurso de la austeridad y la práctica del poder se ensancha, dejando a «El Coloso» en una posición más que incómoda, justo cuando se debate el futuro de los derechos laborales en el país.
