Los sindicatos más combativos, nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos, definirán los pormenores de una medida de fuerza que combinará 24 horas de cese total de actividades con 12 horas de protesta callejera, en un intento por frenar la iniciativa oficial que está a un paso de convertirse en ley.
La conflictividad social asoma nuevamente en el horizonte político nacional. Sectores sindicales de perfil confrontativo, liderados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), ultiman los detalles de una contundente jornada de protesta prevista para el próximo viernes 27 de febrero. La medida, que contempla un cese de actividades por 24 horas complementado con 12 horas de movilización popular, tendrá lugar justo cuando la Cámara de Senadores se apresta a dar sanción definitiva al controvertido proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.
Así lo confirmaron a esta agencia fuentes del arco sindical con participación directa en las negociaciones. «El martes por la tarde se concretará una asamblea del FreSu, donde sellaremos la determinación de convocar a esta medida de fuerza. Serán 24 horas de paralización con 12 horas de manifestación en las calles. En ese encuentro definiremos los aspectos operativos de la modalidad y posteriormente elevaremos la propuesta al consejo directivo de la CGT», reveló un dirigente que prefirió mantener su identidad en reserva.
La iniciativa suma adhesiones de peso: Aceiteros, Pilotos y la poderosa UOM, junto a organizaciones como ATE, conforman este núcleo combativo que busca ejercer presión sobre los sectores dialoguistas que conducen los destinos de la central obrera desde su histórica sede de la calle Azopardo. El objetivo resulta claro: imprimir un carácter más enérgico a la respuesta gremial frente a lo que consideran un ataque directo a los derechos adquiridos por la clase trabajadora.
Resulta pertinente recordar que la semana precedente, la conducción cegetista finalmente acogió el reclamo de sus integrantes más beligerantes y convocó a un paro general que se materializó el jueves. Sin embargo, las tensiones internas distan de haber encontrado cauce definitivo. Apenas días antes, específicamente el 14 de febrero, Abel Furlán, secretario general de la UOM, había formulado críticas punzantes contra la conducción en declaraciones al medio Futurock, poniendo en evidencia las profundas fisuras que atraviesan actualmente las filas sindicales.
«Desconozco si la CGT alcanzó algún entendimiento con el oficialismo. Resulta innegable que existió un proceso negociador; de otro modo no se explicarían las modificaciones introducidas», manifestó el dirigente metalúrgico en aquella oportunidad, exhibiendo su descontento con la estrategia adoptada por la conducción nacional. Y profundizó su cuestionamiento: «Aquellos 213 artículos no admitían margen de discusión posible, puesto que cada cláusula representaba un cercenamiento a la dignidad de cada trabajador. Lo proclamamos enfáticamente en cada instancia: ninguna negociación resultaba procedente. Correspondía únicamente erigirse frente a esa reforma y desecharla de manera terminante».
La estrategia judicial como contrapunto
Mientras los sectores combativos afinan su estrategia de protesta callejera, otros referentes sindicales exploran caminos alternativos para impedir la consolidación de la iniciativa gubernamental. Jorge Sola, cotitular de la CGT, explicitó este viernes 20 de febrero que su apuesta principal no transita por el carril de la protesta sino por el sendero judicial. «Procederemos a judicializar la totalidad de la ley por considerarla violatoria de preceptos constitucionales», enfatizó el titular del Sindicato del Seguro en diálogo con emisoras radiales.
Sola amplió su postura al señalar que se encuentra «avanzando decididamente en el terreno de la impugnación judicial del texto completo y de artículos específicos», al tiempo que denunció que la iniciativa «presenta vicios de inconstitucionalidad tanto en su concepción general como en disposiciones particulares». Esta postura refleja la diversidad de enfoques que conviven en el seno del movimiento obrero organizado frente al embate reformista.
El trayecto legislativo de la reforma
La controvertida reforma laboral impulsada por el oficialismo alcanzó un hito significativo este viernes 20 de febrero al conseguir media sanción en la Cámara de Diputados. La votación arrojó 135 sufragios positivos contra 115 negativos, tras lo cual el proyecto retornará al Senado para el tratamiento de las modificaciones introducidas al texto original durante su paso por la cámara baja.
El bloque de La Libertad Avanza logró articular apoyos provenientes del PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y diversas bancadas provinciales. En la vereda opuesta, Unión por la Patria, las fuerzas de izquierda, la Coalición Cívica y legisladores de distintas provincias sellaron su rechazo a la iniciativa. Especialistas en derecho laboral ya advierten que la sanción de esta norma podría desencadenar una catarata de litigios judiciales, incrementando la conflictividad en un escenario ya de por sí tenso.
La próxima semana resultará crucial para definir no solo el destino legislativo de la reforma sino también la temperatura de la respuesta sindical, que oscila entre la negociación cautelosa propiciada desde Azopardo y el enfrentamiento directo que pregona el sindicalismo más combativo.
